Para frenar la ofensiva privatizadora de la sanidad: impulsemos la coordinación y preparemos una huelga general de todos los servicios públicos

La falta de financiación y la precariedad el principal incentivo para el avance del negocio de la privada

Los presupuestos en sanidad de todas las Comunidades Autónomas mantienen la Atención Primaria infrafinanciada, lo que está generando una situación de saturación y desbordamiento insostenibles en el primer nivel de defensa de la salud. La mitad de los pacientes que tuvo que pedir cita con su médico de cabecera a lo largo de 2022 tuvo que esperar como mínimo una semana para ser atendido. La relación de profesionales por habitantes es de 0,77 médicos y 0,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes. En comunidades como Madrid, Canarias o Baleares la situación es límite. Según el sindicato de médicos AMYTS, los médicos de familia deberían tener unos cupos de 1.300 o 1.400 pacientes, pero actualmente en Madrid atienen hasta 2.400 lo que se traduce en la atención de 70 u 80 pacientes por día. El Sindicat de Metges en Catalunya también denuncia la carga de 70 pacientes por día. Esta saturación de la Atención Primaria ha hecho que la carga asistencial de los servicios de urgencias haya aumentado un 20% de media respecto a 2019 en todo el Estado, llegando a ser del 40% en algunas comunidades.

Pero la Atención Primaria no es el único nivel donde la falta de presupuestos y el desvío de fondos hacía la gestión privada están haciendo estragos. La falta de financiación y la privatización se han convertido en principios reguladores de todo el sistema de salud. El gasto per cápita que recogen los PGE para 2023 es de 1.808 euros por habitante mientras la media de la UE es de 2.244 euros per cápita. Vemos como esta degradación de los servicios sanitarios ha favorecido el negocio de los seguros privados. En los dos últimos más de 1 millón de personas se ha hecho un seguro privado. Así actualmente, el gasto sanitario público representa un 70,6% del gasto sanitario total, mientras que el 29,4% corresponde al gasto sanitario privado.

La falta de recursos dedicados a la Atención Primaria no es la única causa de su saturación, la precariedad de las condiciones laborales de sus profesionales hace que la Primaria sea un destino que muchos tratan de evitar. En Madrid de 223 plazas de medicina de familia ofertadas 2022 solo se cubrieron 17 a causa de las condiciones de los contratos ofertados. Pero las condiciones de precariedad van más allá de la Primaria, las plantillas de los centros públicos llevan años sufriendo recortes. En todo el Estado español sólo el 47,2% de los trabajadores de la sanidad pública son trabajadores fijos.

Un modelo pensado para privatizar un servicio público

Además, los distintos gobiernos buscan, con la degradación de la sanidad, justificar que las Administraciones recurran a la gestión privada de los servicios públicos. Así, en el Estado español se ha instalado el modelo de gestión de colaboración público-privada en el que algunas comunidades dedican gran parte de su presupuesto a conciertos con empresas privadas. En Madrid, de cada 2 euros del presupuesto sanitario, 1 es gestionado por empresas; Catalunya dedica el 24,2% de su presupuesto a estos contratos; y Baleares el 8,9%. Y es que el inicio de la privatización de la sanidad pública en el Estado español podemos situarlo hace bastante tiempo. Un hecho fundacional de este proceso fue la aprobación de la ley 15/97 es la que abrió las puertas a que pudiese haber otras formas de gestión dentro de la sanidad pública. Un pacto firmado y sostenido desde entonces por PP y PSOE que no ha sido cuestionado por ningún Gobierno ni partido del Régimen político español y que fue asumido en el último Gobierno de coalición PSOE-UP. En todos estos años la privatización se ha extendido a todo el sistema nacional de salud, aunque con mayor o menor ritmo e intensidad según el momento y las distintas Comunidades Autónomas.

Detrás de esta tendencia están los fondos de inversión que controlan las empresas privadas de servicios sanitarios y de seguros de la salud, también los bancos que comercializan estos seguros y que actúan como lobbys sobre los gobiernos autonómicos para que desmantele la sanidad pública con estos dos objetivos: incentivar la contratación de seguros privados y privatizar pedazos del sistema público cediendo la gestión de hospitales, centros de especialidades, pruebas diagnósticas, ambulancias, sistema de citas, etc.

