La pugna entre el gobierno de AMLO y la oposición derechista abre múltiples debates y discusiones. Aquí planteamos la perspectiva de las y los socialistas.

La escena política está cruzada por la confrontación, altamente mediática, entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la oposición, marcada en los últimos meses por el debate en torno al Instituto Nacional Electoral (INE) y la reforma que finalmente aprobó el Congreso de la Unión. Una pugna que, aunque plagada de encendidos discursos que giran en torno al control de las instituciones de uno y otro lado, tiene un claro tinte electoral, preparatorio de las próximas elecciones presidenciales de 2024.

En particular, la movilización del domingo 26 de febrero, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México y replicada en otras ciudades bajo las banderas de “defender al INE”, resultó ser tanto una continuidad de la marcha opositora realizada el 13 de noviembre [1] como un rechazo tajante a la reforma electoral impulsada por el gobierno.

La reforma, en su plan “B” finalmente aprobado, dio lugar a múltiples polémicas. Mientras la oposición sostuvo que busca “destazar” al Instituto Electoral, instaurar un régimen político autoritario y echar atrás los supuestos avances democráticos en el país, el gobierno y sus partidarios afirmaron que el objetivo es reducir la excesiva carga presupuestal del INE y cuestionar a la “aristocracia” enquistada en dicho instituto, que tiene en Lorenzo Córdova y Ciro Murayama a sus principales referentes.

Lo cierto es que, más allá de las acusaciones mutuas, la reforma tiene uno de sus puntos claves en reducir la estructura del INE y del presupuesto del organismo, así como en poner un techo a los sueldos de los funcionarios, que no podrían ganar, a partir de ahora, más de lo que cobra el presidente. Hay que decir que el salario presidencial es de 121 mil pesos por mes (1 millón 864 mil pesos por año, contando prestaciones) por lo que, aún con el “techo” mencionado, los funcionarios electorales recibirán sueldos de alto privilegio, más aún si los comparamos con los bajos salarios que cobran las y los trabajadores del país, sujetos a condiciones de precarización y explotación cotidiana.

De la reforma aprobada quedó también fuera la llamada “cláusula de la vida eterna”, la cual hubiera permitido a los pequeños partidos integrantes de una coalición (como los que suelen acompañar al Morena, y al PRI y PAN) beneficiarse, en caso de que recibieran una baja votación, de los votos obtenidos por los socios mayoritarios para mantener su registro.

El objetivo declarado de la movilización fue presionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que declaren inconstitucional la reforma, lo cual abriría un nuevo capítulo de la disputa, esta vez en los tribunales, con lo que las resoluciones del Congreso pasarían a judicializarse y así la palabra final emana del Poder Judicial, una institución a cuyos integrantes nadie vota, táctica que en otros países de América Latina la oposición derechista ha utilizado.

La respuesta de AMLO, en tanto, ha sido convocar a una movilización en su apoyo para el 18 de marzo, lo cual muestra que la polarización que enfrenta al Morena y los partidos de oposición derechista, continuará.

La oposición, la lucha por la “democracia” y las elecciones

La movilización del 26 se tiñó de rosa y blanco, los colores del INE. Los convocantes buscaron darle así a la convocatoria un carácter “ciudadano” y “democrático”, y por ello sus oradores principales fueron la periodista Beatriz Pagés y José Ramón Cossío, ex ministro de la SCJN entre los años 2003 y 2018. Inteligentemente, intentaron evitar que estén en el centro de los reflectores los partidos opositores, verdaderos beneficiarios de la protesta, y darle a la movilización una identidad centrada en la lucha contra el autoritarismo que se le endilga al presidente.

Buscando mostrarse más allá de los intereses partidistas, quisieron poner distancia con el calificativo de conservadores con el que AMLO los ha señalado una y otra vez, y aparecer como una oposición democrática. Y, lo que es más importante, fortalecer las posibilidades opositoras para el 2024 y las elecciones estatales de este año, buscando horadar la base electoral de Morena. Beatriz Pagés así lo planteó en su discurso cuando llamó a ir en busca de las clases medias. Seguramente, la experiencia de las elecciones intermedias del 2021 cuando Morena fue derrotado en la Ciudad de México, es una inspiración para los organizadores de la protesta, que buscan reclutar a sectores de la población donde germine el descontento con el gobierno.

