Pese a ser asmática y haber pedido licencia y cambio de funciones, las autoridades le asignaron tareas en la guardia del hospital, exponiendo su vida al contagio del COVID. Pamela tenía 34 años y dos hijos. Otra muerte evitable de la cual el estado es responsable.
Lunes 10 de agosto de 2020 22:54
Hace meses las y los trabajadores del hospital Mi Pueblo de Florencio Varela vienen denunciando la falta de elementos de bioseguridad para trabajar. Ellos mismos se los tienen que comprar. Mientras, las autoridades les niegan las licencias a quienes forman parte de los grupos de riesgo. A esas denuncias le vienen haciendo oídos sordos y el resultado de esa situación hoy nos muestra su peor cara: la muerte de Pamela, joven enfermera de 34 años, asmática contagiada de COVID 19.
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Pamela viajaba 3 horas por día para llegar al trabajo. Tenía 2 hijos. Trabajaba en el hospital desde hacía 5 años, cumpliendo tareas en el quirófano. Con la justificación de reforzar la guardia fue trasladada al sector de emergencias, con la promesa de devolverla a su sector cuando se incorporara nuevo personal, algo que nunca sucedió.
Ante la negativa de licencia por pertenecer al grupo de riesgo (era asmática), Pamela había pedido a sus superiores que se le diera un cambio de tareas, que se le asigne otro puesto de trabajo, consciente de que manteniéndola en la guardia estaban poniendo en riesgo su vida. Los hechos terminaron dándole la razón. Su muerte evitable hoy nos llena de tristeza y rabia.
La bronca recorre los pasillos del hospital. "Ponemos en riesgo nuestra vida por un sueldo de $35.000", " tenés que pelearte para que te den un barbijo", "si el paciente no es un caso positivo, no te dan los elementos; después, muchos lo terminan siendo y ya para cuando nos enteramos, es demasiado tarde", nos cuentan trabajadores que no se animan a dar sus nombres por temor a las posibles represalias. Pero aunque la intimidación de los funcionarios pretenda apagar la bronca, lo único que logra es encenderla cada vez más y potenciarla. "Es muy triste ver que para ellos solo somos un número", "No podemos aceptar que se nos mueran nuestras compañeras de trabajo sin hacer nada".
"Heroes" de palabra, "descartables" en los hechos
Los y las trabajadoras de la salud que componen la primera línea frente a la pandemia son los primeros en sufrir las consecuencias de una política de saqueo del estado y ajuste a la salud pública. Ellos, a los que demagógicamente Alberto Fernandez, Axel Kicilof (responsable máximo de la política de salud de la provincia) y Horacio Rodríguez Larreta llaman "héroes" en conferencia de prensa, hoy el estado los trata como descartables, superexplotándolos con sueldos insuficientes y negándoles los mínimos elementos para protegerlos.
Esta negativa de las autoridades a otorgar licencia a los trabajadores en grupo de riesgo es una decisión criminal que no sólo se está dando en Varela sino en todo el sistema de salud del país, como contaron los y las trabajadoras de la salud en la asamblea nacional del sábado pasado. Pero esa negativa no es casual, es el resultado de la negativa de todos los gobiernos de tomar las medidas que hoy la pandemia vuelven urgentes: destinar recursos extraordinarios para los insumos, incorporar masivamente empleados al sistema de salud, unificar el sistema de salud público y privado, otorgar un salario extraordinario a los esenciales que todos los días arriesgan sus vidas.
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Mientras niega esos recursos, el gobierno provincial otorga rescates millonarios a los empresarios de la salud privada (vaciando la caja del IOMA) y el gobierno nacional, con el aplauso de la oposición de cambiemos, paga con creces la deuda a los fondos buitres que, además de ilegal, es una estafa que anticipa la negociación con el FMI. Estas decisiones tienen consecuencias concretas, porque muchas de las causas de las muertes de los trabajadores de la salud son evitables y los gobiernos son responsables de ellas con sus decisiones.
Solo los trabajadores, organizándonos desde abajo, podemos decir basta a esta situación. Para los ajustadores y sus gobiernos nuestras vidas son descartables. Mientras tanto, los sindicatos miran para otro lado. Es necesario que organicemos comisiones de higiene y seguridad en cada sector de trabajo, con compañeros votados en asamblea que discutan los protocolos y controlen las medidas de prevención, exigiendo equipos de protección personales descartables en cantidad y calidad, testeos para todos, reconocimiento de la insalubridad y que las ART cubran el COVID como parte de las enfermedades laborales. Son medidas elementales, en defensa de nuestra salud, la de nuestras familias y de los sectores populares que el estado debe garantizar. Los sindicatos tienen que ponerse a la cabeza de esta lucha, que se torna de vida o muerte.
La defensa de las vidas de los y las trabajadoras solo se puede lograr con organización, y solo a través de ella podremos imponer estas demandas, como parte de un programa de conjunto que dé respuesta a las necesidades sanitarias y económicas cada vez más dramáticas.
