Con un nuevo decreto, Pedro Pablo Kuczynski junto a la Ministra Marilú Martens, continúan la ilegalización de la huelga indefinida.
Kevin Wright @kevouv
Viernes 1ro de septiembre de 2017 08:45
Foto: noticias.pe
Se insiste en buscar la destrucción de la lucha docente mediante nuevos decretos que presionan sobre la masa trabajadora peruana. No quieren que esta huelga indefinida sea un ejemplo de conquista en las calles, les aterra esa idea. Con el Decreto 012-2017, publicado el día 29 de agosto, se pretende despedir a los docentes con amparo legal, para reemplazarlos por mano de obra precarizada, bajo la excusa de proteger a las y los estudiantes.
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Se vienen vulnerando muchos derechos de los y las maestras, como los descuentos de: bonificación especial por reparación de clase y evaluaciones; luto y sepelio y refrigerio, entre otros. Ahora directamente van a quitarles la plaza, contratando en las pésimas condiciones actuales a jóvenes sin experiencia, ni sindicalización, aplastando con su gran puño y letra burguesa todo derecho a huelga.
Decreto 012-2017: “Artículo 12.- Vigencia: El presente Decreto de Urgencia tiene vigencia por el tiempo que duren las huelgas, el restablecimiento del servicio educativo, la culminación del Plan de Recuperación de Horas Efectivas a más tardar hasta el 31 de marzo del 2018”.
Pero, no alcanza con un decreto para acallar la lucha, se requiere también la posesión de la violencia, del brazo armado del Estado: la policía. En el día de ayer, a las ocho de la mañana, estudiantes y padres de familia de diversos colegios de la ciudad de Huancayo y Junín, arribaron en Lima y se reunieron en el terminal terrestre de Yerbateros, para sumarse a la huelga de las y los profesores. Hace ya más de tres semanas que la Plaza San Martín es el cotidiano punto neurálgico de la protesta en la capital.
Con la orden de reprimir, agentes de la Policía Nacional evitaron el ingreso de los y las docentes a la plaza San Martín; frente a esto, se movilizaron hacia la plaza Bolognesi, mientras la policía los replegaban con bombas lacrimógenas.
El decreto invierte la realidad y, maquillándose en el carácter de servicio esencial con el que se rotula a la educación, da vía libre a la fuerza armada para reprimir a bala y palo lo que el Gobierno y su desgastado gabinete no alcanza a invisibilizar con diplomacia y manipulación mediática.
