Peronismo libertario. Milei - Jaldo: lo que deja el primer año de una alianza para el ajuste en Tucumán

El próximo martes 10 de diciembre se cumple un año del experimento libertario, cuando Javier Milei asumió la presidencia y anunció en su discurso de espaldas al Congreso que el “mayor ajuste de la historia” contra el sector público. Desde entonces, la ‘casta política’ que se suponía era la que iba a pagar el ajuste, está más viva que nunca. Ahí están los Kueider revoleando cientos de miles de dólares por la frontera para demostrarlo.

Osvaldo Jaldo lleva un poco más de tiempo al frente de la gobernación: aunque asumió en octubre de 2023, ocupó de manera interina el cargo desde 2021 y su trayectoria al frente del ejecutivo provincial se remonta al 2015, y luego 2019, cuando fue elegido dos veces vicegobernador de Juan Manzur. Oficialistas todo terreno, fue macrista, albertista y ahora mileista. Nace con Jaldo un peronismo libertario que lejos de beneficiar a la provincia, trajo aparejados más costos (para los trabajadores) que beneficios. Veamos.

Tan temprano como en febrero, los diputados tucumanos peronistas del bloque “Independencia” (Galdys Medina, Agustín Fernández y Elia Fernández) pusieron los votos para la fallida Ley Ómnibus. Dicha ley finalmente se transformó en la Ley Bases, que incluyó una reforma laboral que elimina derechos laborales como el régimen de indemnización y profundiza la precarización laboral, además de votar los capítulos del RIGI (en Tucumán la Legislatura votó en bloque la adhesión al RIGI y pretenden eliminar la ley que prohibe la megaminería a cielo abierto en la provincia), el paquete fiscal con exenciones impositivas para los ricos y mayor carga sobre los asalariados y poderes extraordinarios a Milei para avanzar con privatizaciones. También aportaron los votos para sostener los “vetos” presidenciales al aumento de las jubilaciones y la Ley de Financiamiento Universitario que se votaron por mayoría en el Congreso.

Los diputados de Jaldo votaron totalmente alineados con los oficialistas Mariano Campero (Cambiemos), Roberto Sánchez (Cambiemos), Paula Omodeo (CREO) y Gerardo Huessen (FR). Es imposible distinguir peronistas, macristas y libertarios. Y aunque Pablo Yedlin y Carlos Cisneros (UxP) votaron en contra, son parte del mismo gobierno de Jaldo que aplica el ajuste en la provincia.

Cada vez que levantaron la mano, Jaldo y su bloque de diputados aseguraron hacerlo “defendiendo los intereses de los tucumanos”. Pero los únicos que salieron beneficiados con estas leyes fueron los grandes empresarios, a quienes se les rebajaron impuestos y se les flexibilizaron los costos laborales. Para el pueblo trabajador, las consecuencias de este alineamiento fueron una fuerte caída en los ingresos, aumento de la pobreza, del desempleo y mayor precarización laboral.

La jubilación mínima hoy es de 260.000 pesos, una cuarta parte de la Canasta Básica de los Adultos Mayores que en octubre superó los 912.000 pesos. Para el mes de junio, el 90% de la población percibía ingresos inferiores a los 580.000 pesos, cuando la Canasta Básica familiar rondaba los 720.000 pesos.

Entre diciembre de 2023 y junio de 2024, la pobreza en Tucumán pasó del 43,9 al 55,8% de la población. El Indec registra que 25.000 hogares y 112.000 personas cayeron en la pobreza en el primer semestre del año. La pobreza "multidimensional" que mide la Dirección de Estadísticas de la Provincia de Tucumán es aún más alta: 58,8% de las personas tiene privaciones en servicios básicos. Y aunque es probable que este índice marque un descenso con la baja de la inflación, lo cierto es que el piso de pobreza se está estabilizando con la mitad de la población “afuera”. La novedad es que la pobreza se extiende sobre la población ocupada, incluso sobre el sector asalariado formal. La UCA registra que el 35% de los asalariados son pobres. En Tucumán, el Indec registraba en junio que el 50% de los asalariados percibía ingresos inferiores a los 300.000 pesos.

La caída de los salarios fue particularmente fuerte en el sector público (-16%) y no registrados (-19%) comparado con noviembre de 2023. La jubilación mínima, con bono incluído, perdió un 16% de su poder adquisitivo. El 50% del “mayor ajuste de la historia” recayó en jubilaciones, salarios públicos y programas sociales. Y en Tucumán, el techo a las paritarias que impuso el gobierno de Jaldo -con la colaboración de las burocracias sindicales- ayudó a licuar los ingresos: el salario de un empleado de comercio no llega a los 900.000 pesos, por debajo de la Canasta Básica de pobreza (en octubre ya estaba por encima de 1 millón de pesos); el sueldo inicial docente hoy está por debajo de los 600.000 pesos y el jornal diario de un cosechero está en 32.000 pesos, en época de zafra no llegan a cubrir el salario mínimo legal.

Obra pública paralizada y recorte en las transferencias provinciales

Las relaciones carnales entre Jaldo y Milei tampoco tuvieron una contrapartida en términos de fondos para obra pública, ni siquiera un trato preferencial por sobre el conjunto de las provincias cuyas partidas presupuestarias fueron brutalmente ajustadas por la administración nacional. Se ha dicho que Tucumán fue la tercera provincia más beneficiada con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) detrás de Misiones y Entre Ríos y por un monto de 6.500 millones de pesos. Pero esa cifra es realmente insignificante: equivale a 2 meses de subsidios para las empresas de colectivos, es el 0,4% del Presupuesto 2024 de la provincia. Lo cierto es que hasta el mes de septiembre la totalidad de las provincias, sin excepciones, sufrieron un recorte interanual promedio del 16% en términos reales en las transferencias automáticas (centralmente, coparticipación de impuestos federales) y un brutal recorte del 84% en las transferencias no automáticas, es decir, las sujetas a discrecionalidad del gobierno nacional, por la paralización total de la obra pública.

