Mendoza. Obispo de San Rafael denunciado por abuso sexual: ¿Qué dijo la Iglesia?

Carlos María Domínguez, obispo de la diócesis de San Rafael en Mendoza, debió renunciar a su cargo tras ser denunciado por "acciones indebidas”. La noticia plantea interrogantes y cuestionamientos sobre el accionar de la Iglesia Católica ante acusaciones de abuso sexual.

Para analizar este escenario, consultamos a Carlos Lombardi, profesor de Derecho Constitucional, especialista en Derecho Canónico y asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, quien ofrece una mirada crítica sobre el rol de la Iglesia en estos casos.

Detalles de las Denuncias contra Domínguez

Según el comunicado del Obispado de San Rafael, la denuncia fue realizada por personas adultas, aunque la prensa estableció que se trataría de acusaciones de abusos sexuales contra, al menos, tres hombres jóvenes de entre 18 y 20 años. Los hechos habrían comenzado con invitaciones a jóvenes de la parroquia durante las celebraciones religiosas. Con el tiempo, el obispo habría intensificado el contacto, invitándolos a diversas actividades y encuentros personales.

En la denuncia se describen "propuestas inapropiadas para realizar gestos físicos bajo el argumento de fortalecer la confianza, incluyendo tocamientos de carácter íntimo". También "juegos de acumulación de puntos que derivaban en supuestos castigos físicos, en donde el obispo tomaba los testículos de los jóvenes”, justificados como formas de generar confianza y prometer fe religiosa.

La renuncia de Domínguez y la respuesta la Iglesia

En su carta de renuncia, Domínguez aludió a "cuestiones de índole personal" y pidió "perdón por lo que hice mal, por lo que no hice y por lo que no supe hacer", sin mencionar explícitamente las denuncias. José Antonio Álvarez, vocero del Obispado de San Rafael, entrevistado por MDZ Radio señaló que el comunicado fue breve para proteger a las víctimas y que la mención de "conductas indebidas" era una forma de suavizar la situación.

Álvarez explicó que, tras la denuncia, el papa Bergoglio aceptó la renuncia de Domínguez, siguiendo los protocolos establecidos. En ellos se establece que un especialista en Derecho Canónico es designado para instruir la causa y verificar la veracidad de las denuncias. Según Álvarez, en primer lugar creen a la víctima y corroboran las declaraciones. Una vez presentada la instrucción en el Tribunal Especial en Roma, éste informa al Papa, quien ordena que se exija la renuncia al obispo. Si el obispo se negara a renunciar, sería destituido. Todo el proceso se desarrolla dentro de la misma institución cuestionada.

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Consultado Lombardi criticó los protocolos de actuación implementados por la Iglesia a partir de las directrices del Papa Francisco. Estos protocolos dicen establecer líneas guías para la investigación de casos de abuso. Lombardi advierte "El peligro que tienen esas guías de actuación es justamente la manipulación a la que son sometidos los denunciantes por lo general católicos de buena fe".

Lombardi señala que, en estos procedimientos, "no se respeta la garantía del debido proceso ni defensa en juicio". Las víctimas, por lo general, no tienen derecho a elegir su propio abogado ni a acceder a información relevante sobre el caso: "En esos procedimientos, en esos protocolos no se respeta la garantía del debido proceso, ni defensa en juicio. Están plagados de irregularidades que, por supuesto, están más a favor de blindar la institución que del derecho internacional, de los derechos humanos y los derechos de las víctimas".

Nos encontramos así con “mensajes publicitarios de puertas para fuera, mientras de puerta para dentro se siguen vulnerando los derechos de las víctimas y, por supuesto, se siguen cometiendo delitos” en palabras de Lombardi.

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Accionar de la Iglesia Católica ante Denuncias: ¿Rapidez o Encubrimiento?

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) destacó la rapidez con la que la Iglesia actuó en este caso, señalando que la denuncia fue realizada a principios de febrero y el obispo ya fue removido y reemplazado. Sin embargo, persisten dudas sobre la orientación de los protocolos y la transparencia en el accionar de la Iglesia, teniendo en cuenta su historial en casos de abuso sexual y encubrimiento a los abusadores.

Es importante recordar el caso del Instituto Antonio Próvolo en Mendoza, donde el obispo designado por el Vaticano para investigar los abusos fue acusado de encubrimiento. Este caso, junto con otros como el de Julio César Grassi, demuestran la doble vara de la Iglesia, que protege a los curas abusadores mientras condena a quienes desafían su doctrina en temas de género y sexualidad.

Para Lombardi, las víctimas de abuso eclesiástico se enfrentan a numerosos obstáculos dentro de la institución. "Las víctimas se enfrentan a una serie de obstáculos que tienen que ver primero con [...] la manipulación a la que son sometidos dentro de la institución eclesiástica que finge estar a favor de las víctimas [...] pero en realidad [...] todo el sistema está preparado para encubrir los curas, para blindar la institución y en contra de las víctimas".

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El Proceso Canónico y la Justicia Civil

Álvarez aclaró que, si bien la Iglesia inició una investigación interna, se trata de un delito de instancia privada y que la justicia canónica no está obligada a hablar con el fuero civil a menos que la víctima presente una denuncia en este ámbito. En caso de que la denuncia se presente en ambos fueros, se produce una "mutua recepción" de las investigaciones y declaraciones.

En el Proceso Canónico, la persona denunciante “No va a poder elegir su propio abogado, sino que la iglesia le va a imponer un abogado autorizado por el propio obispo”. Del mismo modo “solamente va a tener la posibilidad de presentar una denuncia, nada más, no se va a enterar qué declararon sus propios testigos, qué declararon los testigos del cura. Si hubo pericia, ¿qué resultado de las pericias? No va a tener derecho a la información” indica Lombardi. Un mecanismo aceitado de encubrimiento institucional.

En referencia a la “mutua recepción” entre el Proceso Canónico y la Justicia Civil, Lombardi afirma que existe sólo en teoría. “En las declaraciones públicas de la iglesia, sobre todo del Papa Francisco y de algunos obispos declaman públicamente con bombos y platillos que ellos se ponen a disposición de la justicia”.

Por ejemplo, en la denuncia de abuso en el monasterio Cristo Orante “el tribunal ha solicitado información y documentación, pero no la envían y se amparan en el Concordato del año 1966 que firmó la dictadura de Onganía, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoce nuevamente en un fallo dictado en el año 2023”. Por esa razón “con cuenta gotas o prácticamente nada envían, cada vez que la justicia estatal le solicita, información o documentación”.