Balance represivo. Milei-Bullrich: un año de “protocolo” ilegal, fiebre “antiterrorista” y vía libre al gran delito

El martes 2 de octubre de 2023 Javier Milei le dijo al animador Esteban Trebucq, desde la pantalla de A24, que Patricia Bullrich fue una “terrorista tirabombas” que había colocado artefactos explosivos “en jardines de infantes”. Se refería, lógicamente, al pasado militante en la JP de la expresidenta del PRO y, en ese momento, candidata presidencial de Juntos por el Cambio.

Su competidor por La Libertad Avanza la acusó de “montonera”, cuando en verdad Bullrich nunca militó en esa organización armada peronista. “Es un mentiroso, le voy a hacer una denuncia penal”, retrucó inmediatamente Bullrich. Y agregó que Milei no era buen candidato y mucho menos sería buen presidente, por su capacidad para calumniar, su “inestabilidad emocional” y su proyecto que “daña a los argentinos”.

Apenas 69 días después el presidente Milei le tomaba juramento a su ministra Bullrich. La crema ultraderechista festejaba que las rencillas de campaña quedaran atrás (al igual que la supuesta denuncia penal de la “calumniada”). La alianza entre ambos fue tan fuerte que Milei aceptó incumplir la promesa hecha a su vice, Victoria Villarruel, de entregarle los ministerios de Seguridad y Defensa (“es quien más sabe del tema”, había dicho poco antes).

Para los brillosos ojos del gatito mimoso del poder, Pato pasó de ser una despreciable terrorista a la respetable y exitosa “Doctora Bullrich”.

La fusión reaccionaria no frenó las calumnias, las bravatas alimentadas a fake news y demás deshonrosas prácticas. Al contrario, las potenció y convirtió en combustible de la política oficial. No mentía la hoy ministra al alertar del “daño” que podría causar Milei. Lo brutal es que ella se convirtió en una de sus máximas ejecutoras.

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Vale hacer un escueto e incompleto repaso de lo hecho en este año por “la Doctora” y sus tropas de policías, gendarmes y prefectos para confirmar, una vez más, que “el mayor ajuste de la historia” sobre las condiciones de vida de las mayorías populares sólo puede pasar con represión. Y que esa represión se hace bajo la cobertura de la supuesta “seguridad”. Mientras, el gran delito sigue reproduciéndose en manos de las corporaciones criminales, que desde siempre actúan al amparo del Estado capitalista.

Palos, gases y balas

Apenas asumidos, la directiva de Milei a Bullrich fue clara: no escatimar tropas ni gastos al momento de impedir que las calles se llenen de movilizaciones y protestas contra las consecuencias económico-sociales del plan de guerra libertariano. Así, con la ayuda de las corporaciones mediáticas que llevan años demonizando los piquetes y las manifestaciones en el centro porteño, la ministra estrenó su gestión anunciando el “Protocolo de Orden Público”.

El primer año de gobierno dejó en claro que el “protocolo” no sólo es inconstitucional (aunque pocos constitucionalistas hayan levantado la voz) sino que es impracticable cuando la movilización social es masiva. Las marchas universitarias, con decenas de miles de personas copando avenidas y calles de todo el país, dejaron en evidencia los límites estrechos del ideario bullrichista.

La ausencia de más manifestaciones multitudinarias no se funda en el miedo que, genuinamente, se puede tener ante la represión. La clase trabajadora argentina ya pasó unas cuantas y algunas mucho peores que ésta. Fueron las conducciones sindicales y sociales, en especial las peronistas, las que desplegaron una consciente política desmovilizadora a partir del agigantamiento discursivo de aquel “miedo”. Otra sería la historia si esas dirigencias no traicionaran cada germen de lucha.

Así las cosas, cada vez que pudo el Gobierno descargó su furia armada en las calles. A lo largo de un año, los manifestantes heridos a mano de las fuerzas represivas se cuentan de a cientos. Los detenidos de a decenas. Sobran ejemplos de la saña con que policías, gendarmes y prefectos respondieron a la irrupción de movilizaciones populares. Veamos algunos.

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En febrero, durante las protestas contra el primer intento oficial de obtener la Ley Bases en el Congreso, el abogado Matías Aufieri recibió un impacto de bala de goma en su ojo izquierdo. Asesor de la bancada del Frente de Izquierda y miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos , Aufieri estaba sobre Plaza Congreso recogiendo denuncias de heridos. La Federal violó su “protocolo” y atacó a escopetazos a quienes estaban en las veredas. El abogado perdió la visión de su ojo y hoy batalla en una causa penal para juzgar el accionar criminal de las fuerzas de Bullrich.

