Se presentó un fondo de emergencia de alrededor de 150 millones de dólares para financiar cirugías en la eterna lista de espera. Sin embargo, aunque se supone que el orden de prelación parte por las instituciones públicas, la realidad llevará los más grandes montos a instituciones militares y privadas.
Martes 16 de febrero de 2021
No es sorpresa que en las crisis los más ricos se hagan aún más ricos, pero no deja de sorprender los medios por los cuales los capitalistas sacan una mayor tajada en estas situaciones y con cuántos medios buscan ocultar sus verdaderas intenciones.
Ahora, el fondo de emergencia transitorio asignado a la cartera sanitaria en el Presupuesto 2021 sería de un total de unos 150 millones de dólares para atender a cirugías en lista de espera. Ésta cifra sería, por ejemplo, menos del doble de lo que licitaría el gobierno recientemente encomprar misiles a EEUU.
En Chile, la problemática de personas que mueren en las listas de espera eternas y en las camillas, en los pasillos de los hospitales en la salud pública etc, es, lamentablemente, una historia más que conocida. Para mayo de 2020 la cifra de cirugías en lista de espera estaba por sobre los 260 mil con un retraso promedio de 348 días para su resolución. Tan solo en 7 meses la cifra ascendió a casi 284 mil cirugías en espera para diciembre, con un promedio de 527 días para su resolución. Estas cifras por sí solas son más que alarmantes.
Una más con Fonasa
El presupuesto de los 150 millones sería puesto por medio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), institución con rol subsidiario que le quita 7% de los bolsillos a la mayoría de la clase trabajadora en Chile. En la misma dirección que el fondo de emergencia ahora presentado, Fonasa no está principalmente dirigida a la salud pública, sino que a servir como caja de subsidio para la salud privada, cubriendo parte de lo que la o el trabajador costean con la compra de un bono.
Recientemente vimos cómo, con una silente jugada del gobierno, se aprobó un proyecto para que se entregue una proporción enorme de ese 7% a las cajas de compensación, entidades privadas, aumentando a su vez el valor bursátil del holding ILC, que además está implicado en las llamadas triangulaciones de Piñera y directamente relacionado con la ministra Zaldívar, quien fue la que dirigió dicho proyecto.
De conjunto, la conclusión preliminar sería que se pretende hacer una inyección de Fonasa a la salud pública y privada -incluyendo hospitales universitarios e instituciones de salud dependientes de las Fuerzas Armadas- como medida a corto plazo y una desfinanciación enorme de Fonasa a largo plazo, generando un problema a la larga aún más terrible, sobre todo porque la prioridad de utilización de estos 150 millones en la práctica no tiene cómo favorecer en mayor medida a la salud pública.
Orden de prioridad: la gran mentira que avanza como caballo de Troya
Veamos cómo se establecería el orden de prelación para la compra de prestaciones: estarían primero los establecimientos dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud que tengan capacidad resolutiva fuera de horarios institucionales, luego hospitales universitarios, establecimientos de salud de las FF.AA. recintos sin fines de lucro y la red de clínicas.
Pero en la política abstracta todo cabe. Cuando entramos a hilar en las condiciones concretas de cada uno de los sectores antes mencionados es cuando se presentan las reales prioridades.
En primer lugar, ¿cuáles establecimientos dependientes del sistema público tendrían capacidad para resolver cirugías en lista de espera? Considerando la pesada carga de la desfinanciación histórica del sector público durante la dictadura y estos últimos 30 años de administración neoliberal, sumado a una crisis actual de proporciones que tiene alrededor de 9 de cada 10 camas de cuidados intensivos en uso, un hospital del tamaño del San Borja Arriarán incendiado y políticas gubernamentales que aumentarían el peligro de contagios en la escuela, la verdad es que los establecimientos en capacidad de resolver cirugías en lista de espera disminuyen bastante.
Luego vendrían los hospitales universitarios, en ésta categoría tenemos al hospital clínico de la Universidad de Chile, por ejemplo, que tiene que autosustentarse. Otro ejemplo sería el Hospital Clínico de la Universidad Católica, que fuera de sorpresas se trata de una institución privada. En el listado figuran además otras instituciones ligadas a las Fuerzas Armadas.
Finalmente se encontrarían las clínicas y el sector privado, pero ese listado de prioridades, como hemos visto hasta el momento, se trata de un orden abstracto. Con el déficit del sistema público llevado a un punto mayor durante la crisis de la pandemia el dinero de este fondo de emergencia se iría a la salud privada de la misma manera en que se van los fondos de Fonasa cuando la única opción de salvar tu vida es pagar por ello y te dicen en los hospitales públicos “mejor vea la opción privada, porque tenemos más de un año de espera para que le puedan atender” o “no tenemos la tecnología o capacidad suficiente en los hospitales públicos, baraje otras opciones”.
Es tan claro esto último, que el director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, Héctor Sánchez, plantea que “lo primero que hay que tener claro que a las personas no hay que seguirlas haciendo esperar, y en lo personal, no tengo ningún problema que la licitación incorpore a los prestadores privados”. Lo dice el director de un instituto de salud pública desde dentro de la educación privada.
Contra el saqueo hasta en la salud
Para acabar con el saqueo en la salud, financiando privados con el dinero de los bolsillos de la clase trabajadora, hace falta un rediseño en profundidad del financiamiento de la salud pública, siendo urgentes la revocación de la última redistribución de Fonasa para financiar cajas de compensación, la eliminación de la lógica subsidiaria en el sistema público y el inmediato uso de este fondo de emergencia para actuar realmente sobre la salud pública.
Necesitamos un plan de emergencia basado en un impuesto a las grandes fortunas y a las mineras que nos han saqueado durante décadas. Este plan debe contemplar la unificación de la red hospitalaria, testeos masivos y planes de viviendas contra el hacinamiento y el contagio.
Para conseguirlo se necesita de la más amplia movilización contra el gobierno, y la puesta en marcha de la masa del pueblo trabajador rompiendo la tregua de las grandes centrales sindicales y confederaciones estudiantiles con el gobierno.
