Las mujeres migrantes, entre la resistencia y la vulnerabilidad, lo que buscan son mejoras en sus condiciones de vida y de sus familias, pero la respuesta de los gobiernos es separarlas de sus hijos y profundizar la violencia en su contra.

Cuesta trabajo pensar en aquellas condiciones que viven las mujeres en pobreza y pobreza extrema, que prefieren eclipsar de sus países para adentrarse a regiones desconocidas con todos los peligros existentes a lo largo de su camino, en busca de un futuro que les permita seguir con su vida.

La incorporación de las mujeres al trabajo es presentada como un paso para su emancipación, pues la independencia económica sería clave para su sustento personal y de su familia; sin embargo, la realidad es otra, en la medida que los gobiernos promueven la exclusión laboral, la precarización y la pobreza, las obliga a huir de sus lugares de origen para mejorar sus condiciones de vida y de sus familias con la idea de cumplir el sueño americano.

Violencia: detonante de la migración de las mujeres

Otras razones que tienen las mujeres trabajadoras y pobres para migrar, aún sin documentos legales, son contrarrestar la violencia doméstica, las agresiones sexuales y los feminicidios ante la impunidad de las instituciones propias de los gobiernos que imperan de forma mucho más cruenta en países subordinados al imperialismo –como Guatemala, México, Honduras, El Salvador– sin que a su paso de miles de kilómetros se garantice sus derechos humanos: alimento suficiente, salud sobre todo en pandemia, pero también a vivir donde elijan.

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Como decíamos al inicio, el panorama general de la violencia de género en los países del Triángulo del Norte y México, cuyos gobiernos están subordinados al imperialismo, son los principales responsables de la pobreza, la explotación y la opresión, detonantes para las migraciones masivas encabezadas por mujeres y menores; pero que acuerdan, con políticas empresariales y leyes en contra de inmigrantes. Dejemos de imaginar las condiciones y analicemos las siguientes cifras brutales sobre la violencia en contra de las mujeres.

En su comunicado de prensa número 568/20, del 23 de noviembre de 2020, el INEGI dio a conocer que, en México, los delitos más recurrentes contra la mujer son el abuso sexual (42.6 %) y la violación (37.8 %), [1] mientras que no bajan los índices de feminicidios con 11 muertes violentas diariamente. En El Salvador, tan sólo en el primer mes de aislamiento hubo más feminicidios que muertes por Covid-19, tanto en lugares públicos como privados, atacadas por sus parejas principalmente, pero también por policías y pandillas; además del incremento de niñas embarazadas, expuestas con sus agresores, sin acceso a la protección ante la violencia física y psicológica, según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa). [2]

Honduras no se queda atrás, la mayoría de las denuncias son por delitos sexuales contra las mujeres, 8 de cada 10 son atacadas, representando el 86 %; por otra parte, en abril del año pasado, se registraron 10 mil denuncias por violencia física en su contra. [3]

Cabe señalar que, en Guatemala hay una enorme dificultad para obtener datos oficiales sobre la violencia contra la mujer, pues no cuenta con un registro nacional confiable y actualizado; el último dato que arroja el Sistema Nacional de Información de Violencia en Contra de la Mujer (SNIVCM) es de 2018, con datos de 2017.

La falta de información imposibilita calcular el índice de impunidad sobre el tema principal, pero permite entender que las diferentes instituciones guatemaltecas difieren, desestiman, archivan, sobreseen o remiten las denuncias a otros juzgados y por otros delitos, siendo el principal eje el de la violencia intrafamiliar, lo que disminuye el problema real de violencia contra la mujer, [4] pero que además no es el único gobierno que lo hace.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2019 “se registraron 299 feminicidios en Honduras, 113 en El Salvador, 160 en Guatemala y 983 en México”, cabe resaltar que únicamente son las cifras tipificadas por los gobiernos como feminicidios, pero que resultan maquilladas ante las denuncias de los familiares que acusan de que se juzgan sólo como homicidios dolosos, así que no sabemos realmente cuántas son, [5] además no estamos contando las cifras negras que pertenecen a las mujeres desaparecidas.

Si hacemos el cálculo respecto de la cantidad de feminicidios por cada 100 mil habitantes tenemos que los países con índices más altos son Honduras (6.2) y El Salvador (3.3), mientras que en Guatemala se registraron 28 feminicidios en los primeros 22 días del año y en México no bajan los 11 feminicidios diariamente desde el año pasado.

Delitos que son desatendidos por las autoridades o quedan en total impunidad y sin resolverse; puesto que, las políticas de estos países están lejos de diseñar estrategias adecuadas para contrarrestar la violencia contra las mujeres y, por el contrario, han implementado políticas de militarización que, como se ha comprobado, aumentan la violencia en contra de las mujeres, por la colusión de las propias fuerzas armadas o policías en todos sus niveles que tienen con las redes de trata o bandas delincuenciales. Y no sólo eso, sino que el problema de fondo es que, el propio Sistema está basado en la opresión a las mujeres; por tanto, es impensable que el Estado se ponga, a sí mismo, en el banquillo de los acusados.