Como planteó un articulista “cuatro años después, la oposición por fin dio con la tecla. Lo intentaron de muchas maneras, pero el domingo, por fin, so pretexto de defender al INE, se articuló un movimiento de clases medias (en realidad medias altas) dispuestos a enfrentar directamente al Presidente. Debajo del adjetivo de ciudadanos y del rosa mexicano, muy debajo de la pretendida defensa del INE, se esconde el germen de un movimiento electoral que tiene muy contentos a los Jesús Zambrano y Alitos de la política nacional.” [2].

No hay que olvidar un hecho muy importante: los partidos de oposición arrastran una crisis de legitimidad de la que no se reponen, que hizo eclosión en 2018 aunque venía gestándose en los años previos, particularmente, a partir de las movilizaciones por Ayotzinapa. Esto, mientras el Morena ha mantenido su crecimiento electoral capitalizando a su favor dicha crisis, con la excepción mencionada de la CDMX hace dos años, ganando la mayoría de los estados en disputa, reflejo de la fortaleza y popularidad que todavía mantiene el presidente, a pesar de sus políticas que están lejos de resolver las reales demandas obreras y populares.

Esta crisis de la que hablamos se refleja en la falta de un candidato que genere entusiasmo y que pueda enarbolar las banderas de esa “oposición democrática”; basta detenerse en dos de los nombres que mencionan las encuestas —Ricardo Anaya y Lilly Téllez— para comprender el pantano en el que se encuentra la oposición.

El carácter reaccionario de las movilizaciones mencionadas puede considerarse también, atendiendo a que muchos de sus referentes públicos tienen una adscripción netamente neoliberal. Esto no impide que haya quienes incorporen en su discurso una crítica social al gobierno, como es el caso de José Woldenberg, quien escribió, por ejemplo, que “lo que entonces se está edificando es un país cada vez más autoritario, pero también con más pobres.” [3] Esto es un intento por capitalizar a su favor los reales límites de las políticas gubernamentales y sus evidentes consecuencias en el terreno de la precarización y la pobreza. Lo cual no deja de ser cínico, teniendo en cuenta la responsabilidad que a esos partidos —los mismos que hace unos años firmaron el “Pacto por México”— les compete en el impulso de las políticas económicas y sociales contra las mayorías de la población.

El progresismo lopezobradorista, entre el relato progresista y la continuidad

No son pocos los analistas políticos que, aún distanciándose de la oposición, criticaron al gobierno de López Obrador por no instrumentar mecanismos para la realización de un debate en torno a la reforma electoral, que incluyese a distintos actores políticos y sociales. El hecho es que AMLO aprovechó su fortaleza institucional para imponer la aprobación de la reforma (en realidad su plan “B”, sin la cláusula mencionada), sin preocuparse demasiado en mostrar vocación democrática ni en buscar construir consensos o acuerdos, más allá de sus socios cotidianos parlamentarios. Su objetivo era claro: darle un golpe político y moral a la oposición derechista y, en particular, a los principales referentes del INE, con los cuales se ha confrontado a lo largo de los últimos cuatro años, lo cual le ha servido para apuntalar un relato donde el progresismo antineoliberal estaría en las antípodas de los conservadores.

Ya está dicho que estos efectivamente sostienen una política neoliberal. Sin embargo, más allá de la retórica oficialista, en las políticas de la administración actual se ve mucho de continuidad con el pasado —como en la militarización del país, la precarización laboral y la subordinación económica al imperialismo estadounidense—. Lo cual no puede ser negado por su discurso progresista y por algunas de sus políticas sociales que, si bien generan simpatías en sectores de la población, no resuelven la situación de pobreza y miseria para millones de trabajadores y sectores populares.

