Tucumán. ¿No hay plata para la cláusula gatillo?: te contamos por qué no es cierto

“Que paguemos ahora la deuda de la cláusula gatillo es algo que desgraciadamente no está en las posibilidades económicas de la provincia”, decía horas antes de la reunión paritaria la Ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse.

"Esto ya lo dijo el Presidente, en Argentina no hay más cláusula gatillo" dijo Manzur en un acto refiriéndose a que desde nación también avalan el ajuste.

Al igual que el gobierno nacional, que pide solidaridad a los trabajadores y jubilados mientras baja las retenciones a las empresas mineras y dejar intactas las alícuotas de retención a las exportaciones para la mayoría de los productos; el gobierno provincial sostiene que no puede pagar la cláusula gatillo al mismo tiempo que mantiene un flujo de transferencias al sector privado que en 2019 se presupuestaba en más de 9000 millones de pesos.

Esta cifra incluye los subsidios al transporte –a pesar del constante aumento de tarifas por encima de la inflación-, subsidios directos a empresas de call centers y a la educación privada, entre otros. Un monto similar a los casi 10 mil millones de pesos que el gobierno estima representaría pagar la cláusula gatillo hasta diciembre.

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Al mismo tiempo el gobierno provincial sostiene hace años un régimen de alícuota cero en impuesto a los Ingresos Brutos para la producción de limón, azúcar, soja, maíz y trigo, entre otros. No hay información oficial acerca de cuántos millones de pesos se ahorran los grandes productores agrarios y cuánto deja de recaudar el Estado provincial por este regalo del gobierno a empresarios que vieron multiplicar sus ingresos por exportación con de cada devaluación que carcome nuestros salarios.

Si son los trabajadores de la cosecha los que generan toda esa riqueza de las exportaciones, ¿no merecen que sus hijos tengan escuelas de estructuras ejemplares? ¿No merecen acaso tener hospitales en las mejores condiciones? ¿Por qué deben soportar comedores escolares donde se destinan 16 pesos por alumno?

Como reconoció la Secretaria de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, el ajuste sobre a los salarios estatales fue una directiva del gobierno nacional en línea con las exigencias de los acreedores de la deuda externa, que quieren garantizarse con nuestros salarios la continuidad del negocio especulativo.

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Los vencimientos de deuda de este año equivalen a la construcción de 74 mil jardines de infantes. También se asemejan al costo de construcción de 485 hospitales de 200 camas, 1 millones de viviendas individuales de 2 dormitorios o 774 mil de tres dormitorios.

También los vencimientos equivalen a que se realice un aumento de $ 30 mil mensuales (más el aguinaldo) a 6,4 millones de trabajadores.

Si ese dinero no se destinara a pagar esa deuda solucionaríamos buena parte de los problemas que hay en el sector de salud, en las escuelas y en los sueldos de los estatales y docentes en todo el país.

La deuda externa contraída es fraudulenta ya que ni siquiera paso por el Congreso; tampoco se investigó la cantidad de ilícitos que tiene ese acuerdo. Deuda que el gobierno de Fernández junto con todos los diputados del peronismo y cambiemos decidieron avalar.

¿Por qué entonces deben ser los docentes, los trabajadores de la salud o los estatales quienes deben pagar todo el ajuste que manda el FMI?

Más tarde o más temprano, si no se rompe con este mecanismo de dominación, ellos siempre se llevan la mejor tajada de una riqueza social que generaron otros: el pueblo trabajador que termina pagando el ajuste.