La línea de apoyo en las Fuerzas Armadas por parte del gobierno sigue su curso, donde el sello antidemocrático y represivo resulta notorio, ante el despertar de sectores del movimiento obrero y sus contundentes métodos de paro y huelga general.
Martes 3 de diciembre de 2019
El chantaje mediático por parte del gobierno, en busca de restablecer la “normalidad” en contraposición a las jornadas de protestas y manifestaciones, es evidente.
La casi duplicación en el número de despidos por “necesidades de la empresa”, el pequeño y mediano comercio afectado, y daños infraestructurales, ha sido la excusa perfecta para Piñera y sus ministros, con el objetivo de recrudecer su política represiva y antidemocrática en contra del pueblo trabajador, que ya va a cumplir casi dos meses de intensas y masivas movilizaciones contra el sanguinario accionar del gobierno, y por la conquista de sus derechos sociales.
Es en este contexto que Piñera ha buscado instalar una agenda de medidas que vayan en contra de la organización y coordinación de las decenas de miles que aún salen a manifestarse en las calles. De ahí la ley antiencapuchados, dotación policial, o el polémico proyecto de ley de militarizar la “infraestructura crítica”, que no tiene otro objetivo que resguardar sectores estratégicos para la estabilidad de su gobierno asesino, que peligra frente a un alzamiento en la subjetividad y métodos del movimiento obrero, como son el paro y la huelga general.
Frente a esto se dio a conocer un borrador presentado por el gobierno a través del Ministerio Interior y el Ministerio de Defensa, a la Comisión de Defensa del Senado, referido a los casos en que se vea implicada la “infraestructura crítica”. De aquí se desprendieron tres mociones: 1) Proyecto de reforma constitucional, que permite el empleo de fuerzas militares en el resguardo de infraestructura crítica. 2) Proyecto de reforma constitucional que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. 3) Proyecto de reforma constitucional que faculta al Presidente de la República para declarar estado de alerta destinado al resguardo de la infraestructura crítica.
La necesidad de perpetuar la estabilidad del régimen de los capitalistas y sus gobiernos se extiende a la cabeza de Piñera y sus ministros, donde la Comisión de Defensa busca anteponerse a movilizaciones de un mayor impacto.
La línea -vía reforma constitucional- de un Estado de excepción camuflado como “Estado de Alerta”, sólo deja de manifiesto el gran temor de la casta política de los empresarios. La movilización de amplios sectores de masas, y un movimiento obrero que bajo la dirección de las burocracias timoratas y claudicantes, se ha mostrado incapaz de mostrar el enorme potencial que tiene para responder a las necesidades estructurales y derechos sociales el pueblo trabajador.
