El gremio AOITA, que nuclea a choferes del transporte interurbano, dispuso un paro total de actividades para este lunes que tendrá continuidad el jueves y viernes de esta semana. La medida es por reclamo de aumento salarial.
Lunes 22 de abril 09:11
Los choferes nucleado en AOITA reclaman que su salario básico sea equiparado al de los choferes de la UTA. Ante la falta de respuestas de las patronales del transporte inter urbano, decidieron realizar un paro total de actividades este lunes 22 de abril. Las medidas tendrán continuidad el jueves y viernes de esta semana.
Desde principio de año, el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) autorizó tres subas del boleto del transporte interurbano que en total acumula un 278% en poco más de cien días. Un verdadero mazazo para el bolsillo de miles de trabajadores que todos los días utilizan el servicio de media distancia. Estas empresas se vieron beneficiadas por los aumentos en la temporada turística con aumentos completamente desproporcionados, que superan incluso los recortes en los subsidios nacionales. Sin embargo, las patronales se niegan a otorgar el aumento solicitado por los trabajadores que vienen perdiendo con la inflación.
El conflicto se agrava por la ofensiva de las patronales de pretender reestructurar el sistema de interurbano escalando en el ataque a los trabajadores mediante la apertura de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, pretendiendo que sean los choferes los que paguen el desastre del transporte.
Pero lo que nadie quiere discutir, ni el ERSeP ni el gobierno provincial, son las ganancias de las empresas. Desde la pandemia nunca se regularizó el servicio, sin embargo siguieron recibiendo subsidios, pero nadie controló el destino de estos recursos. No hubo unidades nuevas, el boleto siguió aumentando, la frecuencia disminuyó pero nadie puso en cuestión la ganancia de las patronales. Durante este año, aprovechando la ofensiva a nivel nacional contra el pueblo trabajador, tuvieron el visto bueno del PJ provincial para realizar aumentos siderales pero tampoco se cuestionaron las ganancias de las empresas, que tienen un mercado cautivo, no le rinden cuentas a nadie y encima se niegan a otorgar un aumento a los trabajadores. Cuando ya no es más negocio, como el caso de ERSA en la ciudad de Córdoba, se retiran completamente impunes.
La responsabilidad del paro la tienen las empresas del transporte y el gobierno provincial, pero la conducción de AOITA no se queda atrás. No sólo por no haber tenido ninguna exigencia para discutir los destinos de los subsidios y la ganancia de las empresas durante todos estos años, mientras aumentaron las condiciones de precarización laboral y los ítems no remunerativos en el salario, sino también por esta conducción gremial que forma parte de la CGT, viene mirando desde afuera el brutal ajuste contra el pueblo trabajador que lleva adelante el gobierno de Milei sin plantear ningún plan de lucha para responder a la altura de los ataques. La conducción de AOITA también fue parte del apoyo a Llaryora en la última campaña electoral y ahora no mencionan su responsabilidad en esta crisis ni en los brutales aumentos del boleto.
Es necesario que triunfen los choferes, que ganen todas las peleas por aumento salarial. Que la conducción de AOITA no negocie la lucha por unas migajas o por cifras no remunerativas. Las asambleas comunes de los choferes de todas las empresas en cada terminal son importantes para que sean los propios laburantes quienes discutan y resuelvan los pasos a seguir. Pero también es necesario avanzar en el desarrollo de un sistema de transporte que beneficie a trabajadores y usuarios, empezando por exigir que se hagan públicos los balances contables de las empresas, que se conozca el destino de los subsidios del estado nacional y provincial, las ganancias multimillonarias que obtienen mientras que los choferes pierden mes a mes y la población paga un boleto inaccesible y de mala calidad.
Sin que medie la ganancia empresaria, se podría reducir la tarifa y otorgar un aumento salarial acorde al aumento de la inflación. El transporte público tiene que ser un derecho, no un negocio de funcionarios y un puñado de empresarios, por lo que se tiene que avanzar en la estatización del servicio con control de los trabajadores y usuarios, para el diseño de los recorridos y frecuencias.