La nueva iniciativa del gobierno sigue el camino pavimentado por el decreto N°265 del 6 de agosto de 2019 del Ministerio de Defensa, el cual permitió la colaboración de las FFAA con autoridades civiles y policiales en el área de logística, transporte y tecnología.
Martes 11 de mayo de 2021
La nueva iniciativa del gobierno sigue el camino pavimentado por el decreto N°265 del 6 de agosto de 2019 del Ministerio de Defensa, el cual permitió la colaboración de las FFAA con autoridades civiles y policiales en el área de logística, transporte y tecnología en relación a las actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional, concentrándose en la actividad fronteriza de la zona norte del país con Perú y Bolivia.
Dicho proyecto generó polémica por su inconstitucionalidad, de forma que terminó siendo restringido por la Contraloria, resultando restringido el accionar de las FFAA sólo al apoyo mencionado, sin realizar funciones propias de otros órganos estatales y siendo dicho apoyo sometido a evaluación y decisión obligatoria del Ministerio del Interior en coordinación con el Ministerio de Defensa para evitar decisiones autónomas de los uniformados.
El oficialismo planea ampliar las funciones de las FFAA con un nuevo decreto N°265, lo cual permitiría mantener castrenses apoyando a la policía en materia de seguridad en la denominada “macrozona sur”.
Se justifican en la idea de que la violencia en la zona ha aumentado exponencialmente en el último tiempo y hay necesidad de paz, pero su solución básica y sin reflexión crítica plantea como la única opción una creciente militarización para demostrar el supuesto poder de un gobierno deslegitimado totalmente. Desde el año pasado ha habido un aumento del 160% en hechos de violencia rural en la zona, siendo el delito que más aumentó la “usurpación de terreno”. ¿Una casualidad? Para nada.
Es fácil hacer oídos sordos y usar la más que fracasada técnica del “fuego contra fuego” para apaciguar un conflicto de siglos contra las legítimas demandas de un pueblo violentado que se trata de tildar de terrorista. Si ha aumentado la violencia es precisamente por la negativa del gobierno entablar negociaciones con las comunidades mapuche, mientras mantiene su alineación con el empresariado que usurpa el Wallmapu ancestral de nuestro pueblos originarios para beneficio de los ricos en menoscabo del pueblo humilde y la naturaleza de nuestro país.
¿Acaso se les olvida la ola de violencia estatal que no ha disminuido desde el homicidio de Camilo Catrillanca y el intento de encubrimiento por parte del gobierno? La solución del gobierno fue aumentar y modernizar el armamento y los funcionarios de fuerzas especiales en la zona, darles instrucción militar adicional, crear montajes para justificar agresiones racistas contra los mapuche y aumentar los ataques contra civiles y sus comunidades para intimidar y hacer crecer la tensión del conflicto, justificando así una nueva militarización en función de erradicar a los pueblos libres y combativos.
Cada día es mayor el peligro para la democracia que generan las decisiones del gobierno en su intento de hacer flotar hasta el fin de su mandato a Piñera tras su paupérrimo desempeño mediante el respaldo de la fuerza bruta. El director de Chile 21, Eduardo Vargas acierta al afirmar que “Todo partió con el decreto del 2019 que permitió la participación de FFAA en tareas contra el narcotráfico y el crimen organizado, se profundizó durante el estallido social, se agudizó durante esta pandemia y ahora busca un mecanismo para hacerlo permanente”.
Hay que recordar que, pese a un breve periodo de “normalidad” a principios de 2020, llevamos casi dos años desde la revuelta de octubre de 2019 en medio de estados de excepción constitucional que han permitido al gobierno vulnerar los derechos de las personas y acallar las demandas populares.
Las FFAA no paran de sumar fuerza y cada vez su actuar se hace más descontrolado. Piñera adopta cada vez más mentiras y violencia para sobrevivir, mientras vemos episodios insólitos como la renuncia del coordinador de la Unidad de Coordinación de la Macrozona Sur, Cristián Barra, luego de que en una entrevista criticara el descontrol de las Fuerzas Armadas en La Araucanía. Sus dichos son claros “me toca reunirme con ellos como jefes de la Defensa (...) y encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados para decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”.
Condenamos el uso por parte del gobierno de las FFAA en cada oportunidad que se les presenta para agredir y censurar al pueblo ante su inútil manejo y agenda política. El Ejército mata como peón de los grupos adinerados del país, no protegen a la gente ni respetan la democracia, pues son soldados apitutados por el régimen.
¡Fuerza a todos los pueblos combativos en cada rincón del país! Nunca habrá paz sin antes existir justicia. Por más plomo que disparen, nunca mataran las ideas de pueblos libres y dueños de su propia tierra. La unión de los pueblos originarios, la clase obrera y el pueblo al servicio de los intereses y el bienestar de la mayoría no será derrotada por la burguesía con su brutal e insostenible capitalismo.
