Los cuestionamientos a la concesionaria Siglo XXI se profundizan. ¿Pero basta con cambiar de concesionaria?
Jueves 8 de agosto
En los últimos meses la concesionaria del Hospital Regional de Antofagasta, la empresa Siglo XXI, ha estado en el ojo de las críticas a raíz de la filtración de agua que afectó a varios pisos y servicios del hospital, que su caso más grave fue el servicio de laboratorio que quedó inutilizable y significó una afectación considerable de la atención de pacientes.
Desde ahí distintas autoridades sanitarias, parlamentarios y dirigentes gremiales han centrado sus críticas en la concesionaria, especialmente en el contrato de la concesión, ya que le permite mucha “libertad” en torno a la gran cantidad de servicios concesionados y la poca posibilidad de sanciones en caso de incumplimiento. Su solución: modificar el contrato de concesión o incluso cambiar de concesionaria.
No cabe duda que el contrato es particularmente beneficioso para la empresa Siglo XXI, de hecho dentro de los 4 hospitales concesionados, el de Antofagasta es el que más servicios se entregaron a la empresa privada. Pero los problemas “operacionales” entre hospital-concesionaria y en relación a la precariedad laboral existen en todos los hospitales concesionados, solo que en Antofagasta su visibilidad ha sido mayor tanto por lo negligente de la empresa como por la constante acción y denuncia del sindicato de trabajadoras y gremios de funcionarios. El conjunto del sistema de concesiones hospitalarias es un problema, que permite una nueva forma de privatización en la salud pública, fomentando el trabajo precario, solo para gestar un nuevo negocio empresarial. Esta política que partió en el gobierno de Bachelet, hoy tiene continuidad en el gobierno de Boric, y parlamentarios como Pedro Araya y Sebastian Videla pretenden mantener.
Pero las concesiones hospitalarias es solo la última muestra de la privatización en la salud, el problema es sin duda más profundo. Es que en dictadura se abrió un nuevo nicho de negocios con los derechos más básicos de la población, dentro de eso la salud, con lo que se inició todo un mercado y se instaló una lógica neoliberal. Se forman las Isapres, crecen las clínicas privadas, se precariza el sistema público desfinanciandolo y fragmentandolo. En el sistema de salud chileno actúan grandes holdings empresariales (como BUPA, UnitedHealth Group o Cámara Chilena de la Construcción), varios de capitales extranjeros, que manejan Isapres, clínicas, mutuales, laboratorios, etc. quienes se hacen millonarios a costa de la salud de la población, del bolsillo de cada trabajador cobrando grandes precios para la atención en clínicas, o como quedó demostrado con la masiva estafa de las Isapres a sus afiliados (que el gobierno les hizo un verdadero perdonazo) y también por medio del traspaso de fondos públicos.
Podrán cambiar contratos, pero todo el régimen político defiende este sistema de salud, que es la raíz del problema, es el marco que permite todos estos abusos hacia el pueblo trabajador (tanto usuarios de la salud pública y privada, como a los trabajadores de estos). Si realmente queremos avanzar en un sistema de salud acorde a las necesidades de la población, debemos tener un sistema nacional único, que termine con las Isapres y empresas concesionarias, que transforme al sistema privado de clínicas, centros de consultas, mutuales y farmacias a la red pública. Lo que implica necesariamente más financiamiento, acabando con la lógica neoliberal de la “responsabilidad fiscal” que solo significa reducir el financiamiento. Y por supuesto un cambio en la gestión del sistema, hoy en manos de tecnócratas o empresarios, pasando hacia la gestión democrática de sus mismos trabajadores y usuarios.