Otro ejemplo se vio en junio, al votarse nuevamente la Ley Bases. Envalentonada, Bullrich descargó otra feroz represión frente al Congreso y varias cuadras a la redonda. Con ayuda de la Policía de la Ciudad, las fuerzas federales desataron una cacería. Al voleo, apresaron a 33 personas. La Oficina del Presidente dijo que eran “terroristas” que querían “un golpe de Estado”. En cuestión de horas, desde Comodoro Py el fiscal Carlos Stornelli armó una causa acusándolas de delitos gravísimos. ¿Pruebas? Ninguna. Finalmente toda esa gente fue liberada y los cargos se fueron cayendo uno a uno. Ni Bullrich ni Sotrnelli pidieron disculpas.

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Pero esas liberaciones no se lograron sólo por falta de pruebas (las cárceles están llenas de víctimas de causas armadas). Fue determinante la campaña nacional e internacional motorizada desde el Frente de Izquierda, a la que adhirieron personalidades de todas las disciplinas. En el juzgado de María Servini se entregó un petitorio con más de 80 mil firmas reclamando el fin de tan nefasto expediente. ¿Alguna vez Bullrich y sus secuaces pagarán por haberle jodido la vida a decenas de personas (entre las que hubo votantes de Milei que ni siquiera se habían movilizado)?

Un tercer ejemplo completa el cuadro. La violencia estatal ni siquiera se detuvo frente a jubiladas y jubilados que, cada miércoles, marchan dando testimonio del desprecio oficial hacia millones de adultos mayores condenados a una vejez indigente. No sólo les rebanan sus haberes y recortan sus remedios. Si osan hacerse oír, allí están los “fuerzas del orden” para castigarles. Ahí también las conducciones boicotearon la lucha. Por eso no es casualidad la reaparición en carteles y pancartas recordando a la luchadora Norma Plá.

El ajuste sólo pasa con represión. Y vaya si Milei y Bullrich hicieron esfuerzos denodados en este año para demostrarles a los grupos económicos que manejan los destinos del país que este gobierno no escatimará tropas y gastos para consumar, a como dé lugar, este nuevo plan de saqueo a la población trabajadora. Por eso es de primer orden multiplicar la resistencia y la movilización, organizada desde abajo, para pararles la mano.

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“¿El que las hace las paga?”

Además de “terminar con los piquetes”, La Libertad Avanza asumió el poder prometiendo dar soluciones a la (mal) llamada “inseguridad”. Para justificar el reforzamiento presupuestario, de personal y tecnológico del aparato represivo, Bullrich repite como lora desde hace años varios clichés securitarios. Siempre ensalzando las ventajas de la “mano dura” y esquivando toda complejización del tema.

Pero una cosa es el chamuyo y otra la realidad. Las políticas de ajuste integral de las condiciones de vida de la población son garantía de más descomposición y violencia social, de las que se nutre el crimen organizado y se expresan cotidianamente en las más variadas formas. En el supuesto combate a la “inseguridad ciudadana” no hay “éxitos” ni estadísticas positivas para mostrar. Todo lo contrario.

A principios de agosto preguntamos por qué el Estado no quería encontrar a Loan Peña, el nene de cinco años secuestrado en Corrientes tras un almuerzo familiar. Entre los “éxitos” que Milei ve en la gestión Bullrich, tamaño fracaso fue silenciado. La ministra amagó con ponerse al frente de la búsqueda, pero su determinación duró lo que un gas en un canasto. Loan sigue desaparecido y las cadenas mediáticas oficialistas ya no preguntan por él.

A mediados de octubre, durante una exposición de Bullrich en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Nicolás del Caño le preguntó “¿dónde está Loan? Porque cuando estaban todos los medios en Corrientes vimos cómo la ministra hizo todo un show y sería importante que brinde una respuesta ahora”. Ella, sin vergüenza, respondió a lo Poncio Pilatos: “Ojalá todos los casos se resolviesen, seríamos el mundo perfecto”.

Otro tema en el que Bullrich quiso pisar fuerte fue en la sucesión de hechos, que incluyeron asesinatos de trabajadores al voleo, vividos en Rosario a principios de año. Fáciles para etiquetar con liviandad, desde el Ministerio empezaron a hablar de “narcoterrorismo”, figura acuñada por los estrategas de la “guerra contra el narco” impulsada desde Estados Unidos. Una política que fracasó totalmente en Colombia y México, al menos en sus objetivos formales.

