ATACA (Asamblea de Trabajadorxs Autoconcocadxs de la Cultura Argentina), emite una declaración sobre la precarización en la cultura y denuncia el rol de los sindicatos, las patronales y el estado frente a esta situación.
Jueves 17 de febrero de 2022 23:13
Reproducimos la denuncia exhaustiva que expone ATACA en sudeclaración del 16 de febrero del corriente año donde nombra diferentes ejemplos sobre la acuciante situación del sector cultural.
La cuarentena sufrida durante el año 2020 arruinó la vida de la mayoría de las personas: se incrementó el analfabetismo y el hambre de niñxs y jóvenes (las escuelas, además de depósitos de cuerpos minorizados y guarderías para que lxs trabajadorxs podamos ser explotadxs por el Capital, en su gran mayoría son comederos), fueron empujadxs al suicidio centenares de adolescentes y adultxs, fue notable el deterioro de la salud física (todo lo que no era “covid” fue eliminado de la atención sanitaria) y mental (depresión, ataques de pánico, etc.) de personas de todas las edades y clases sociales…
En el caso de lxs trabajadorxs el cierre compulsivo de actividades económicas generó desocupación y, entre quienes siguieron trabajando, mayor precarización y superexplotación (en muchísimas biografías fue/es una sumatoria infernal de precarización y superexplotación). Entre lxs superexplotadxs es menester recordar a quienes el Estado les cargó la pesada mochila de trabajar en “actividades esenciales”. Entre lxs trabajadorxs precarizadxs –y no mencionamos aquí a quienes antes del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) trabajaban de manera informal, “en negro”, que a partir de marzo de 2020 fueron obligadxs por el Estado a pasar hambre– vale mencionar en particular a quienes trabajamos de manera “remota” desde nuestros hogares.
Quienes integramos ATACA somos trabajadorxs de cultura: la mayoría trabajamos en museos públicos, algunos dependientes del Estado nacional y otros del Estado de la ciudad de Buenos Aires y de la Universidad de Buenos Aires. Los museos estuvieron cerrados durante el ASPO. En junio de 2020, desde ATACA impulsamos un relevamiento para saber si entre el 20 de marzo y el 30 de junio de 2020 hubo “despidos de trabajadorxs en relación de dependencia”[i]. El relevamiento arrojó el siguiente resultado en la ciudad de Buenos Aires:
En el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), organismo desconcentrado del Ministerio de Cultura de la Nación, fueron despedidxs 10 trabajadorxs de seguridad, todxs “tercerizadxs” por medio de la empresa Maguen Protección SRL.
En el Museo de Arte Moderno (MAMBA), dependiente del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, fueron despedidxs 12 trabajadorxs, todxs “monotributistas” que desempeñaban tareas como educadorxs, consejerxs de niñxs, guardias/cuidadorxs de sala, y en las áreas de producción y eventos.
En el Teatro Colón, ente autárquico del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, fueron despedidxs 25 trabajadorxs, todxs “tercerizadxs” por medio de la empresa Goliardos SRL (Eternautas) que trabajaban en visitas guiadas.
En el informe del relevamiento además destacamos que, a nivel nacional, recibimos información sobre “trabajadorxs monotributistas a quienes la patronal obliga a facturar por menos del monto acordado antes del ASPO, pese a que siguen desempeñando tareas desde sus hogares y con la misma carga horaria y de trabajo (modalidad ‘home office’); y trabajadorxs eventuales (‘talleristas’) que al estar vigente la prohibición estatal de dar clases de manera presencial no pudieron seguir trabajando”. También “señalamos que pasada nuestra convocatoria, en el preciso momento en que comenzamos a elaborar esta declaración, nos llegó la información de que desde el 1/7/2020 117 trabajadorxs están sin trabajo ya que fueron despedidxs (‘no renovación de contratos’ en el eufemístico lenguaje de la Patronal) por la Municipalidad de Córdoba; lxs trabajadorxs desempeñaban tareas en la Secretaría de Cultura y Educación, algunxs de ellos en el Centro Cultural España Córdoba y en el Museo San Alberto”[ii].
