Ajuste. Massa quiere recortar planes sociales con aprietes y un "puente" al empleo que ya fracasó

El nuevo hombre fuerte del Gobierno brindó algunos detalles de sus primeras medidas. Quedaron muchas dudas pero también varias certezas: una vuelta de tuerca al ajuste fiscal y más medidas antipopulares como un tarifazo hasta ayer negado.

Uno de los puntos de ataque serán los planes sociales. Dijo Massa que “el 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades. Quién no la cumpla, recibirá la suspensión del plan. En paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la Anses. Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia, y el trabajo lo permanente”.

¿Quién puede estar en contra del "trabajo permanente"? El tema es lo que hay detrás del anuncio.

Estamos, primero, ante un nuevo apriete. El Gobierno hará una auditoría y a quien "no cumpla", nadie explicó con qué criterios, les sacarán el programa. La frase suena como una amenaza para cientos de miles de trabajadoras y trabajadores precarios o desocupados que sobreviven con un plan y changas. Y lo es. Una amenaza que no puede separarse de la ofensiva que vienen teniendo, no solo desde la derecha sino también desde el peronismo, sobre las organizaciones sociales. Un ataque que incluye la estigmatización con campañas mediáticas, pero también la criminalización con persecuciones penales y hasta represión. Las organizaciones adelantaron que no tienen problemas en que las auditen, cómo de hecho ya sucede. La desconfianza está relacionada con los criterio de "cumplimiento" ¿Cuáles serán? ¿Si realizan trabajo municipal precarizado como “contraprestación”, como piden muchos intendentes? ¿Se los sacarán si han tenido algún otro ingreso temporal como sucede en algunos casos?

Si las organizaciones que se movilizan vienen reclamando que mientras no se genere trabajo genuino se aumenten los montos y cantidad de planes, el mensaje oficial es el contrario: recortese, ajustese.

El apriete va acompañado de una promesa falsa. Que el plan es emergencia y lo permanente sería el empleo formal. Pero fueron estos gobiernos quienes empobrecieron más a la clase trabajadora, arrojándola más a la informalidad, al punto de necesitar esos programas para sobrevivir.

El proyecto de Massa: el Estado subsidia los salarios, elimina las contribuciones patronales y hasta perdona multas impositivas

La promesa ya tiene forma de un proyecto. El que presentó Sergio Massa en octubre de 2021 en la Cámara de Diputados. Con el argumento de generar “trabajo genuino”, alienta una serie de beneficios a las patronales para que tomen beneficiarios del Potenciar Trabajo. Como ya analizamos, el proyecto plantea que las empresas podrán usar el plan social como complemento del salario, o sea que el Estado subsidia el salario directamente. Pero también lo hace indirectamente, ya que el proyecto plantea la reducción de hasta el 100% de las contribuciones patronales. Además plantea una “amnistía a empleadores”: quienes tengan multas, sanciones o penas por los delitos tributarios, les serán perdonadas. O sea, si sos un trabajador pobre y “no cumplís” la auditoría te sacan el plan; si sos empresario y contratás un trabajador pobre, te perdonan todo. Un criterio un poco clasista.

Ese plan tiene dos puntos para marcar. El primero, que plantea una precarización del empleo. Tomemos un ejemplo concreto: este año Alberto Fernández presentó el acuerdo con Textilcom, que produce para Mimo, Cheeky y Topper. Las trabajadoras son contratadas un año bajo convenio textil, el Estado paga una parte del sueldo (a través del Programa de Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo), además de beneficios impositivos. Es cierto que es un cambio para trabajadoras desocupadas que cobraban el Potenciar. Lo que no dicen es que están un año “a prueba” (el patrón decide si siguen) y que las escalas salariales textiles son de pobreza: apenas superan los 50 mil pesos para empresas que facturan millones. Hasta ahora lo han practicado en otros sectores con convenios y salarios muy golpeados, como rurales, gastronómicos y construcción.

O sea: el programa que ya vienen impulsando Fernández y Massa, así como los ministros Zabaleta y Moroni, son una forma de entregar mano de obra barata, flexible e inestable a las empresas. Pero además la cantidad es ridícula: para todo 2022 solo proponen generar “30 mil puestos”, cuando ya hay más de 1,2 millones desocupados y cooperativistas y cada vez más se movilizan en reclamo de un plan (o trabajo).

Así llegamos al segundo punto: ese objetivo tan pequeño ni siquiera fue cumplido. Hay un dato doloroso y contundente. Según el sitio Chequeado, “el Ministerio de Desarrollo Social indicó, en respuesta a un pedido de acceso a la información oficial, que hasta el momento sólo 15.583 personas (el 1,2% del total de beneficiarios) consiguieron un empleo formal. De ese total, sólo el 38% tiene un sueldo por encima del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El restante 62% sigue recibiendo una asistencia parcial del Estado para completar sus ingresos”. El dato confirma que los planes de “puente al empleo genuino” son pura demagogia. Y además, que son en realidad un “puente al trabajo precario”.

Sólo el 1,2% del total de beneficiarios consiguieron un empleo formal y solo el 38% de ellos recibe un sueldo por encima del Salario Mínimo

No hay nada nuevo. Estos programas ya fueron impulsados por Mauricio Macri. Los llamó “Plan Empalme”. También fracasaron. Las patronales prefieren seguir tercerizando, contratando por temporada, con monotributo, “en negro”, aumentando los ritmos o las horas extras. Así se apropiaron 70 mil millones de dólares de la torta generada por la clase trabajadora. Prefieren eso a “contratar piqueteros”.

Hay que defender a las organizaciones sociales de los aprietes del gobierno. Acompañar sus demandas por el aumento de la cantidad y montos de los planes. Y pelear juntos por trabajo genuino mediante un plan de obras públicas y la reducción de la jornada laboral a 6 horas para repartir el trabajo entre las desocupadas y desocupados.