Estudiosos del asunto, como el periodista Germán de los Santos, destacan que el hecho fáctico de la merma de crímenes que conmocionaron a Rosario en el verano se debe más a un pacto de convivencia entre bandas y autoridades que a un acertado plan para desbaratar el entramado del multimillonario negocio de la exportación de drogas desde los puertos privados santafesinos.

El reciente video de cuatro encapuchados amenazando al gobernador Pullaro y la ministra Bullrich ya está sospechado de ser una fake viralizada desde oficinas estatales. Su objetivo, totalmente verosímil, sería fomentar el miedo en sectores de la población, lo que justificaría el refuerzo del control policial en las calles. Mientras, quienes se enriquecen narcotraficando aceptan bajar el nivel de violencia callejera a cambio de que nadie les toque el negocio.

Bullrich se jacta de ser exitosa en uno de los temas top de su electorado. Pero al momento de presentar “resultados” sus alforjas están más que vacías. Así se lo advirtió este domingo Eduardo Van der Kooy en Clarín. Desde la óptica del editorialista de la empresa periodística que más leen las clases medias, Milei fue exitoso en “reponer el orden callejero alterado por los movimientos sociales”, pero “los delitos, la violencia y las muertes se continúan multiplicando en todos los rincones del país”. De todos modos, Bullrich no dejará de ser invitada estrella de TN.

Son muchos los spots y posteos en los que el Presidente y la ministra insisten con el cliché de “el que las hace las paga”. Pero nunca aclaran qué es lo que debe “hacer” alguien para “pagar”. Queda claro que para ellos deben pagar quienes se organizan y salen a luchar por sus derechos básicos. No los secuestradores de Loan, ni los magnates del contrabando. Mucho menos los fugadores de capitales, premiados por Milei y Luis Caputo con un “blanqueo” que no pregunta de dónde salieron los millones.

¿Dónde están los terroristas?

En el balance de este año de gestión Bullrich no pueden faltar los bochornosos operativos de “inteligencia” de las fuerzas que ella conduce, cuyos resultados más recordados no son la resolución de crímenes sino las cataratas de memes. La tolerancia ministerial a la exposición al ridículo es encomiable. Pero el tema no es gracioso, sino por demás peligroso.

En enero la ministra anunció con bombos y platillos que, tras arduas tareas de espionaje, las fuerzas a su mando lograron “neutralizar” una “célula terrorista” que buscaba “atentar” contra edificios de la comunidad judía en Buenos Aires. Con información provista por la Embajada de Israel, se detuvo a la “banda” integrada por un profesor de ping-pong de origen sirio-colombiano que acababa de llegar al país, un peluquero porteño y un turbio personaje relacionado con los servicios de inteligencia. Este último fue, a la vez, la “fuente” principal en la que se basó el Ministerio para armar el relato.

A los pocos días de esas detenciones, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó la libertad y dictó la “falta de mérito” de los supuestos “terroristas”. No había una sola prueba que los relacionara entre sí y mucho menos que permitiera sospechar siquiera de la comisión de un atentado a sedes judías. Todo fue un invento de Bullrich y sus agentes.

Más arriba se contó cómo, en junio, el Gobierno detuvo a 33 “terroristas” (en su mayoría manifestantes) en los alrededores del Congreso y cómo la causa abierta por el fiscal Stornelli terminó en el basurero de Comodoro Py. Hay que agregar que, durante su detención, varias de esas personas fueron torturadas y que la saña represiva también se descargó contra trabajadoras y trabajadores de prensa que cubrían los acontecimientos.

La multiplicidad de atropellos, que en algunos casos dejaron secuelas graves en las personas reprimidas, fueron denunciados internacionalmente por organismos de derechos humanos, sindicatos y otras organizaciones civiles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso la lupa sobre esas conductas represivas. Los funcionarios respondieron a sus inquietudes con los mismos clichés insustanciales usados por Bullrich. Pero nada de eso fue “noticia” para las “ensobradas” cadenas informativas.

Otro bochorno “antiterrorista” se produjo en septiembre, tras el estallido de una “carta bomba” en las oficinas de la Sociedad Rural Argentina en el barrio de Palermo. Los “expertos” del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal aún no dijeron si el artefacto lo envió un “lobo solitario” o salió de las cloacas de la SIDE. Pero Bullrich aprovechó la volteada para anunciar la supuesta desarticulación de otra “célula”.

