De conjunto se trataría de una ley que aumenta los procedimientos legales en las escuelas, como una suerte de judicialismo escolar, porque nuevas situaciones y casos se trataría por medio del protocolaje y la mayor intervención de autoridades o equipos directivos. Ahí el lenguaje y los procedimientos son como los del poder judicial.
Viernes 16 de agosto
La nueva ley de convivencia es una ley cocinada entre Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación en manos de Nicolás Cataldo. Este proyecto apunta a promover una forma de gestión para que las comunidades educativas sean espacios de protección y bienestar, fomentando acciones eficientes que ayuden a prevenir y erradicar cualquier tipo de acoso, violencia y discriminación al interior de los establecimientos. Es una ley que resumidamente propone: actualizar reglamentos, protocolos (con nuevas tipificaciones sobre violencia), educación socio emocional y formación para docentes. De conjunto se trataría de una ley que aumenta los procedimientos legales en las escuelas, como una suerte de judicialismo escolar, porque nuevas situaciones y casos se trataría por medio del protocolaje y la mayor intervención de autoridades o equipos directivos. Ahí el lenguaje y los procedimientos son como los del poder judicial. Lo contradictorio, y que muestra muy bien el tipo de política del FA y el PC, es que la ley parte de la necesidad de “proteger” los derechos de los niños y trabajadores, se habla de qué es el racismo, qué es la discriminación racial, de género, pero se busca protegerlos aumentando la "judicializacion escolar". Hablan de derechos, pero los quieren proteger con ajuste económico (menos recursos a la educación) y represión (ley de aula segura y otros dispositivos). Implementar un lenguaje de inclusividad, pero gobernando con las mismas recetas que ya se ha demostrado que son fracasadas.
El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, indica que la ley es "diagnóstico, y pequeñas medidas, que hace falta un presupuesto que sea suficiente para enfrentar el problema". El programa tendría 7 mil millones de pesos en varios años, cuando la gratuidad tiene miles de millones al año. En un sentido tiene razón. La ley de convivencia no significa ningún aumento de recursos para la educación pública. Se quiere enfrentar un problema social sin integralidad, sin medidas concretas para mejorar el servicio educativo. Educación 2020, otra agencia burguesa, indica que no solo aumenta la violencia, sino también aumenta el desgaste físico y mental de los profesores. ¿Cómo un profesor va a aplicar todo el protocolaje que se le exige si ya es un trabajador cansado y agobiado por la crisis educativa?.
[El PC a la cabeza del Mineduc tiene una política de no tocar el modelo educacional segregado basado en la subvención al privado y no ha aumentado los recursos en educación por seguir la sacrosanta política de austeridad fiscal de Marcel y Boric. Y también profundiza el rol autoritario de los cuerpos directivos, por tanto, las comunidades educativas no tienen ninguna facultad ni derecho sobre esta discusión, se le pedirá respetar los derechos por medio de la investigación y la sanción, nuevamente se trata represivamente el final del conflicto social, es decir cuando ya las relaciones estallan y ocurre la violencia. No es ninguna política preventiva y de mejoramiento de la educación pública. No habrá más psicólogos, no habrá más profesores, no habrá mejor alimentación, no habrá derechos democráticos para las comunidades, tan solo: más autoritarismo vestido de progresismo.
Este escenario es nuevo para el movimiento de profesores. La marcha pasada del 7 de agosto que logró poca adhesión en regiones y que se expresó en una marcha de 6 mil profesores, sin lienzos propios, uniformados con banderas blancas, con pocos gritos, pocas expresiones artísticas, pocas consignas concretas. Fue un paro fome, desde arriba, organizado para presionar a los parlamentarios para que voten esta ley y que de esa manera que el dirigente Aguilar obtenga una “ganada concreta”. Una ley reaccionaria.
Anteriormente en los otros paros de profes se sabía por qué marchar y se tenía convicción: el pago de la mención a las educadoras diferenciales, aumentar las horas no lectivas, conquistar bonos de retiro, pagar la inmoral deuda histórica a los profesores estafados por el cambio de sistema previsional o los cuestionamientos a la evaluación docente punitiva. Pero hoy no se sabe por qué luchar. Se sabe que es inaceptable agredir a un profesor, pero ¿Cuál es la agenda docente? Hace falta profundizar en este debate, y junto con oponerse profundamente a esta derecha de la burocracia sindical y del gobierno de Boric, desarrollar una política de recuperación de la educación pública, con aumento de recursos para tener establecimientos de calidad gestionados por sus comunidades y trabajadores de la educación.
Gabriel Muñoz
Licenciado en Historia