Esta tendencia no ha cambiado en los últimos años, sino por el contrario, muchas Comunidades Autónomas como Madrid han aprovechado el contexto de crisis sanitaria para profundizar el proceso privatizador. Así en los últimos tres años el negocio de los seguros privados ha crecido un 18% en el Estado español. En comunidades como Madrid o Catalunya cuentan respectivamente con un 38,11% y 32% de seguros privados sobre el total de población. La media estatal es del 24,4%. Por su parte, el Gobierno “progresista” tampoco ha tratado de reforzar la sanidad tras la crisis de la Covid. Esto es algo que vemos en los PGE para 2023 los cuales, a pesar del relato progresista, no incluyen un aumento de las partidas sociales en general, ni de la sanidad en particular. En este caso, el presupuesto aumentó un 6,7% respecto los presupuestos de 2022, lo que en un contexto de inflación como el que vivimos no supone un aumento sobre los hechos. Unos presupuestos además cuyo gasto en sanidad contrasta con las partidas dedicadas al gasto militar y rearme imperialista. Por ejemplo, solo el ministerio de Defensa aumenta su partida un 26%, hasta los 12.827 millones. Pero esto ni tan si quiera refleja la totalidad del gasto militar. Toda esta infrafinanciación de la sanidad pública completada con la bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas, que el Gobierno de Rajoy redujo del 23% al 20% con la reforma laboral del 2012 y que no ha sido revertido con la última Reforma de Yolanda Díaz, renunciando a multitud de recursos financieros durante los últimos diez años.

Toda esta situación es la que ha llevado a muchos sanitarios a movilizarse en los últimos meses y a convocar diferentes huelgas que ya salpican muchas comunidades. En Madrid los médicos de Atención Primaria han retomado la huelga indefinida que iniciaron 21 de noviembre. Retoman la lucha ante el nulo avance de las negociaciones del sindicato AMYTS con la Comunidad de Madrid, los médicos de las urgencias extrahospitalarias también protagonizaron huelgas y en esta comunidad y hay previstas varias movilizaciones de trabajadores y usuarios en las próximas semanas.

En Catalunya el 25 y 26 de enero está convocada una huelga de 48h de todo el sistema sanitario. Es la primera de esta ola de movilizaciones en la que se logra una unidad de todas las categorías y se suma además que las y los docentes y personal subcontratado de Educación se han sumado al paro con sus propias reivindicaciones, un gran punto de apoyo para pelear por una lucha conjunta de todo el sector público. También los médicos andaluces iniciaron una huelga indefinida el pasado día 20, y no son los únicos, los sanitarios del País Valencià también anuncian huelgas, en Extremadura hay paros convocados para el 27 de enero.

La defensa del derecho a la salud es parte de la lucha por la defensa de los derechos la clase obrera

La existencia de una sanidad pública, que garantice el derecho a la asistencia sanitaria de los trabajadores y en general de la población es una conquista en Europa que se obtuvo por el resultado de importantes luchas sociales. En el Estado español, la constitución de una Seguridad Social con vocación universal fue una concesión que hizo el posfranquismo en la transición, en los Pactos de la Moncloa, para desmovilizar a la clase obrera española y a cambio de aceptar una devaluación salarial sin precedentes.

Hoy, bajo la lógica capitalista, el Estado español, así como en el resto de los países de la UE y países imperialistas, quieren que tanto la cobertura sanitaria a la población, así como que el gasto sanitario público sean asumidos y gestionados por la iniciativa privada. Esto forma parte de uno de los puntos del pensamiento neoliberal que sostiene que la gestión pública es menos eficiente y más cara.

El derecho a la salud forma parte de las condiciones de vida de la clase obrera, es parte del salario indirecto, no retribuido directamente por los empresarios, impuesto al Estado y financiado con cargo a las empresas y los presupuestos, de forma que se libera una parte del salario percibido por el trabajador para financiar la sanidad porque ya se hace con cargo a las cotizaciones empresariales y mediante impuestos, como ocurre con el resto de servicios públicos educación, dependencias etc... Por este motivo, hay una presión constante de la burguesía para reducir las cotizaciones sociales y, de esta forma, reducir el salario total que perciben los trabajadores. Es por eso por lo que la defensa de la sanidad pública no es una reivindicación corporativa o de un sector de los trabajadores, sino que por el contrario es una cuestión que afecta a toda la clase obrera, como es la lucha por el incremento del salario o contra los despidos. Así, la sanidad y la garantía de este derecho no puede dejarse en manos privadas, tiene que ser pública cien por cien, tanto en la titularidad de los centros como en su gestión.

¡Basta de privatización y basta de precariedad!

La precariedad y la temporalidad del sector público es intensa en el ámbito sanitario, donde las contrataciones temporales y parciales están más extendidas, así como sistemáticamente se dejan de cubrir las plazas vacantes. Todo ello genera una situación de degradación que finalmente culmina con la práctica congelación de salarios, ya que los escasos incrementos salariales no cubren la pérdida del poder adquisitivo, fomentando la huida de parte del personal sanitario a otros países de la Unión Europea que aún conservan mejores retribuciones. Todo esto afecta a la atención sanitaria que se presta, ya que determina una bajada de los efectivos de cada centro de salud, aumentando la ratio de pacientes por médico y la espera en las citas médicas, así como las listas de esperas de las operaciones quirúrgicas.

