Brutal ajuste. Municipio bonaerense privatizó por decreto el único Hospital Público

La inconstitucional medida fue votada por los 6 concejales oficialistas del Municipio de la localidad de Pellegrini que responden a la UCR-PRO, y rechazada por 4 concejales de la oposición. En su encabezado dice: “El Hospital Municipal Dr. Guillermo del Soldato, del Distrito de Pellegrini cesa en su estado de gratuidad…” Y más abajo determina los costos que las prácticas y consultas tendrán a partir de ahora, que serán de más de 8mil pesos una consulta médica en la guardia, cerca de 17mil el día de internación (sin contar medicamentos) y alrededor de 300mil las prácticas quirúrgicas más habituales, incluyendo las cesáreas. Un ataque a todas luces al derecho a la salud que se suma a lo ya determinado por el DNU y lo que el gobierno quiere pasar con La Ley Ómnibus.

Video con Christian Castillo: ¿Cómo nos afectan el DNU y la Ley Ómnibus? ¿Qué hacer para enfrentarlos?

La ordenanza rápidamente ganó un enorme rechazo dentro de la población y referentes de la salud pública. Laura Cano, médica, referente de CICOP y diputada provincial por el PTS en el Frente de Izquierda, dijo al respecto, “Es una medida anticonstitucional por donde se la mire y absolutamente repudiable. En la misma constitución se deja explícito el derecho a la salud. La salud no puede ser un negocio. Además retrocede siglos y deja sujeto a discrecionalidad y al criterio de una persona quien cumple con las condiciones para acceder gratuitamente. Tenés que presentar el “Carnet de Pobre”, eso ya lo conocemos en salud y lo rechazamos rotundamente. Es un ataque que no podemos dejar pasar, por eso la población junto a todos los colectivos de salud debemos rechazar con fuerza esta medida, en las calles.”

La gratuidad es uno de los aspectos elementales que garantizan el derecho a la salud para las y los trabajadores. La salud pública atiende a las grandes mayorías trabajadoras y primordialmente a los sectores con menores recursos. Es el subsector que garantiza, a pesar de la profunda crisis sanitaria y las desigualdades existentes, una atención masiva y gratuita. Atiende la demanda de más del 40 % de la población y garantiza el tratamiento de aquellas patologías que por su poca rentabilidad son menos desarrolladas en el sector privado, como enfermedades infectocontagiosas, VIH, tuberculosis, Chagas, entre otras.

Sin embargo, el vaciamiento, desfinanciamiento y el recorte presupuestario que llevaron adelante los gobiernos (de diferentes signos políticos, sin grieta) durante las últimas décadas y hasta la actualidad, atentan contra este elemental derecho. A esto se le suma la enorme cantidad de beneficios impositivos y de todo tipo que los diferentes gobiernos les han dado a la industria médica y farmacéutica. El DNU decretado en diciembre pasado acrecienta aún más la transferencia de recursos desde los bolsillos de los jubilados y trabajadores al bolsillos de los Bellocopit, dueños de las prepagas y de los grandes laboratorios.

Farmacéuticos contra el DNU: denuncian que su implementación afecta a la salud pública

Según las fuentes consultadas, este tipo de arancelamiento del sistema público suele verse entre algunos sistemas municipales de salud en la Provincia de Buenos Aires, aunque jamás de esta manera. La ambigüedad de la legislación existente y la descentralización que el menemismo llevó adelante y que ningún gobierno retrotrajo, hacen posible este tipo de ilegalidades.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Pame (@pame.gali)

El sindicato de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires - CICOP, viene denunciando los mecanismos irregulares de arancelamiento de varios municipios. En su página web dicen: “En una encuesta realizada entre pacientes del Hospital Mercante de Jose C Paz, uno de los partidos más pobres del conurbano bonaerense, el 44% de los mismos manifestaron que concurrían al hospital y no a las unidades sanitarias porque éstas estaban aranceladas. Asi ocurre en otros partidos del conurbano como Tigre, Matanza, San Martín y Malvinas Argentinas.”

Y agregan: “La cobertura de especialidades por parte de profesionales sin relación alguna con el estado que cobran un porcentaje de lo que abonan los pacientes por consultas o prácticas es parte habitual del panorama en muchas unidades sanitarias. El cobro compulsivo de bonos de cooperadora es otra práctica extendida en el sistema público. La falta de insumos ha llevado a que hasta el 40 % de las cirugías se realicen en algunos hospitales con elementos adquiridos por los pacientes o sus familiares. La venta de placas radiográficas y otros elementos de diagnóstico (jeringas y agujas para extracción de sangre, electrodos para electromiogramas,medios de contraste etc.) configuran otra modalidad de “arancelamiento encubierto”.

La salud como negocio en todos los gobiernos

Durante el gobierno de Carlos Menem (1993) y como parte del avance globalizador neoliberal, el Banco Mundial (BM), con su programa “Informe para el desarrollo-Invertir en salud”, desembarcó fuertemente en salud, impulsando su mercantilización. Fue el momento donde se impuso la descentralización hospitalaria, en el marco de la “reforma del Estado”, transfiriendo a las provincias y municipios el peso de la administración y financiamiento de los hospitales.

Esta política, con matices según los distintos gobiernos, se ha mantenido hegemónica hasta nuestros días, y todo indica que la destrucción del acceso a la salud pública irá en aumento bajo este nuevo gobierno. Frente a esto, Laura Cano remarcó, "El próximo desafío que tenemos las y los trabajadores de la salud es participar activamente del paro del 24 convocado por las centrales sindicales, para dar una muestra de la fuerza entre trabajadores y pacientes frente a estos planes de ajuste. Y continuar la organización luego del paro, en una asamblea permanente interhospitalaria, exigiendo un plan de lucha hasta que caiga el DNU, la Ley Ómnibus y todo el paquete de ajuste del gobierno".