Por otra parte, si la oposición no tiene nada de democrática, como ya mostró su accionar durante los pasados gobiernos federales y estatales, el gobierno muestra una vocación bonapartista, que se manifiesta en la militarización y el lugar otorgado a las Fuerzas Armadas en la vida política del país. Como se ve también en la misma reforma, donde se mantiene el carácter profundamente antidemocrático del sistema electoral—en el cual las organizaciones obreras y la izquierda tienen prácticamente vedado participar y dar tribuna a las reivindicaciones de la clase trabajadoras y los sectores populares— mientras se limita a algunos cambios en el funcionamiento del INE.

Conociendo además los antecedentes de la austeridad republicana, que implicó desde 2019 el despido y la mayor precarización de los trabajadores al servicio del Estado, podemos esperar que muchos trabajadores del INE —cuyas condiciones laborales están muy lejos de los privilegios de los consejeros electorales y la élite dorada del Instituto— sean afectados negativamente por la reforma.

“Democracia” vs “autoritarismo” en el relato de la oposición y el oficialismo

En el choque entre la oposición y Morena se visualizan diferencias e intereses electorales contrapuestos. Pero, al mismo tiempo, una coincidencia de fondo: no se cuestiona al régimen político que ha garantizado en las últimas décadas los intereses de los grandes capitalistas y la opresión imperialista sobre el país, el cual se basa en la exclusión de las grandes mayorías de las decisiones económicas, políticas y sociales fundamentales del país. Tras la fachada de votar cada seis años (o si se quiere y se toma en cuenta las elecciones intermedias, cada tres) el curso de la política económica y social de México está alineado con los intereses de aquellos, quienes no han visto disminuir sus ganancias ni siquiera durante la pandemia, mientras ha crecido la pobreza y la precarización laboral. La democracia participativa, impulsada por el Morena y presentada como un modelo superior a la democracia representativa que es la que realmente impera, aunque ha supuesto algunos ejercicios de votación ciudadana, no somete a discusión ni a resolución a las cuestiones fundamentales para el bienestar de las clases trabajadoras y populares.

Desde mediados de los años 90 del siglo XX, todos los actores políticos -incluyendo muchos que hoy son la cúpula de Morena- impulsaron y avalaron el régimen de la transición pactada, que bajo la noción de una “alternancia democrática” entre los partidos, cuya primera experiencia fue con la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas al Gobierno del DF en 1997 y el triunfo de Vicente Fox en el 2000, dejó atrás el viejo priato y le dio un mayor peso institucional al Congreso de la Unión y otras instituciones, como el IFE, antecesor del actual INE.

Esta transformación política, impulsada desde la misma Casa Blanca, buscaba, fundamentalmente, contener el movimiento de masas iniciado en 1988 en respuesta al fraude perpetrado en aquellas elecciones, y al descontento que se evidenció en el levantamiento zapatista de 1994, esto es, evitar la caída revolucionaria del priato, desviar esta situación tras la ilusión de un cambio democrático impulsado desde arriba y de la mano de los partidos responsables del autoritarismo y la opresión política, económica y social contra las grandes mayorías.

De hecho, el IFE, creado justamente en 1990, bajo la idea de ser un garante de elecciones democráticas y donde los altos sueldos de los consejeros electorales fueron justificados por algunos como un mecanismo para evitar la corrupción, resultó ser una institución clave para mantener el carácter restringido de la democracia mexicana a partir del acuerdo entre los representantes de los partidos patronales y los consejeros, y para abonar a la idea de que, ahora sí, “conquistamos la democracia”, Esto por supuesto, no impidió que jugase un rol nefasto en el fraude en el 2006, mediante el cual se pisoteó una vez más la voluntad popular y ni siquiera se pudo mantener la ficción mencionada. Otro tanto podemos decir de la elección de 2012, en la cual, a pesar de las múltiples pruebas de comportamiento fraudulento, el IFE avaló la victoria de Peña Nieto. Más recientemente, en plena pandemia, el INE de Córdova se rehusó a otorgar prórroga a las candidaturas independientes que encontraron dificultades, debido al decreto de semáforo rojo en la ciudad, de obtener las firmas necesarias para participar.

