En todas las facultades avanza el intento de imponernos aranceles en dólares para todos los trámites, eso violenta totalmente el carácter público y gratuito de la UCV, impone la mercantilización y privatización, donde la educación universitaria pasa a ser una mercancía más a la que puede acceder solo quien la pueda pagar, y el que no pueda, queda fuera.
Miércoles 19 de junio
Es claramente una política que va en contra de las y los jóvenes provenientes de las familias trabajadoras y los sectores populares. En los hechos, es expulsar y cerrarle las puertas de la universidad ¡pública! a los jóvenes más pobres, ¡en un país donde la pobreza alcanza a la mayoría de las familias trabajadoras! No permitamos eso. Tenemos que ponernos de pie y luchar.
Obligar a pagar por cada trámite es el camino de la privatización
Los aranceles son el primer escalón de la privatización. Imponer que, para poder seguir estudiando y graduarse, hay que pagar altas sumas en dólares, es imponer en una universidad pública las condiciones de las universidades privadas. Es imponer que la educación universitaria ya no es un derecho, sino una mercancía exclusiva. Y eso es apenas el primer paso de una escalada.
El problema no es si los aranceles son muy altos o menos altos
La Federación de Centros de Estudiantes (FCU) y algunos otros dirigentes de Centros de Estudiantes, que vienen negociando con las autoridades, están limitando la discusión a que los montos de los aranceles no sean tan altos. ¡Esa no es la discusión! ¿Por qué estamos discutiendo montos más o menos caros si estamos en una universidad pública? Es una trampa centrar el debate en eso.
El “autofinanciamiento” es una estafa que destruye la noción de universidad pública
Primero que nada, es absolutamente regresivo pretender que deben salir del bolsillo de los estudiantes y sus familias los recursos para garantizar el funcionamiento de la universidad pública. Aparte de eso, imponerle a la universidad pública la lógica de que todo lo que hace no son más que “bienes y servicios” que deben comprarse y “ser rentables”, destruiría la concepción misma de universidad pública, que está concebida para garantizar la educación como un derecho. Eso llevará a la universidad a ¡buscar cada vez más que solo estudien aquellos que puedan pagar! Eso ¡le niega las instalaciones deportivas y culturales de la universidad a la comunidad universitaria, para reservarlos solo a aquellos “clientes” que puedan pagar por su uso!
Además, toda esa lógica mercantilista y privatizadora llevará a imponerle a la docencia, la investigación y la extensión, que se ocupen preferiblemente de producir aquellos “bienes y servicios” que sean funcionales para los mejores postores que estén dispuestos a comprar esos productos, dejando cada vez más de lado cualquier idea de la pertinencia social que debe tener el quehacer de la universidad pública, de cara a los problemas y necesidades del país y su gente.
Expulsando a los estudiantes de clase trabajadora y de extracción popular
¿No es suficiente con todo lo que ha tenido que vivir y vive la juventud de las familias trabajadoras y pobres del país, para que ahora los expulsen de las universidades públicas por no poder pagar? Familias desmembradas, múltiples limitaciones económicas en el hogar, deserción escolar forzada por la falta de condiciones, trabajos precarizados (sin ninguna estabilidad ni derechos de contratos colectivos ni derecho a sindicalizarse), jornadas extenuantes, sueldos (casi 100% bonificados) que, si acaso, alcanzan para resolver lo básico, ¡y ahora les dicen que tienen las puertas cerradas de la universidad pública si no pueden pagar!
¿Estudiantes con plata “subsidiando” a los estudiantes de menos recursos? ¡No, gracias!
Debemos rechazar esa supuesta solución de que, a partir de determinar nuestras condiciones socioeconómicas, los estudiantes “que puedan pagar” lo hacen y “subsidian” a los que no puedan. Aceptar eso es entrar por completo en el plan privatizador, que destruye la universidad pública y gratuita. Además, eso generaría una jerarquización totalmente reaccionaria y odiosa a lo interno del estudiantado, entre “los que sí pagan” y “los que no”, “los subsidiados”, introduciéndonos una diferenciación basada en la “capacidad de pago” de la mercancía-educación.
El Estado debe garantizar los recursos para las universidades públicas: ¡hay que exigir el presupuesto justo!
Las y los estudiantes de menos recursos no necesitan que sus otros compañeros “le subsidien” la educación. Los estudiantes que “sí tienen condiciones” no tienen por qué pasar a ser clientes que paguen por esta como un servicio. La universidad no tiene por qué andar viendo cómo venderse al mejor postor, cómo cambiar sus pensum y sus actividades para hacer aquello que sea “vendible” en “el mercado”.
Lo que necesitamos es retomar las tradiciones de lucha que durante décadas movieron a las y los universitarios, exigiéndole el presupuesto a los gobiernos de turno que desfinanciaban las universidades públicas. ¿Acaso no vamos a exigirle a este gobierno, y a cualquier otro, que de los ingresos públicos por petróleo, minería e impuestos (que la mayor parte los paga el pueblo de pie) se garanticen los recursos para la educación?
La UCV debe seguir siendo pública y gratuita, y si realmente se quisiera que “los que más tienen contribuyan”, no es imponiendo la privatización ni pechando a ningún sector de los estudiantes: que los grandes banqueros y empresarios –que, como siempre, gozan de opulencia–, paguen impuestos especiales para las universidades públicas, cuyos recursos estén bajo administración de instancias democráticas electas por la comunidad universitaria para tal fin, ¡no en manos del gobierno de turno ni de la opacidad de las autoridades universitarias!
La universidad pública no es de los que hoy estamos aquí, es patrimonio y conquista del pueblo venezolano: organicémonos desde abajo para defenderla
Los planes de las autoridades le están dando la espalda por completo a la lucha por el presupuesto, en lugar de eso, imponen la privatización y, por esa vía, una universidad más restrictiva. Los que dirigen la FCU están, “en representación de los estudiantes”, avalando esa política contra la universidad pública.
La universidad pública es una conquista histórica del pueblo venezolano, eso posibilitó que durante décadas varias generaciones (incluyendo hoy la nuestra) lograran acceder a la educación universitaria. Eso también permitió innumerables aportes al país en las más variadas áreas de conocimiento, así como el pensamiento crítico sobre sus problemas y su realidad. ¡Es una necesidad también del país! Eso es lo que está en riesgo.
¡No seamos la generación que aceptó pasivamente semejante retroceso social! Organicémonos desde abajo, multipliquemos las asambleas que ya se vienen dando, unamos esfuerzos. Pongamos en pie un movimiento que se haga sentir y le ponga freno a estas imposiciones privatizadoras. ¡No a los aranceles!
