La actitud de Laura Alonso con respecto a las denuncias de corrupción que salpican al oficialismo se parece bastante a mirar para otro lado.
Sábado 11 de noviembre de 2017
Ayer, la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, les pidió a los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Finanzas, Luis Caputo, que "ratifiquen o rectifiquen" los datos de sus declaraciones juradas.
Según la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) conocida como Paradise Papers, tanto Aranguren como Caputo tuvieron vínculos con sociedades offshore.
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La actitud de Alonso, difiere mucho de la dureza con la que el gobierno ataca los casos de corrupción relacionados a funcionarios de la administración anterior. No sorprende. El "republicanismo" de Cambiemos es bastante endeble. Recientemente la detención preventiva de Amado Boudou se efectuó pasando por encima de garantías procesales.
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La corrupción y los negociados con el Estado que llevaron adelante referentes del kirchnerismo durante todo el período previo, son indisimulables. José López revoleando bolsos con billetes en un convento, graficó esta conducta de manera muy clara. Sin embargo, este tipo de maniobra no es exclusiva del plantel kirchnerista.
De hecho, empresarios vinculados a Macri también participaron de este festival de negocios a través de la obra pública, durante la administración K. Lo que ha cambiado es la ubicación del Poder Judicial, hoy amigo de Cambiemos en el poder.
Mientras el circo de la lucha contra la corrupción del pasado y de la Justicia que "ahora puede actuar" se desarrolla, las contradicciones del relato de Cambiemos se filtran a través de este tipo de filtraciones de información.
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Según el informe del ICIJ, Caputo habría manejado el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las Islas Caimán, un paraíso fiscal. Además, las revelaciones del Paradise Papers indican que el funcionario tuvo a su cargo Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en el Estado de Delaware. Dicho Estado es conocido como un paraíso fiscal corporativo, dado que permite la exención de impuestos a sociedades en manos de extranjeros no residentes.
Aranguren, por su parte, se desempeñó como director de una sociedad offshore radicada en Barbados. Esta sociedad fue beneficiada con contratos de venta de gasoil al Estado argentino por más de 150 millones de dólares. Según el ministro hace años que se desvinculó de la firma. De acuerdo a la información aportada por el ICIJ, mientras Aranguren se desempeñaba como ejecutivo de Shell, integró los directorios de Shell Western Supply and Trading Ltd y Sol Antilles y Guianas Limited, dos sociedades offshore
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La oficina conducida por la funcionaria macrista, Laura Alonso, envió notas a los funcionarios solicitando la ratificación o la rectificación de los datos detallados sus declaraciones juradas. Además, la OA solicitará permiso al ministro de Justicia, Germán Garavano, para acceder a los anexos reservados de las declaraciones de ambos. Hasta el momento, Garavano es el único funcionario con la potestad de observar dicha documentación.
Esta no es la primera vez que miembros importantes del gabinete de Cambiemos, aparecen vinculados a maniobras de evasión fiscal a través de cuentas offshore. A meses de comenzar la gestión del actual oficialismo, saltó a la luz la primera revelación conocida como Panama Papers. El escándalo salpicaba al mismísimo presidente y a su familia.
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Sin embargo, la Justicia que cada vez se alinea más con los intereses de Cambiemos, benefició al gobierno con sobreseimientos exprés. En agosto de esta año, antes de las PASO, el Poder Judicial confirmó que cierra la causa en contra de Mauricio Macri, por lavado de dinero. Dicha causa se había abierto a partir de las revelaciones de Panama Papers.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario