El martes 12 de julio, trabajadores y usuarios se concentraron, en la sede central, sita en Avenida Rivadavia 6082 de la Ciudad de Buenos Aires. Fueron recibidos por autoridades que no dieron respuestas a los reclamos, por lo que anunciaron que tomarán nuevas medidas convocando a una manifestación frente a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en Uspallata 3150, el martes 26 de julio a las 11 horas.
Jueves 14 de julio de 2022 15:11
Cerca de las 16:30 horas, del día martes 12 de julio, comenzaron a reunirse en la sede central de la obra social de los empleados del GCBA (ObSBA), sita en Avenida Rivadavia 6082, afiliados, trabajadores, muchos de ellos jubilados, también enfermeros autoconvocados y docentes de la Ciudad, para, a través de un acto de protesta en el lugar, poder visibilizar el vaciamiento de la misma.
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Los recibió Juan Carlos Cela, el presidente de la ObSBA, quien no dio respuestas claras a los reclamos de la falta de prestaciones, el cobro de los copagos, por el restablecimiento de los servicios cerrados, entre muchos otros más. Si bien, intentó desligarse de la responsabilidad del vaciamiento ante los representantes de los afiliados/as, Cela es parte del directorio desde hace más de una década, su responsabilidad es innegable, a raíz de esto, trabajadores y usuarios/as, anunciaron que se tomarán nuevas medidas y que seguirán movilizándose hasta que haya algún tipo de respuesta positiva. Como continuidad de las acciones que vienen llevando adelante, convocan a una manifestación frente a Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Uspallata 3150, el martes 26 de julio a las 11 horas.
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El directorio de la obra social, conformado por 12 miembros, es designado por el gobierno de la Ciudad y compuesto por funcionarios del mismo, junto a la mitad de los miembros, los cuales son propuestos por el SUTECBA. Son ellos quienes deciden sobre la obra social, los destinos de sus fondos y sus deudas. Desde su creación, en el año 2000, mediante la ley 472, el gobierno de Ibarra, en ese entonces, junto a Amadeo Genta, constituyeron la obra social como ente público no estatal, organizada como instituto de administración mixta con capacidad de derecho público y privado, contando con individualidad jurídica y autarquía administrativa y económico - financiera.
La legislación vigente que regula las obras sociales, Decreto 576/1993 y las leyes 23660 y 23661, fueron realizadas por el gobierno de Menem y luego modificadas por otros gobiernos a medida del fraccionamiento y desregulación en el sistema de salud. Garantiza también, la injerencia del estado o los gobiernos de turno e incluso de las patronales en las obras sociales, que deberían ser de las y los trabajadores, mediante figuras legales diversas. En el caso de la ObSBA, la legislación indica que el jefe de gobierno de la Ciudad, es el que tiene la última palabra en cualquier decisión. De esta manera no existe ningún derecho para las y los trabajadores municipales, de la salud y educación, para decidir de manera directa sobre la misma.
“Elegí seguir aportando a ObSBA cuando me jubilé porque era eso o PAMI, que es peor y mira cómo estamos ahora”. Entre los presentes se escuchaban solo reclamos por falta de atención, o la deficiencia de la misma. “Como no pagan a los prestadores, rebotas de médico en médico, de lugar en lugar y es imposible seguir un tratamiento”. “Mi hija es discapacitada y no puede continuar el tratamiento porque se lo niega la obra social”, se escuchaba entre las y los usuarios, en su mayoría mujeres.
Los testimonios reflejan el sufrimiento de pacientes y de sus familias, quienes no tienen otra salida que volcarse a la calle para protestar ante la decadencia de un sistema que debería garantizar el acceso a los tratamientos y la atención que toda y todos necesitan.
Un fondo solidario de las y los trabajadores para garantizar la atención médica, era la idea de los anarquistas y socialistas que formaron los primeros sindicatos en Argentina a principios del siglo XX. Utilizaban dicho fondo también para ayudar a los que quedaban despedidos por participar en huelgas y a los mayores. Nada que ver a los principios por los que velan los actuales administradores y dirigentes sindicales, regulados por el estado e intervenidos por los gobiernos de turno.
En la acción, trabajadores y afiliados, exigen la apertura de los libros contables y que las autoridades realicen una asamblea abierta a todos los afiliados/afiliadas, al actual directorio y a Larreta. Son medidas elementales para saber qué se hace con los aportes y poder tener una voz, la de trabajadores y afiliados/as de la obra social. Pero, para que ObSBA brinde una salud de calidad, es necesario recuperar la misma.
Hace falta que el directorio sea votado por el conjunto de trabajadores y afiliados/as, que sean revocables y tener acceso a los balances e información contable, así como también el control y decisión sobre las prestaciones, las cuales deberían estar en manos de trabajadores y usuarios/as. También, deberían estar bajo esta órbita, la relación con la jefatura del gobierno de la Ciudad, así como el control sobre los fondos que aporta el estado y la patronal. Los asignados/as por el ministerio de salud, deberían ser elegidos por trabajadores y usuarios, porque son los afectados directos, los que hacen funcionar la obra social y, por lo tanto, los únicos que pueden garantizar un acceso a la salud de calidad.