Fue bajo el régimen de la transición pactada —cuya pata izquierda fue el PRD, del cual AMLO fue candidato presidencial en dos ocasiones— que se profundizó el saqueo del país por parte de las transnacionales imperialistas y se convirtió a México en una plataforma de exportación al servicio de aquellas, basada en la explotación de la clase obrera nativa, gracias al rol nefasto de la burocracia sindical en todas sus variantes, que dejó pasar todas las reformas contra los trabajadores. Se trataba así de una “democracia” que no estaba en función de los intereses de las grandes mayorías, sino de una ínfima minoría, nacional y extranjera, que se benefició y enriqueció a su costa, y que catapultó a personajes como Carlos Slim y otros a las primeras planas de Forbes.

En ese marco es que se amplió la dependencia y la subordinación a los Estados Unidos en todos los niveles, y como una parte fundamental de ello, se consumó la militarización del país con la excusa del “combate al narcotráfico”, cuyo resultado fueron cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados. Además, bajo esta “democracia para ricos” se fraguó el aberrante fenómeno de los feminicidios y las redes de trata, se atacó y reprimió una y otra vez a los trabajadores —como fue el despido de 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza— y a los distintos movimientos sociales, populares y estudiantiles.

Para todo eso, el régimen político combinó mecanismos democrático-burgueses (como las elecciones supuestamente “limpias” y el ampliamente publicitado rol del Congreso de la Unión) con fuertes rasgos autoritarios y bonapartistas. Sin embargo, a no engañarse: fueron esas instituciones democráticas las que consumaron el saqueo y garantizaron los mecanismos institucionales para la entrega del país al imperialismo. De esta manera, mientras se decía que la democracia mexicana se ampliaba, crecían exponencialmente la explotación, la opresión, la miseria y la pobreza. El reinado neoliberal en el país se combinó con la llamada alternancia política y la ilusión del avance democrático. Este fue el carácter reaccionario de esta “democracia”.

Ese régimen —que defendieron todos los partidos opositores y muchos de quienes se convirtieron en tránsfugas al Morena— no es cuestionado por el actual gobierno. Más allá del recorte presupuestal al INE y el cuestionamiento a los altos salarios de la burocracia electoral, la gran burguesía y las transnacionales imperialistas continúan beneficiándose a la sombra de la Cuarta Transformación, que no afecta las bases de este capitalismo dependiente y semicolonial atado a los designios de Washington.

Como han planteado otros compañeros en esta red de diarios “el carácter antidemocrático de toda república burguesa, donde el derecho al sufragio juega el papel de presentar una ficción de soberanía popular para encubrir el carácter despótico de un poder estatal al servicio de mantener el de una ínfima minoría de propietarios capitalistas, es algo que siempre señalamos los marxistas.” [4].

Como allí se plantea, desde tiempos de Marx no hay libertad política sin libertad económica. Los socialistas revolucionarios proponemos como horizonte la lucha por una democracia que sea superior en todo sentido a la más democrática de las repúblicas burguesas, donde el poder se organice bajo la forma de un sistema de consejos obreros y de las masas explotadas. Frente a quienes intentan convencernos de que hay que resignarse a este sistema de explotación, opresión y miseria, consideramos que un estado de las y los trabajadores debe basarse en la expropiación de los capitalistas y transnacionales que controlan los recursos económicos estratégicos, centralizando los medios de producción, para que sean las masas organizadas las que decidan democráticamente su propio destino, con representantes revocables y que ganarían lo mismo que un trabajador medio, participando en todas las deliberaciones políticas y en la planificación democrática de la economía.

Para apuntar hacia ese objetivo —que solo puede surgir a partir de la acción y la movilización de la clase obrera y los sectores populares—, hay que construir una organización socialista y revolucionaria, con una perspectiva claramente independiente tanto del gobierno de la Cuarta Transformación como de la derecha, y que exprese eso en el terreno de la lucha de clases, en el debate de ideas y en los futuros escenarios electorales. Y que se plantee confluir con aquellos sectores de la clase obrera, de la juventud combativa y del movimiento de mujeres que vean la necesidad de una política alternativa, que sostenga la necesidad de acabar con la dominación económica y política de los explotadores, sus partidos e instituciones y construir un estado de las y los trabajadores.