El único detenido fue un operador inmobiliario de Floresta. Pasó encanado todo un fin de semana. Al escucharlo y evaluar las “pruebas”, el juez federal Daniel Rafecas lo liberó y le dictó “falta de mérito”. Ni siquiera anduvo cerca de la sucursal de Andreani desde donde salió el paquete. Y además en su heladera encontraron milanesas de pollo. Dato no menor, ya que al anunciar su detención Bullrich aseguró que su perfil se correspondía con “sectores anarquistas y extremistas veganos” que ponen “carteles y manchas de sangre” en los alrededores de La Rural.

La fiebre “antiterrorista” de la ministra y sus funcionarios (como los abogados reaccionarios Fernando Soto y Carlos Manfroni) parece no encontrar límites. Lo bizarro es que, mientras los encargados de la “seguridad” inventan células y atentados, justificando un gasto público millonario en “investigaciones” que no conducen a ningún lado, la misma Bullrich está implicada en una causa por la provisión de 70.000 municiones antitumulto y cientos de granadas de gas a los golpistas bolivianos que en noviembre de 2019 infundieron terror de verdad a la población. Fue en su anterior gestión en el Ministerio, durante la presidencia de Mauricio Macri.

Principio de revelación

A todo lo anterior hay que sumar el intento del Ministerio de Seguridad de convertir en leyes un paquete de proyectos que buscan reforzar el control social, especialmente en las barriadas populares, y dotar al Estado de más “herramientas” para reprimir. Nada de eso tiene que ver con una lucha seria contra el crimen organizado. El resultado obvio de la aplicación de esas leyes serán más palos, gases y balas.

Sólo el Frente de Izquierda repudió sin titubeos esos proyectos parlamentarios. En mayo la diputada del PTS-FITU Myriam Bregman alertó que con la baja de la edad de imputabilidad y leyes como la de “orden público”, “antimafias”, “reiterancia” y “datos genéticos” en verdad La Libertad Avanza busca imponer “un virtual estado de sitio”. Su denuncia tuvo gran repercusión pública, pero los partidos opositores mayoritarios se negaron a frenar los proyectos.

A Milei le gusta hablar del “principio de revelación” cuando, según su propio relato, la “casta” demuestra lo que es y permite que cada quien decida ubicarse del lado de “los argentinos de bien” o del de los malignos “mandriles”. Pero bien podría usarse ese principio para revelar el plan represivo que, camuflado de políticas de “seguridad”, el Presidente y su ministra despliegan en función de garantizar la aplicación del “mayor ajuste de la historia argentina”.

La retorcida referencia a las “bombas en jardines de infantes”, creada por Milei en su campaña electoral contra Bullrich, tal vez sea una buena metáfora de este año de gobierno liberfacho. Con los fierros del Estado en sus manos (tanto legales como ilegales), con la colaboración de los partidos tradicionales (¡la “casta”!) y el repiqueteo de discursos reaccionarios desde las principales usinas mediáticas, Milei Hermanes & Cía demostraron ser por demás peligrosos para una población empobrecida, hambreada y vulnerable.

El verdadero “terror” lo practica La Libertad Avanza, con un relato represivo armado en pos de ocultar el programa económico-social de fondo, que favorece a minorías sociales parasitarias a costa de una mayor explotación y opresión de las mayorías. Un populismo de ultraderecha que tiene su correlato internacional en el alineamiento con genocidas como Netanyahu o fóbicos de toda disidencia como Trump o Bolsonaro.

¿Qué pasaría si esas mayorías se organizaran desde abajo, debatieran una salida real a las penurias provocadas por todos los gobiernos y coordinaran verdaderas acciones masivas que le impongan al Estado respuestas concretas a sus reclamos? ¿Cuántas “bombas” podrían tirar en “jardines de infantes” los herederos sentimentales (y en algunos casos también biológicos) del terrismo de Estado? Si algo queda claro en este año de libertarianismo rabioso es que no será de la mano de Milei y Bullrich que avanzará la libertad para todas y todos.

Ya se dijo hace meses en este mismo sitio. Si los nostálgicos del terrorismo de Estado deciden ir contra derechos fundamentales de toda la sociedad, hay que enfrentarlos con la mayor movilización social, hasta derrotarlos.