En Tucumán el recorte fue de 16,2% en transferencias automáticas y del 82,6% en las no automáticas. Dentro de este último rubro, se registraron fuertes recortes en programas de Gestión Educativa (-40%), FONID (-92%), Desarrollo de Infraestructuras para Saneamiento (-69%), Políticas Alimentarias (-100%), Obras Viales (-87%), entre otros.

Las obras anunciadas por Jaldo como un “triunfo” de su gestión ante el gobierno nacional más bien son traspaso de obra pública y convenios para la continuidad de obras con fondos propios o la realización de obras financiadas por bancos internacionales. Ejemplo: el traspaso a la provincia de 100 hectáreas del barrio Procrear II, obra que estaba paralizada al 15% de su ejecución. Ahora la provincia puede terminar la obra con fondos propios. Según Jaldo, “esto fue producto del diálogo, el entendimiento y la reciprocidad”. También se destrabó la construcción de un nuevo acueducto en Vipos, una obra que ya estaba licitada y quedó paralizada cuando asumió Milei, pero que tiene financiamiento del BID. La cárcel de Delfín Gallo, inaugurada con la presencia de Patricia Bullrich, fue financiada con fondos provinciales. Jaldo espera una ampliación con fondos nacionales. Avanza el ajuste con más cárceles y menos escuelas. Y hasta el momento, las obras con fondos nacionales son más bien anuncios y vagas especulaciones. Con todo, las escasas obras anunciadas no revierten el cuadro general de parálisis en el sector.

Los ganadores de siempre

El plan del gobierno de Milei y el FMI tiene claros ganadores: las grandes empresas que cotizan en bolsa quintuplicaron sus ganancias en el primer semestre del año, según un estudio de IPYPP. Destacan el sector bancario y minería, pero también grandes empresas alimenticias y agroexportadoras.

En Tucumán, las exportaciones están repuntando un 22% en dólares comparado con el año pasado, con un fuerte crecimiento en cultivos de maíz, soja y procesados como azúcar de caña. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) midió un margen bruto de ganancias para los cañeros equivalente a 21 bolsas de azúcar por ha de caña cultivada, que a precios promedio del año equivaldría a 483.000 pesos de ganancia bruta por hectárea. La mayor parte de la tierra cultivada está en manos de empresarios dueños de ingenios, como el caso de Jorge Rocchia Ferro, titular de la UIT y dueño del Grupo Los Balcanes, que administra directamente unas 23.000 ha de cañaverales. Según los datos de la EEAOC, el margen bruto que estaría percibiendo la familia Rocchia Ferro solamente por los cultivos de caña estaría ascendiendo a más de 11.000 millones de pesos. El negocio del azúcar para los industriales incluye la producción de bioetanol y la venta de energía eléctrica.

El citrus también tuvo un fuerte repunte en las exportaciones de jugos (+17%) y aceites esenciales (+21%), y aunque disminuyeron las salidas de fruta fresca de conjunto el segmento tuvo un crecimiento neto positivo. En un contexto de alta competencia internacional y bajos precios, la citrícola San Miguel -un operador de escala mundial- está trasladando parte de su producción a sus plantas de Uruguay y Sudáfrica. Aunque no hay datos actualizados, ya en 2022 empresas como Citrusvil reportaban ganancias netas de 15.000 millones de pesos.

Otro sector altamente beneficiado fue el de los empresarios del transporte que, con un informe de costos trucho, consiguieron del gobierno provincial y municipal vía libre para un tarifazo que duplica la inflación, consiguieron multiplicar por 10 los subsidios en apenas dos años y además les entregan de arriba 100 colectivos nuevos pagados “con la nuestra” en un proceso de adjudicación ampliamente cuestionado. Desde el Frente de Izquierda y Fodecus presentamos un recurso de amparo contra este tarifazo, y a pesar de toda la evidencia del caso -incluído un informe técnico de la municipalidad que asegura que el estudio de costos presentado por la AETAT no cuenta con documentación respaldatoria y por lo tanto no se puede evaluar el pedido de aumento- la jueza Maria Felicitas Masaguer decidió rechazar el recurso y operar como escribana del gobierno.

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Ganar las calles

A pesar de la tregua de las burocracias sindicales y la colaboración del peronismo, este año estuvo plagado de conflictos y movilizaciones que hicieron retroceder más de una vez al gobierno. Desde los trabajadores del Hospital Laura Bonaparte que evitaron el cierre, pasando por las movilizaciones masivas de la Universidad que en abril obligaron al gobierno a liberar partidas para el funcionamiento. La rebelión de los docentes de Misiones, que lograron romper el techo salarial del gobernador Passalacqua. Los trabajadores de AFIP hicieron retroceder al gobierno que había anunciado 3000 despidos y en Aerolíneas Argentinas el gobierno parece más bien empantanado.

En Tucumán, las conducciones de los principales gremios como la FOTIA, UATRE, ATSA, ATEP, etc., están completamente alineados con el peronismo libertario de Osvaldo Jaldo. De cara al 2025 está planteado recuperar las calles y movilizar desde cada lugar de estudio y de trabajo exigiendo a las burocracias sindicales (y estudiantiles) la huelga general hasta derrotar el plan de ajuste de Milei, Jaldo y el FMI.