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Red Internacional
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Violencia contra las mujeres. México: Un régimen político para las redes de trata y la impunidad

Miércoles 1ro de abril de 2015

Bajo la democracia asesina del PRI, PAN y PRD, un nuevo nombre se suma a diario a esta larga lista de mujeres unidas en el horror de haber sido arrebatadas de sus hogares, para ser intercambiadas como mercancías sexuales.

Cabe destacar que existen distintas formas de captar un es los anuncios de oferta de trabajo que suelen encontrarse pidiendo jóvenes de buena presencia para trabajar en empresas inexistentes, a quienes se recluta con promesas de buenos salarios en zonas alejadas o, incluso, en otros países y otro es por los famosos “levantones”.

Un verdadero comercio con rostro de mujer –donde las más pobres y las migrantes son las más vulnerables– que exige que a las mujeres y niñas secuestradas se les quite su identidad, se les corte la comunicación y se las torture físicamente hasta que no les queden fuerzas para intentar escapar.

El negocio de la trata de mujeres es el tercer puesto en el ranking de negocios tan “productivos” como la venta de armas y el tráfico de drogas, generando ganancias millonarias para los proxenetas; las suficientes para comprar el silencio y la impunidad de jueces, policías, políticos, funcionarios, gobernadores y autoridades de todos los niveles.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documenta que han desaparecido en sólo nueve estados del país 9.200 mujeres y niñas. Entre junio de 2011 y junio de 2012 sólo en el Estado de México fueron 955, de las que el 60% eran menores de 17 años.

Y por otro lado según datos oficiales de la fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República los estados con mayor índice de casos de trata son: Tlaxcala, Distrito Federal, Puebla, Estado de México, Chihuahua, Chiapas, Veracruz Oaxaca y Guanajuato.

En los últimos meses se visibilizó una red de prostitución al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –encabezada por Cuauhtémoc Gutiérrez–, se clausuran con frecuencia centros nocturnos que en realidad son centros de trata de personas en el contexto de que existe una Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Esta ley es inoperante no porque no contenga elementos jurídicos para castigar sino porque siguen siendo las mujeres víctimas de la trata las que deben demostrar que no aceptaron ser violadas, apropiadas, sometidas y torturadas, es fácil deducir que los responsables de estos crímenes permanecerán impunes.
Además de que no es que no podamos acceder a la justicia, ni que haya “ineficiencia”, sino más bien lo encargados de administrar justicia son los principales encubridores y únicamente simulan que el Estado busca combatir esta problemática.

Recientemente la Comisión contra la trata de personas del Senado propuso y aprobó un decreto de reformas en diversos artículos a dicha ley. Ante la cual varias abogadas y especialistas advierten: “Las modificaciones que se proponen son innecesarias, pueden tener de fondo la protección de criminales, tales como empresarios y políticos”, es decir, aunque el decreto contiene elementos progresivos que buscan proteger a las menores de edad víctimas de trata, las reformas propuestas tienen como fin impedir el castigo a los responsables.

¡No están perdidas, están desaparecidas, cómplices son las autoridades!

En ese sentido como lo mencionan integrantes de la agrupación de mujeres Pan y Rosas: “Las mujeres tenemos que organizarnos para pelear por el desmantelamiento de las redes de trata y prostitución, sin depositar ninguna confianza en la justicia, en los funcionarios políticos y judiciales cómplices, la policía y otras fuerzas represivas, principales socias de este gran negocio”.

Mencionan que mientras en estas elecciones todas las candidaturas patean dentro de su agenda resolver los miles de asesinatos y desapariciones a lo largo y ancho del país, nuestra tarea debe ser levantar un gran movimiento en las calles que luche contra el feminicidios, las redes de trata, el trabajo precario y por conquistar nuestros derechos más elementales. A la par de conformar organismos de investigación de las redes de trata, feminicidios, en manos de víctimas sobrevivientes, sus familiares y organizaciones de mujeres y de derechos humanos independientes del Estado y sus instituciones, para esclarecer cada hecho y avanzar en la lucha por terminar con la violencia que sufrimos las mujeres.