El Senado de la República “coló” un dictamen que reforma el artículo 123 constitucional, el cual despoja de los derechos de asociación sindical y de huelga a las y los trabajadores de más de 100 organismos descentralizados y una decena de organismos autónomos.
Lunes 16 de febrero de 2015 19:20
En el Senado de la República se aprobó un dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución, el cual hace referencia a los derechos laborales. Esta reforma se “disfrazó” en el paquete legislativo sobre la discusión de la Reforma Política del D.F., pero nada tiene que ver con él.
Hace más de 20 años y fruto de una lucha sindical, la Suprema Corte de Justicia sentenció que los organismos descentralizados no están dentro del apartado “B” del artículo 123 dado que no son poderes públicos. Esto quedó asentado en la jurisprudencia 1/96 del 15 de enero de 1996, y permitió la creación de sindicatos democráticos a lo largo y ancho de país.
Un ataque histórico en contra del sindicalismo independiente
El intento de hacer pasar esta reforma constitucional sin discusión pone en riesgo la existencia misma de todos estos sindicatos. Por ser un cambio en la Constitución, no aplica la retroactividad y deja sin validez a las normas secundarias. El texto en cuestión es el siguiente:
“Las relaciones entre los organismos constitucionales autónomos y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el presente apartado. El régimen laboral aplicable a los organismos descentralizados será determinado por la ley que lo fija”.
Esta malintencionada redacción hace que los trabajadores de los organismos descentralizados pasen a regirse por el apartado B -“la ley que lo fija”- y ya no por el apartado “A”, maniobra jurídica que despoja de derechos plenos de asociación laboral a todos los trabajadores de estos organismos, ya sean estatales o federales. El jurista Arturo Alcalde Justiniani ha llamado a esto “un régimen laboral de excepción, o de derechos disminuidos”, restringiendo el derecho de asociación, imposibilitando el derecho a la contratación colectiva y de huelga, etcétera.
Alarma en el sindicalismo democrático
Esta reforma laboral va en contra de los tratados internacionales firmados y ratificados por México. Afecta a los trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), Bachilleres, Posgraduados de Chapingo, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), por lo que sus bases y dirigencias sindicales se han puesto en alerta. También afecta a los organismos autónomos como es el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros.
El lunes 9 de febrero se convocó a una conferencia de prensa en las instalaciones del Senado para denunciar este atropello a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de estas instituciones, en la que estuvieron presentes decenas de representantes sindicales, así como de la Unión Nacional de Trabajadores junto a reconocidos juristas laborales.
En los días posteriores a este evento se han celebrado reuniones en diversos sindicatos y asociaciones de trabajadores para tratar de establecer un plan de acción que permita sacar esta modificación constitucional que tiene su origen en la Cámara Alta.
Además, esta conferencia de prensa coincidió con el arribo de miles de trabajadores de la educación de la sección 22 de Oaxaca que protestaron por la Reforma Educativa y la falta de pago por hasta 3 quincenas debido a la “federalización de pagos”, producto de esta reforma al sector educativo público nacional. Los docentes se movilizaron durante tres días en la Ciudad y fueron reprimidos por la fuerza pública bajo las órdenes de Miguel Ángel Mancera.
