En plena crisis política por la gestión de la DANA, Mazón favorece a Becsa, una empresa con un historial de fraude fiscal y financiación ilegal del PP, con un contrato de 3,9 millones para reparar la presa de Orihuela dañada por las tormentas. El plan de reconstrucción no puede seguir en manos de gobiernos y patronales responsables de este crimen social, sino bajo control de comités de trabajadoras y vecinas.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Martes 19 de noviembre
Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Generalitat Valenciana, adjudicó de forma directa un contrato de 3,9 millones de euros para reparar una presa dañada por la DANA en Orihuela. La empresa beneficiada, Becsa SA, ha sido vinculada al caso Gürtel y a la trama de la caja B del PP.
En pleno escándalo por la negligente y homicida gestión de la catástrofe de la DANA, con un Mazón rodeado de polémicas e indignación ciudadana, el presidente valenciano adjudica un proyecto sin concurso público a una empresa privada que dirige un empresario directamente ligado a su partido y al caso Gürtel. El contrato ha sido justificado en la necesidad urgente de restablecer la seguridad de la infraestructura y evitar mayores daños, en otra maniobra de absoluta desfachatez de Mazón y su gobierno al ser claro el favoritismo y el conflicto de intereses.
Becsa SA (antes conocida como Grupo Lubasa), perteneciente al grupo Simetría, fue fundada por Luis Batalla en 1969 y creció al calor de las obras públicas del régimen franquista. Hasta el presente ha seguido viviendo de los contratos públicos que el PP valenciano le ha conseguido durante décadas: la construcción del circuito de Fórmula 1 en Valencia y el aeropuerto de Castellón, además de participar en iniciativas como Terra Mítica o el hospital de Alzira. Hasta el día de hoy, donde no sólo está recibiendo el contrato de la presa dañada de Orihuela, sino otras obras de reparación como la de la carretera en Bétera y Serra, con un contrato de otro millón y medio de euros.
Batalla además de estar involucrado en la financiación ilegal del PP, está involucrado en otros delitos como el fraude fiscal. Su hijo, Gabriel Batalla, que se hizo cargo de la empresa, ya renombrada como Becsa, hasta la entrada de un fondo de inversión, fue de hecho condenado en el caso Gürtel. El entramado empresarial ha estado constantemente ligado al PP y a la manipulación de contratos públicos, y al que Mazón no duda en seguir beneficiando ni en plena crisis de su gobierno.
La situación de la presa de Orihuela es grave, la última DANA ha profundizado los daños en la infraestructura hasta el punto de que las evaluaciones técnicas no garantizan la estabilidad de la presa ante nuevas lluvias. Los trabajos de reparación, como el resto del plan de reconstrucción no puede seguir en manos del gobierno criminal de Mazón y al servicio de los intereses de los empresarios que van a seguir lucrándose.
Frente a la opacidad y los contratos a dedo a empresas privadas, el plan de reconstrucción tiene que estar en manos de comités de trabajadoras y vecinas afectadas por la catástrofe y por la negligencia de gobiernos y patronales. Es necesario volcar todos los recursos e infraestructuras, como la maquinaria pesada que poseen constructoras como Becsa, que deben ser intervenidas y puestas al servicio de la reconstrucción. Junto a otras medidas como la aprobación de impuestos especiales sobre los beneficios de la banca, las eléctricas y las grandes empresas, que hemos propuesto en una de las declaraciones desde la CRT.
Porque la reconstrucción no puede seguir en manos de los responsables de este crimen social ni para continuar su hoja de ruta neoliberal de privatizaciones y recortes de los servicios públicos. La salida tiene que ser de la clase trabajadora y los sectores populares, como muestra la solidaridad colectiva de las voluntarias, e independiente de estos gobiernos capitalistas y de las patronales.
