×
×
Red Internacional
lid bot

Frente Amplio y allanamientos nocturnos. Otra concesión a la derecha

Con las elecciones nacionales de octubre también se plebiscitará una iniciativa de la Coalición Multicolor de habilitar los allanamientos nocturnos. El Frente Amplio ha tomado una posición ambigua, incorporando parte de las lógicas de la derecha y de la visión punitiva que se intenta instalar en la sociedad.

Miércoles 18 de septiembre

El próximo 27 de octubre se plebiscitará junto a las elecciones nacionales la propuesta que impulsó el senador oficialista Carlos Camy de habilitar los allanamientos nocturnos.

Desde La Izquierda Diario ya hemos analizado esta iniciativa1, señalando que básicamente se trata de un nuevo intento de endurecer las políticas represivas y el control social a partir de una visión punitiva sobre los conflictos y las problemáticas sociales.

Nos interesa en esta nota referirnos a como este tema viene siendo tomado por el Frente Amplio en la campaña electoral, fundamentalmente a partir de la declaración de la mesa política del 4 de setiembre y el análisis técnico que elaboró la Comisión de Seguimiento de Seguridad Ciudadana del Frente Amplio como insumo para esa resolución que realizó el Frente Amplio a principios de este mes.

Te puede interesar: Profundizar la represión y el control social

El Frente Amplio toma la lógica de la derecha

En su resolución del 4 de setiembre la Mesa Política del Frente Amplio declara que no acompañará el plebiscito. Sin embargo considerando este documento pero también el informe técnico de la comisión se observa una posición ambigua, donde si bien formalmente toma distancia del plebiscito, se incorpora parte de su lógica señalando entre otras cuestiones que “La reforma propuesta no vulnera, en principio, las obligaciones en materia de respeto, protección y promoción de los derechos humanos asumidas por nuestro país” y que los derechos humanos “siempre pueden limitarse o regularse en aras del interés general”.

El FA parece querer hacer un análisis “técnico” de los allanamientos de manera descontextualizada y sin entenderlo como parte de una visión de la sociedad y de la forma de resolución de los conflictos y problemáticas sociales.

Hace pocos días en una nota de Brecha el sociólogo y docente universitario Rafael Paternain señalaba en relación a la iniciativa a plebiscitar “La hegemonía conservadora, el consenso punitivo, ha llegado a su mayor nivel de condensación. Por arriba y por abajo, nadie se sale del guión. Para no perder posiciones, se dice lo que se espera escuchar.”

La reflexión le viene como anillo al dedo a las posiciones que esgrime el FA: la propuesta de los allanamientos es parte de una visión punitiva, de endurecimiento de penas, cercenamientos a las garantías y los derechos humanos y aumento de las fuerzas represiva y de sus presupuestos, que además viene siendo (desde la salida de la dictadura en adelante) selectiva hacia los sectores pobres.

Son los pobres los que se hacinan en condiciones inhumanas en las cárceles del país, porque sobre ellos se pone el foco del “delito”. Mientras los grandes ladrones y delincuentes, con claros vínculos con el poder (como se ha visto de manera elocuente en este gobierno) apelan a toda clase se prebendas y privilegios, y tienen impunidad para actuar al margen de la ley, crece una política de mano dura, castigo y aumento de penas para los sectores de la población que realizan actividades delictivas en el contexto de sociedad profundamente desigual, donde no hay trabajo ni oportunidades de vida.

Cualquier análisis técnico que se realice no puede desconocer esta realidad, sino se termina en un análisis parcial que se abstrae de las condiciones sociales y de las políticas hegemónicas que se llevan adelante desde los gobiernos.

De esta manera los informes y declaraciones políticas del FA terminan teniendo una buena dosis de ambigüedad.

Hablar de limitar los derechos humanos o de que los allanamientos nocturnos son instrumentos que podrían utilizarse “en función de una política criminal que debe tener en el centro la defensa de la vida” (como señala la resolución del 4 de setiembre) es hablar en el aire.

Los allanamientos y más en general todas las iniciativas punitivas y de mano dura que se implementaron en los últimos 30 años son parte de una política criminal que pone en su centro la defensa de la propiedad privada, y que van en el sentido de limitar los derechos humanos de los sectores sociales pobres. Los delitos de guante blanco, donde hay sólidos lazos con el poder y las fuerzas represivas, se mantienen entre la impunidad y los resquicios legales que permiten que sigan sucediendo.

Las declaraciones e informes del FA asumen un hecho que el país enfrente un grave problema de seguridad. Esto no deja de ser también una lógica que ha instalado la derecha y que se asume como un hecho básico. Sin embargo los problemas en seguridad (que como tales existen) son más bien consecuencias del modelo social explotador en el que vivimos, perder esta perspectiva es entrar en terrenos peligrosos porque se asume que se trata de “atacar el delito” y no transformar esta sociedad profundamente desigual.

Paternain (que también es frenteamplista) en su nota de Brecha señala que el criterio imperante en los políticos es “hacer lo que las demandas piden; para, de esa manera, estar más cerca de recoger adhesiones de las grandes mayorías”.

Sin dejar de lado que el Frente Amplio prioriza siempre el cálculo electoral en su lógica de “ganar a cualquier costo”, creemos que se trata de problema más grave aún: El FA profundiza en estas elecciones su papel como partido político totalmente integrado al régimen, peligrosamente se acerca a la derecha en temas fundamentales, el de las políticas represivas o en el plebiscito de la seguridad social.

Por algo mientras mandan callar a Carolina Cosse (que con un manotazo de ahogado trató de relativizar la eventual implementación de los allanamientos en un gobierno del FA) dan visibilidad y jerarquía a los “economistas” que salen a criticar el plebiscito de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT.

Al igual que sucede con el plebiscito de la seguridad social donde el FA toma distancia de los movimientos y organizaciones sociales que lo impulsan, con el tema de los allanamientos las posiciones del FA también se diferencian de lo que expresaron un importante conjunto de organizaciones sociales, entre ellas SERPAJ y el Comité de los Derechos del Niño, que sin miramientos señalan el “firme rechazo” a la iniciativa de los allanamientos nocturnos.

En el contexto de las elecciones nacionales, estos posicionamientos del Frente Amplio lo muestran como uno de los pilares del régimen de dominación en conjunto con la derecha tradicional.

Para los militantes y activistas honestos, que aún tienen alguna expectativa con el FA, o lo terminan votando como mal menor, estos pronunciamientos y posicionamientos políticos permiten también sacar conclusiones. Es necesario construir una fuerza política que se oponga en frontalmente y en todos los órdenes a las iniciativas políticas que quieren darle continuidad a este sistema de explotación, ya sea en sus versiones más crudas o en aquellas que quieren ponerle un ropaje más humanitario.