Pese a los cuestionamientos que hacen autoridades locales contra el Gobierno central, de ambos lados apuntan a mayor presencia policial y control fronterizo como solución a la grave crisis migratoria que se vive a nivel internacional. Como si se tratase de objetos y no de personas, las autoridades se han mantenido impávidas ante cientos de personas viviendo en la calle, sin refugio, sin ayuda médica ni oportunidades para estabilizar su situación y poder encontrar empleo, entre otras medidas básicas para atajar un problema social profundo que no se soluciona con criminalización y represión, ni mucho menos enfrentando a la población residente con la extranjera. ¡Es urgente un plan de acogida internacional!
Jueves 3 de febrero de 2022
Luego de la marcha que congregó a más de 4.000 personas en Iquique “contra la delincuencia” y por “seguridad”, le siguió una paralización que afectó a casi toda la ciudad. La respuesta del Gobierno fue enviar al Ministro de Interior a sostener reuniones con autoridades locales, anunciando mayor presencia policial. Alcaldes y gobernadores exigen mayor control fronterizo y responsabilizan al Gobierno central, pero de ningún lado se hacen responsables de tomar medidas concretas ante una crisis humanitaria, al contrario, desde las alturas fomentan el racismo y la xenofobia, provocando que sectores de la población residente se enfrenten a migrantes, como lo ocurrido en la ciudad nortina, donde sectores de la ultraderecha del Partido Republicano se pusieron a la cabeza de la convocatoria.
El Gobierno de Piñera partió invitando a las y los venezolanos a Chile y ahora se desentiende de la crisis humanitaria responsabilizando a la oposición. Su ministro de Interior, Rodrigo Delgado, al viajar a Iquique aseguró tener fijada una agenda con gremios, juntas de vecinos de distintas comunas, con el alcalde de Iquique, gobernador y delegado, y también la realización de una capacitación a Carabineros. La línea es levantar toda una campaña criminalizadora, racista y antiinmigrantes, poniendo como solución mayor represión, desconociendo que esta crisis social tiene escala mundial, con tremendos movimientos migratorios desde países pobres y saqueados por las trasnacionales del llamado “primer mundo”. No es solo Chile, es la frontera de EEUU y México, es Centro América, y también es la gente muriendo ahogada en el Mar Mediterráneo escapando del desastre bélico de la OTAN y EEUU en Medio Oriente.
Por su parte, alcaldes de comunas del norte, gobernadores y delegados mantienen una línea de responsabilizar al Gobierno central, apuntando a un abandono y falta de recursos, pero también cayendo en estigmatizaciones y en una indiferencia ante la crisis humanitaria. La alcaldesa de Tocopilla fue clara en señalar que las autoridades del norte llegaron a un “acuerdo” que contempla no facilitar recintos municipales como albergues, ni presupuesto municipal, “ya que los municipios administramos pobreza. Por lo mismo, tener que sacar de ese presupuesto para tener que atender a otras personas que lamentablemente han venido a ensuciar y generar desórdenes, no”, manifestó a El Mercurio de Antofagasta. En la misma línea está el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, quien tiene una posición totalmente displicente con las y los migrantes, manifestando que se deben preocupar del bienestar de las personas de la comuna; es decir, algunos seres humanos son de primera categoría y otros de segunda. Para el “progresista” gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, el Gobierno debe retomar los “programas de contención de migrantes”, limitándose a interponer recursos de protección contra el Gobierno, pero sin tomar las riendas ni proponer medidas en una región con ingresos exorbitantes y recursos que podrían perfectamente permitir llevar adelante un plan integral de acogida internacional y humanitario. ¿Acaso faltan recursos en el norte del país, donde grandes mineras y transnacionales saquean y elevan sus ganancias?
En septiembre de 2021, cuando en Antofagasta veíamos a cientos de migrantes en el terminal de buses, llegando de travesías de semanas, arriesgando sus vidas y presenciando la muerte de sus compatriotas, ingresando por pasos no habilitados como en Colchane, caminando kilómetros y kilómetros por el desierto para poder ingresar a Chile y llegar a alguna de sus comunas del norte; el gobierno regional de Antofagasta anunció un fondo para poder implementar medidas básicas: instalación de refugios, atención médica y sanitaria por la pandemia, toma de PCR, entrega de alimentación, facilitación de transportes, entre otras. Pero es importante señalar que esta medida la implementaron luego de semanas de indiferencia, donde fueron integrantes de “ollas comunes” quienes estuvieron garantizando alimentación a las personas que llegaban al terminal de buses. Esta solidaridad también fue tomada desde el Sindicato Siglo XXI- compuesto mayoritariamente por mujeres y migrantes que cumplen labores de aseo, lavandería y mantención en el Hospital Regional de Antofagasta-, cuyos trabajadores/as realizaron una marcha hasta el terminal donde les entregaron almuerzos y apoyo a las y los migrantes. Recién luego de esto, las autoridades atinaron a implementar medidas básicas.
Sin embargo, esas medidas fueron establecidas solo por un plazo de tres meses. Actualmente, los refugios están cerrados, no hay control sanitario, ni transporte, ni ningún plan serio que pueda ir descongestionando el problema que conlleva tener a personas viviendo en la calle, sin trabajo ni ingresos, sin oportunidades ni apoyo. La delincuencia que se genera en ciertos sectores- porque es un estigma y falsedad vincular como iguales la migración con la delincuencia-, o problemas de drogadicción en jóvenes, es un producto de estas miserias, de la violencia que es subsistir sin un horizonte ni un futuro, ante lo cual jamás ha sido una solución la criminalización; al contrario, si no se comprende como un problema social estructural, consecuencia de este sistema capitalista y desigual, el resultado será el enfrentamiento entre pueblos, entre trabajadores, entre pobres, mientras los dueños del país siguen aumentando sus ganancias y los ricos se hacen más ricos. El norte es tierra de migrantes, construido a sangre y sudor de miles de chilenos y extranjeros, parte de una misma clase trabajadora, empobrecida y explotada por capitalistas nacionales y también extranjeros como BHP de Cerro Colorado, o Anglo American y Glencore, dueños de Collahuasi, los que se han enriquecido durante décadas y décadas, manteniendo a la población sin derechos básicos como la vivienda, la salud y educación de calidad, o pensiones dignas. ¿Dónde están los verdaderos enemigos?
Lo que se requieren son medidas de fondo, la implementación de un plan de acogida internacional, que sea integral y humanitario y que contemple: albergues gratuitos transitorios y de buena calidad, atención de salud y control sanitario, alimentación, oportunidades de empleo, regularización de la situación migrante, que implique la entrega inmediata de visas laborales para poder trabajar, la convalidación de títulos universitarios, entre otras cuestiones básicas, planteadas también por organizaciones migrantes.
Es el Estado el que debe responder ante esta crisis social y recursos hay, partiendo por las exorbitantes ganancias de las grandes mineras. Si se implementaran medidas como impuestos extraordinarios a las grandes empresas y grupos económicos, se podrían obtener recursos rápidamente y no solo financiar un plan de acogida internacional como el mencionado, sino que también responder a las necesidades sociales de la población en su conjunto.