Es cierto que durante el ASPO muchxs trabajadorxs estatales (de museos entre ellxs) siguieron cobrando sus salarios sin trabajar (aún hoy varixs de ellxs siguen cobrando sin trabajar)[iii], pero también otrxs trabajamos aún más precarizadamente gracias al “teletrabajo” y además algunxs fuimos superexplotadxs. Así, quienes conservamos el patrimonio fuimos periódicamente a los museos y otrxs (trabajadorxs de comunicación y de curaduría, etc.) trabajamos diariamente desde nuestros hogares. Nuestra “vida” –todo eso que está por fuera de la esclavitud asalariada– fue devastada por el Estado, la Patronal y el Sindicato. La patronal, gracias al Estado y a la complicidad sindical, nos obligó a vivir pendientes del trabajo (además del monotema “evolución de la pandemia de coronavirus”) las 24 horas del día durante todos los días de la semana (“24×7”): desde incluirnos imperativamente en “grupos de whatsapp” laborales[iv] y recibir llamados telefónicos a cualquier hora hasta tener que trabajar con nuestras herramientas personales (computadoras) y ahorrándose la burguesía (estatal o no) el gasto laboral que le corresponde (servicios de Internet, electricidad, etc. fueron pagados de nuestros salarios). Para quienes vivimos en lugares pequeños y/u oscuros y/o tenemos hijxs (que estaban todo el día en el hogar y se “educaban” de manera remota) la situación nos dejó con un agotamiento mental, emocional y físico inconmensurable.
Nos interesa destacar que el 17/3/2020, dos días previos al decreto de confinamiento obligatorio de toda la población, el Estado publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución 21/2020 –dictada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo– que facilitó la inmediata implementación del “teletrabajo”. Adrede, la Resolución 21/2020 eximió a la patronal de cumplir con las exigencias en torno del teletrabajo contenidas en la Resolución 1552/12: “ARTÍCULO 2°.- Establécese que la Resolución de esta SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) N° 1.552 de fecha 08 de noviembre de 2012 no resulta aplicable a los supuestos de excepción previstos en el artículo 1° de la presente”[v]. Cuando más necesaria para “beneficio” de lxs trabajadorxs era la efectiva aplicación de la resolución del año 2012, el Estado se encargó de recordarnos que siempre se puede estar más explotadx y dominadx y cumplió con una de sus funciones primordiales: facilitar las condiciones de realización de la explotación capitalista (la otra función fundamental se deriva del ejercicio del monopolio de la violencia, que durante el ASPO se llevó a cabo de manera extensiva e intensiva, desapariciones de personas incluidas). En efecto, la patronal no sólo debía proveer la computadora para trabajar de manera remota sino también silla ergonómica, botiquín de primeros auxilios y otros instrumentos[vi]. Los sindicatos –como corresponde a su condición de aliada de la patronal en pos de la conciliación de clases– no protestaron, es decir: avalaron la superexplotación laboral de lxs teletrabajadorxs.
Adicionalmente, en 2020 los salarios volvieron a perder contra la inflación. Como dice el refrán popular: sobre llovido, mojado. Nuestros paupérrimos salarios, ya insuficientes en 2019, tuvieron que ser utilizados para arreglar nuestras computadoras que usábamos (aún hoy usamos) para trabajar, para pagar el consumo de Internet y de electricidad que también se utiliza/ba para trabajar[vii], y para pagar los alimentos que siguieron aumentando con prisa y sin pausa. La caída del poder adquisitivo “encadenó su tercer año seguido en rojo, perdiendo casi 20% desde comienzos de 2018. Por su parte, en el promedio anual –más relevante para el análisis económico– el deterioro del salario real registrado fue de 3,2% en 2020. Más allá de qué porcentaje se analice, se observa una clara tendencia general: los trabajadores perdieron poder de compra sistemática y constantemente en los últimos tres años, en un primer momento por la disparada del dólar y en una segunda instancia por la profundización de la crisis económica que generó la pandemia”[viii].
Al igual que con el empeoramiento de nuestras condiciones laborales, los sindicatos no sólo avalaron sino impulsaron el deterioro del salario real: al comienzo del ASPO pactaron de buena gana con las patronales la reducción salarial[ix]. Para lxs trabajadorxs de cultura en relación de dependencia que facturamos como monotributistas la situación fue peor: por ejemplo quienes trabajamos en museos dependientes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2020 recibimos un miserable 11% de “aumento” frente al 36,1% de inflación anual y en 2021 un 14% versus el 50,9% de inflación anual… ¡desconociendo incluso lo pactado por el jefe de gobierno de la ciudad y el secretario gremial de SUTECBA![x]
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Hemos visto que las condiciones laborales se precarizaron aún más durante la vigencia del ASPO: en 2021 siguió por la misma senda de precarización. También la carestía de vida se profundizó en 2021, con salarios e ingresos mensuales por debajo de la inflación acumulada.