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Ante el incremento de la violencia contra las mujeres, no es extraño, entonces, que el alto flujo migratorio concentre ahora muchas más y, aunque la migración es un derecho humano, el desplazamiento de inmigrantes latinoamericanas rumbo a EE. UU. –quienes consideran que allí encontrarán un mejor desarrollo socioeconómico– se enfrentan a esa violencia, opresión y explotación que se recrudece con más políticas antiinmigrantes en los países de tránsito o destino; como las que mantienen militarizadas sus fronteras, pero además profundizando la violencia estructural y de clase sosteniendo este sistema patriarcal y capitalista.

Gobiernos subordinados al imperialismo golpean duro la situación de las mujeres dentro y fuera de sus fronteras

Cuántas veces hemos escuchado frases como “es mejor que se queden en sus casas”, “que no se arriesguen”, “son irresponsables por llevar a sus hijos con ellas”; frases que quitan responsabilidad al verdadero y único responsable: el Estado.

Pero vayamos por partes, si reflexionamos sobre qué es la frontera podemos establecer que se trata de un estadio polisémico, pues no es únicamente un límite como podemos pensar con el muro de Trump; sino que, el propio término es mucho más amplio, se trata de una zona simbólica o real construida de tal forma que, dialécticamente, disgrega y acopla espacios de territorio geográficamente referenciados, personas y discursos. Pasar la frontera significa llegar a un espacio que se considera, económica, política y socialmente diferente y a esto apuestan las personas que deciden migrar en busca de mejores condiciones de vida.

Los regímenes políticos aprovechan estas fronteras simbólicas e inoculan en el pensamiento la idea de que existen personas de primera y de segunda, aprovechándose del patriarcado, para continuar explotándolas, obligándolas a aceptar condiciones ínfimas de trabajo, sin derechos plenos como a una vivienda o servicios médicos.

Hoy en día, los fenómenos socioeconómicos y políticos, tanto en México como en el Triángulo del Norte, orillan a migrar pero en este camino pueden enfrentarse a una situación igual o peor a la que padecen en su lugar de origen, pues el discurso político dominante se preserva mediante leyes migratorias que fiscalizan, con complicados trámites, militarización de fronteras, muros infames de separación, centros de detención a modo de campos de concentración y hasta crimen organizado en contra de quienes no cumplan con sus requisitos. [6]

En este sentido, América Latina ya tenía brechas estructurales importantes entre las clases, una economía endeble con bajo crecimiento, cruzada por al dependencia y subordinación al imperialismo y, desde luego, una desigualdad que se expresa con la precarización y explotación laboral, mucho más visible contra las mujeres trabajadoras y pobres; situaciones que se magnificaron con la pandemia.

A todo esto, hay que agregar las denuncias que han hecho las mujeres migrantes en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) respecto de las esterilizaciones forzosas y procedimientos ilegales, poco éticos y violentos que se realizan sin su consentimiento. [7]

Apenas, el miércoles pasado, el Consulado General de México en Atlanta señaló que ha entrevistado a 34 mujeres mexicanas ante dichas denuncias informando que “no se ha comprobado que hayan sido sometidas a histerectomías”, invalidando los testimonios realizados desde el año pasado.

Recientemente, los gobiernos mexicano, guatemalteco, hondureño y salvadoreño han tenido reuniones recurrentes con el gobierno estadounidense donde pactan políticas de asistencia social para contrarrestar las caravanas migrantes, otorgándoles bonos o ayuda económica periódicamente; pero son sólo paliativos que no resuelven los problemas de fondo.

Sin embargo, esto es absolutamente insuficiente en el marco actual que enfrentan las masas trabajadoras y populares de estos países, situación que sólo puede revertirse cuestionando de raíz la dominación imperialista y el propio sistema capitalista.

Como puede notarse, las políticas fronterizas, además de evidenciar la complicidad de los Estados subordinados con los imperialistas, cumplen el rol de excluir y vulnerar la vida de las mujeres, tanto en sus países de origen como, más cruentamente, para las inmigrantes, pero que se mantienen firmes y determinadas a cambiar sus circunstancias y de sus hijos o familiares caminando por el mundo, pese al cansancio y a las situaciones complejas que deben enfrentar; pues cualquier lugar sería más seguro que quedarse en su propio lugar de origen.

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La lucha feminista socialista en defensa de las mujeres migrantes

Actualmente, las feministas socialistas e internacionalistas, antiimperialistas y anticapitalistas con una clara perspectiva de clase, plantamos cara a las políticas empresariales antiinmigrantes que atentan contra los derechos de las mujeres migrantes, exigiendo paso libre para todos los que migran y derechos plenos; vinculado a la lucha que se extiende contra la precarización, los despidos, por trabajo y salario dignos, contra los feminicidios y por nuestro derecho a decidir.

La fuerza que el movimiento de mujeres ha tomado en los últimos años, expresado claramente el pasado 8M, con miles de nosotras en las calles en muchas partes del mundo, debe retomar entres sus banderas la defensa de las mujeres migrantes, más aún ante la creciente feminización del flujo migratorio y las políticas xenófobas que sostienen los gobiernos, mientras cuidan los intereses capitalistas.

Aunado a esto, consideramos que es necesario amplificar el llamado al movimiento de mujeres de cada región, incluyendo EE. UU., junto a la clase trabajadora a ambos lados de la frontera, para que se sumen a la defensa por el paso libre y acceso a derechos plenos de las y los inmigrantes.