Uno de los capítulos menos conversados antes del plebiscito era la reforma al sistema político. Con la imposición de mayores pisos para legalizar partidos políticos y mayores castigos contra el “discolage”, los diferentes partidos de oficialismo y oposición, se preparan para discutir una reforma al sistema político con el objetivo de retomar el control de las cámaras y evitar la dispersión.
Jueves 28 de diciembre de 2023
A principios de este año y en el marco del debate constitucional, los diarios de circulación nacional editorializaban sobre la necesidad de modificar las normas que habilitan la constitución de partidos políticos en el país.
En mayo, la Comisión Experta de designados por el parlamento, evacuó el borrador de constitución que hacía carne esa añoranza imponiendo severos pisos para la constitución de partidos, requisitos de porcentajes de votos nacionales para la obtención del cargo y múltiples sanciones contra los “díscolos” o con quienes asuman un cargo parlamentario y luego renunciaron al partido por el cual fueron electos.
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Estas reformas apuntaban a la necesidad que tiene la burguesía y los partidos tradicionales, por recuperar ese aire noventista del binominal donde existían dos grandes coaliciones, disciplinadas y que no discrepaban en los fundamental del modelo.
Cuando en el 2015 se elimina el binominal y se facilita la creación de nuevos partidos, el gran ganador fue el Frente Amplio, que logró meter una bancada de varios diputados en el 2018 cuestión totalmente inédita desde el retorno a la democracia.
Ahora, con el estrepitoso fracaso de la ultraderecha y su proyecto de constitución más neoliberal y conservador, el oficialismo (Frente Amplio y Socialismo Democrático), la derecha y sus centros de pensamiento, vuelven a poner sobre la mesa una reforma al sistema político para acordar mecanismos que terminen con la fragmentación que existe hoy en el parlamento.
Se ha hecho frecuente el concepto de “partidos callampas”, con la doble connotación: partidos pequeños que surgen de un momento a otro y negativo ya que los consideran sin fundamentos y susceptibles de desaparecer.
Pero los grandes conglomerados han puesto el centro del problema de la legitimidad de los partidos en la “transparencia”, es decir: se pusieron una serie de requisitos para que los partidos transparentaron los ingresos y el origen de sus recursos, como si esta gente no fuera lo suficientemente “creativa” para seguir recibiendo financiamiento de las grandes empresas para legislar a su favor sin poder “hacerla piola” como se dice coloquialmente.
El otro problema, los pisos de legalización, no hacen más que burocratizar y servir como traba para poder siquiera participar de las elecciones. De todos los partidos que existen hoy, la gran barrera que deben superar constantemente es justamente las juntas de firmas, que si bien hoy son menor cantidad a las que existían previo al 2016, sigue siendo un enorme esfuerzo que muchas colectividades no logran superar. Elevar aún más los requisitos (que es lo que se está conversando) solo provocará que la distancia entre el “votante” y el “partido” sea aun más abismal ya que muchos trabajadores, mujeres o jóvenes, no se sienten representados por los actuales partidos y ante la falta de alternativas a las cuales votar, la desafección se mantendrá o acrecentará.
Y no es solo un problema burocrático, sino a qué intereses responden los partidos que actualmente poseen representación parlamentaria y por qué un trabajador o un estudiante, o representante de pueblos originarios, tendría interés en militar en alguno de esos partidos si no se siente representado por sus bases programáticas.
Es lo que ocurre en mayor o menor medida en EEUU donde existen solo dos partidos que absorben la mayoría de las “disidencias” (por izquierda o derecha) dando estabilidad al sistema político pero siendo uno de los menos representativos y democráticos del mundo.
Ahora, lo que los grandes conglomerados quieren es volver a la política de los 90, con los “acuerdos” y por la vía de los hechos al binominal. Esta idea no es más que una reedición de las ideas de Jaime Guzmán y compañía. Son parte del intento de la elite política y económica por excluir a la clase trabajadora y los sectores populares de los espacios de representación, negando la posibilidad de constituir sus propias organizaciones y participar de la disputa de los pocos espacios que entrega el Estado para la deliberación popular, relegando la acción política a quienes pueden darse el tiempo y el financiamiento para hacerlo.
Por eso, quienes nos reivindicamos revolucionarios y socialistas, sin tener ninguna confianza en este sistema, llevamos años disputando estos espacios no para ganar uno u otro cargo más, sino porque consideramos que es importante que en todas las instancias, existan voces que representen los intereses de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, que cuestionen y disputen el sentido común que intentan instalar los partidos tradicionales y sus representantes.
Además, luchamos por un programa que apunte a poner fin a ese aparato burocrático que está al servicio de la minoría de grandes empresarios. Una medida básica que planteamos es acabar con los sueldos millonarios en todo el Estado y que todo político y funcionario gane lo mismo que una profesora o un trabajador calificado. Basta de sueldos millonarios. Ninguna de los partidos patronales, ni el FA y el PC están dispuestos a esto, pues se adaptaron completamente a la gestión del estado burgués.