En lo que respecta a lxs trabajadorxs de cultura cuyo empleador es el Estado nacional, la situación salarial es aún peor: a partir de enero de 2022 a quienes no estamos afiliadxs a las organizaciones burguesas (llamadas “sindicatos”) ATE y UPCN se nos descuenta como “aporte extraordinario solidario” el 0,5% de la renumeración bruta mensual. Como se indica en el acta paritaria, el “Aporte Extraordinario Solidario” es a pedido de ATE y UPCN. De “solidario” no tiene nada este pillaje sindical, ya que es un «aporte» compulsivo, no voluntario[xi]… Otra curiosidad del acta paritaria es que esta vez ATE firmó en conformidad junto con UPCN, no “en disconfirmidad” como venía avalando últimamente el empeoramiento de las condiciones laborales y salariales de lxs trabajadorxs…
El acta paritaria dice que “el Estado empleador actuará como agente de retención del Aporte Extraordinario Solidario”, fondos que serán depositados “a la orden de las organizaciones gremiales signatarias” del convenio colectivo de trabajo (ATE y UPCN) “en la cuenta bancaria que las mismas indiquen”. Este vagón de guita mensual quitado por la fuerza a lxs trabajadorxs que no estamos afiliadxs a ningún sindicato es para que las “organizaciones gremiales signatarias” la usen para lo que les parezca, “entre otros fines [para] asesorías de empleo público”[xii]. Es decir: el dinero expropiado a quienes trabajamos y no estamos afiliadxs será usado a discreción según los criterios de los sindicatos, ya sea para engordar las panzas de los gordos y gordas sindicales (“burócratas” según la jerga de izquierda), ya sea para inyectar dinero a sus emprendimientos empresariales (UPCN es dueña de “Accord Salud”, medicina privada prepaga, por ejemplo), etc.
Repudiamos este acto de pillaje sindical convalidado por el Estado empleador. Particularmente repudiamos a ATE, que se la pasa diciendo que su sindicato (al igual que la central sindical a la que está adherida, CTA) no es “ni del gobierno ni de los patrones”: cada día que pasa evidencia que es del gobierno y de la patronal (que en el caso del Estado es la misma cosa, ya que el Gobierno es la Patronal).
Por otro lado, y también con la complicidad sindical de ATE y UPCN, el Ministerio de Cultura de la Nación viene exigiendo a lxs trabajadorxs que presentemos el certificado de vacunación contra el Sars-Cov-2. A todas luces, esta es una atribución ilegal, ya que para trabajar las normas jurídicas vigentes no obligan a presentar un “pase sanitario” (certificado de vacunación). En efecto, la “Decisión Administrativa 1198/2021” publicada el 13/12/2021 en el Boletín Oficial obliga a presentar el certificado de vacunación si se asiste a ciertas “actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario”, a saber: “a. Los viajes grupales de egresados y egresadas, de estudiantes, jubilados y jubiladas, o similares. b. Las actividades en discotecas, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados. c. Las actividades en salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados. d. Eventos masivos organizados de más de MIL (1000) personas que se realicen en espacios abiertos, cerrados o al aire libre”[xiii]. En consecuencia, para trabajar no es necesario acreditar que se está vacunado contra el coronavirus. La vacunación contra el Sars-Cov-2 no es obligatoria en la República Argentina. Aun así, la mayoría de la población se vacunó de manera “voluntaria”: en la ciudad de Buenos Aires el 90% de la población mayor de 3 años tiene el esquema completo de vacunación, el 94% tiene al menos una dosis y el 54% tiene una dosis de refuerzo[xiv]; en la provincia de Buenos Aires el 82% de la poblacion mayor de 3 años tiene el esquema completo de vacunación, el 93% tiene al menos una dosis y el 35,50% tiene una dosis de refuerzo[xv]. Al mismo tiempo, quienes están vacunadxs pueden contagiarse de coronavirus, al igual que las personas no inoculadas.
No cabe duda de que esta ilegal medida (exigir a lxs trabajadorxs el certificado de vacunación) busca generar recelos entre lxs trabajadorxs, favoreciendo la caza de brujas de quienes no se inocularon. Esta persecución civil y laboral se inserta en el más amplio mecanismo de control social que implica la presentación del certificado. Ejemplo de esto es la medida del gobierno peronista de la provincia de Santa Cruz, que impuso como condición para tener clases presenciales en todos los niveles educativos la obligación de presentar el certificado de vacunación[xvi] incluso en lugares donde no hay circulación del patógeno. Así, por ejemplo, en El Chaltén, donde hay cero casos (sí, ningun caso) entre la población, la totalitaria medida deja sin clases presenciales a niñxs no vacunadxs y que no tienen covid.
Estamos en presencia de una suerte de apartheid sanitario que restringe derechos ciudadanos fundamentales, como en el referido caso de la educación. Este cerco sanitario que restringe y hasta anula derechos humanos básicos también se está exigiendo para trabajar, como ocurre en diversas provincias de Argentina y en toda Italia y Austria.
El Estado argentino, también por medio del Ministerio de Cultura, está exigiendo el “pase sanitario” para actividades recreativas no contempladas en la mencionada “Decisión Administrativa 1198/2021”. Así, desde el 10/2/2022 y “para seguir cuidando la salud y la seguridad de todos y todas”, se exige el “Pase Sanitario a las personas mayores de 13 años que quieran recorrer el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur”[xvii]. Ninguna duda cabe de que es una medida ilegal. Pero aun si fuera legal, la medida expresa la exacerbación totalitaria, ya que los museos nacionales son mausoleos a los que no va ni siquiera un alma… Esta medida aplicada por el Museo Malvinas muestra esplendorosamente (aunque también patéticamente) la vocación autoritaria de control social del Estado que quebranta la propia ley estatal sobre la “prevención” del covid (la mencionada decisión administrativa 1198/2021).
