Desde 2010, diferentes organizaciones civiles y de derechos humanos han solicitado la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México. A pesar de la insistencia de familiares de víctimas y organizaciones civiles, los gobiernos federal y estatal han negado hacer la declaratoria. ¿Acaso la vida de las mujeres no vale nada para las autoridades?
Viernes 6 de marzo de 2015
Fotografía : Protesta contra el feminicidio en Chalco, EdoMex
El pasado 10 de febrero, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), presentaron un amparo contra el retraso de las autoridades federales para emitir la Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México.
A pesar de los miles de casos de mujeres desaparecidas y asesinadas, ni la Secretaría de Gobernación, ni el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), ni el Instituto Nacional de las Mujeres, consideran necesaria la declaratoria de la AVG en el estado. Según declaraciones del gobernador Eruviel Ávila en 2014, en el estado de México “hay cosas más graves que atender, que los feminicidios”.
Las diferentes administraciones de la entidad mexiquense se han caracterizado por su tolerancia ante los numerosos casos de feminicidios y desapariciones forzadas de mujeres y niñas, lo que lo ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para las mujeres en México.
Según datos del OCNF en el Estado de México, de 2005 a 2010 ocurrieron 922 feminicidios y de marzo de 2011 a diciembre de 2012 otros 563. Además, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, el año pasado se registraron 400 casos de niñas y adolescentes desaparecidas en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.
¿Qué es la AVG?
Ante este panorama diversas organizaciones civiles y feministas han propuesto la Alerta de Violencia de Género como un “conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.
La declaración de dicha alerta está a cargo de la Secretaría de Gobernación, mientras que el SNPASEVM es el encargado de resolver si procede o no iniciar la investigación. De 2008 a la fecha se han destinado más de 21 millones de pesos para la operación de este mecanismo, sin que este haya disminuido las cifras de mujeres asesinadas. Al contrario, en los últimos años la violencia contra las mujeres ha aumentado de manera alarmante: más de7 mujeres son asesinadas a diario en México.
Los intentos por declarar la alerta de género en diferentes estados, ponen de manifiesto la verdadera política del gobierno hacia las mujeres pobres y trabajadoras, al ignorar el feminicidio y la violencia, así como al menospreciar a las víctimas y a sus familiares. A esta situación se le suma la cultura corrupta y machista de funcionarios, servidores públicos y policías, quienes supuestamente están a cargo de la seguridad de la población.
Antecedentes de la alerta de género
La AVG tiene contemplado ante una situación de violencia feminicida, la intervención activa del ejército y la declaración de toque de queda para la población. Como antecedente en 2007 se implementó el programa “Todos somos Juárez” en el estado fronterizo de Chihuahua, cuya estrategia fue diseñada por el ex-presidente de México Felipe Calderón Hinojosa.
Basado en el envío masivo de tropas del ejército y la policía federal, dicho programa tuvo consecuencias funestas para la población juarense y, principalmente, para las mujeres, niños y jóvenes de los sectores populares y trabajadores.
Entre 2008 y 2012 en Ciudad Juárez hubo más de 10 mil asesinatos y el fenómeno del feminicidio lejos de disminuir, se disparó a niveles aterradores. En ese mismo periodo, hubo registro de múltiples casos de detenciones arbitrarias, casos de tortura, desapariciones forzadas y denuncias por violaciones a los derechos humanos. Además de que las redes de trata y explotación sexual se expandieron y fortalecieron enormemente, bajo el amparo de la militarización y la impunidad.
Los límites de la alerta de género
Ante el alarmante contexto de violencia, este tipo de mecanismos institucionales son inoperantes ante todos los casos de asesinatos y desapariciones de mujeres. En última instancia, todas estas las leyes son papel mojado frente a las terribles condiciones de vida y trabajo a las que se enfrentan miles de mujeres y niñas a diario.
Las autoridades e instituciones encargadas de declarar -o no- la AVG, son las mismas que operan bajo la lógica de corrupción e injusticia ante los miles de casos de feminicidios y desapariciones. A su vez, estas instituciones se apoyan en las mismas leyes que criminalizan a la juventud y la diversidad sexual, a las mujeres que deciden sobre sus cuerpos y a las que se organizan contra la represión de la protesta social, como lo vienen haciendo las maestras del magisterio en Guerrero.
Como mostró el caso de los 43 normalistas de Ayoztinapa: para luchar por la aparición con vida de todas las secuestradas por las redes de trata y por justicia para las víctimas y sus familiares, es necesario conformar comisiones independientes integradas por familiares de las víctimas, activistas contra el feminicidio y defensores de los Derechos Humanos. Sin ninguna confianza en el gobierno y sus instituciones, pues son ellos los que han permitido el desarrollo del cáncer social del feminicidio y la violencia hacia las mujeres, al mismo tiempo que están involucrados en el millonario negocio de la tratay el tráfico de drogas.