De esta forma, el deterioro de las condiciones laborales en la sanidad pública se proyecta inmediatamente en la calidad del servicio que se presta, y sirve de coartada para la introducción de la sanidad privada, que se justifica por el malestar de los usuarios caudado por el desmantelamiento del servicio. El deterioro de la sanidad pública no es un hecho fortuito, es una actitud premeditada de las autoridades autonómicas, permitida por el Gobierno Central y auspiciada por la burguesía para atacar el derecho a la salud de la clase trabajadora y a las condiciones laborales de los sanitarios.

Por eso desde la CRT defendemos un programa de medidas de emergencia para atacar los beneficios de las grandes empresas y revertir los recortes enfrentando al gobierno PSOE-UP y de las Comunidades Autónomas.

1. Aumento del presupuesto para la Atención Primaria hasta el 25% en los PGE y en los presupuestos de todas las Comunidades Autónomas, acompañado de un aumento de la partida del presupuesto general en Sanidad hasta alcanzar la media de la UE mediante la imposición de impuestos progresivos y extraordinarios a las grandes fortunas.

2. Aumento de las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social por lo menos a los porcentajes previos a la reforma laboral del 2012.

3. Internalización de todo el personal subcontratado y estabilización de todos los trabajadores del sistema nacional de salud. Pase a plantilla fija de los trabajadores en situación de Interinidad y contratación de profesionales en todas las categorías de todas las vacantes que existan.

4. Aumento urgente del número de plazas en los grados universitarios de Medicina y Enfermería, así como en los ciclos de formación profesional del ámbito de la Salud.

5. Subida salarial para los trabajadores sanitarios conforme al IPC real y cláusula de revisión salarial indexada al IPC.

6. Universalización de la asistencia sanitaria a toda la población incluyendo a toda la población que no tenga su situación regularizada.

7. Contra el negocio de concertadas y consorcios, derogación de la Ley 15/97 y de todos los convenios de gestión privada de equipamientos sanitarios públicos, en la perspectiva de luchar por la nacionalización de todo el sistema de Salud para crear una red pública única, gestionada por sus médicos, profesionales y trabajadores de la salud junto a comités de usuarios. Expropiación y nacionalización bajo control obrero de toda la industria farmacéutica, pasando todos sus trabajadores y recursos a la esfera de la sanidad pública.

Hay que imponer desde abajo a las direcciones sindicales la convocatoria de una huelga general en defensa de la sanidad y de todos los servicios públicos

De la misma manera que el desmantelamiento de la sanidad pública no es una calamidad natural sino un plan diseñado y aplicado por el capitalismo y todas las autoridades gubernamentales, una lucha efectiva contra él solo puede partir de un plan igualmente organizado y asumido por la clase obrera y por los trabajadores de la sanidad pública. Pero para ello debemos ser conscientes que no todos están por llevar adelante este plan, los representantes de los trabajadores sanitarios y las organizaciones sindicales a las que pertenecen llevan años sin enfrentarse a este deterioro y recortes presupuestarios, por lo que no podemos confiar en que ellos lo impulsen y menos aún que parta de su iniciativa.

La respuesta tiene que ser en primer lugar unitaria, de parte de todas las trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario. Contra la lógica de huelgas por categorías hay que reproducir en todo el Estado el ejemplo de las jornadas del 25 y 26 en Catalunya, donde pararán desde las celadoras a los médicos especialistas. Una unidad que fortalece toda medida de lucha y la posibilidad de que otros sectores de empleados públicos se sumen, como han hecho en este caso los docentes y personal subcontratado de Educación.

Debe además partir de la base de los centros de salud y de los hospitales, donde trabajadores se movilicen y coordinen a partir organismos democráticos y participativos, asambleas de todo el personal sin distinción de categoría profesional o de si son fijos o temporales, para impulsar una respuesta de resistencia a la situación que están viviendo. Hay que retomar la tradición de lucha que mostró ante los recortes del Gobierno de Rajoy y que permitió la retirada de los planes de privatización de los planes de privatización de la sanidad en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades en 2012.

Pero con esto no basta, hay que rodear de solidaridad esta lucha, los trabajadores de otros sectores laborales tienen que hacer efectiva la solidaridad, porque su derecho a la salud también está afectado, porque solo de esta forma se puede acumular la suficiente fuerza social para hacer fracasar estos planes privatizadores. Para concentrar y canalizar esta fuerza, así como para salvar las diferencias entre los colectivos profesionales sanitarios, hay que imponer desde abajo a las organizaciones sindicales que asuman una acción real y contundente para hacer frente a la ofensiva privatizadora, convocando una huelga general y un plan de lucha por la defensa de la sanidad, la educación y de todos los servicios de todas las comunidades. En el camino de la preparación de esa huelga, la tarea inmediata es impulsar las huelgas y paros en todos los territorios como ya se viene haciendo en algunos como Catalunya con participación más amplia posible. Para contribuir al desarrollo de esta perspectiva pone todas sus fuerzas la CRT en todo el Estado.