Hicimos hincapié en lo “legal” pero esto no significa que todo lo legal esté “bien”. Así, como hemos referido, es “legal” que a quienes no estamos afiliadxs a los sindicatos ATE y UPCN se nos esquilme una parte del salario, pero no deja de ser un acto de pillaje: en el medioevo el señor feudal se apropiaba de parte del fruto del trabajo de lxs siervxs de la gleba, una medida absolutamente “legal”, pero no dejaba de ser un acto de pillaje; también la esclavitud de personas fue legal en el capitalismo.
Invitamos a lxs trabajadorxs a auto-organizarse por fuera de las estructuras sindicales, a fortalecer los lazos de camaradería, a resistir el ataque permanente del tridente Estado-Patronal-Sindicato para que no sólo dejen de pegarnos abajo sino para empezar a atacarlos.
ATACA
16-2-2022
[i] Cuando lanzamos el relevamiento definimos quiénes son trabajadorxs en relación de dependencia: “ATACA considera que son trabajadorxs de cultura en relación de dependencia aquellxs que reciben un salario/remuneración/ingreso mensual por el trabajo desempeñado no ‘ocasionalmente’/’eventualmente’. Esto incluye a trabajadorxs explotadxs ‘en blanco’ (contratadxs por tiempo indeterminado, con ‘estabilidad laboral’, ‘de planta permanente’) o bajo los términos establecidos en las diversas modalidades de contratación ‘precarias’ (asalariadxs con contratos de trabajo ‘a término’ –generalmente anuales–, de ‘planta transitoria’; formalmente no asalariadxs como lxs ‘monotributistas’; ‘tercerizadxs’/’externalizadxs’; ‘trianguladxs’ –vía ‘fundaciones’, ‘organismos internacionales’, etc. –), etc., que realizan tareas habituales y permanentes y por ello reciben un salario/remuneración generalmente expresado en dinero. En consecuencia, ATACA considera que es trabajador/a en relación de dependencia toda persona que hace tareas ‘habituales y permanentes’, más allá de la modalidad de contratación que obtuvo, se le adjudicó o le tocó en suerte”. Ver https://laculturanoseachica.wordpress.com/2020/06/24/despidos-de-trabajadorxs-de-cultura-en-relacion-de-dependencia-relevamiento-de-ataca/.
[iii] Sí, destacamos que hubo asalariadxs que siguieron cobrando sin trabajar porque –a diferencia de los sindicatos– no nos interesa hacer una defensa corporativa de la condición asalariada. Más aún, los sindicatos ATE y UPCN defienden a “trabajadorxs” que no trabajan, tareas no realizadas que son absorbidas por otrxs trabajadorxs que generalmente están muy precarizadxs (“monotributistas” o asalariadxs que no son de “planta permanente”) y así son hiperexplotadxs. Sí, el Estado es un paquidermo que no sólo esquilma a la mayoría de la población (vía impuestos –por ejemplo a las “ganancias”, que no son tales en el caso de lxs trabajadorxs ya que el salario no es ganancia–, devaluaciones, inflación, etc.) sino que mantiene parásitos (sobre todo del funcionariado “político”).
[iv] Teléfonos móviles personales, no laborales, que oportunamente pagamos de nuestro bolsillo. Servicio de mensajería (“whatsapp”) que utilizamos gracias a que le pagamos mensualmente a una empresa de telecomunicaciones.
[v] Resolución 21/2020: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/226869/20200317.
[vi] Resolución 1552/2012: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/200000-204999/204726/norma.htm.
[vii] Y no mencionamos la complicación –fuente de disputas conyugales y filiales– de tener que compartir la computadora, la inestabilidad de la conexión a Internet cuando es consumida por más de un dispositivo electrónico al mismo tiempo, el obligar a hacer silencio a otros miembros del hogar cuando se mantenían reuniones laborales por “zoom” o “meet”, trabajar en horarios por demás flexibles y flexibilizados, etc.
[xi] Diferente es el aporte de cuota sindical: quienes están afiliadxs de manera voluntaria a un sindicato hacen un aporte “solidario” al Sindicato.
[xiii] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/254239/20211213.
[xiv] Datos del 15/2/2022 leídos en https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/datos/vacunacion.
[xv] Datos del 15/2/2022 leídos en https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/sala-de-situacion.
[xvii] https://www.instagram.com/p/CZxQoI8veD0/. El Museo Malvinas depende de la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura.
