A 26 años del autogolpe en Perú, en la ciudad de Tacna, se realizó un plantón en repudio a ese hecho y al indulto otorgado a Alberto Fujimori. El 4 y 5 de abril, trabajadores del gremio de la construcción civil y maestros se movilizaron ante el nuevo gobierno de Martín Vizcarra.
Viernes 6 de abril de 2018
Foto: Resistencia Sur en el centro cívico de la ciudad de Tacna, realizando un plantón en repudio al autogolpe del 5 de abril y en rechazo al indulto otorgado a Alberto Fujimori
Este jueves 5 de abril se recordó en el Perú el autogolpe de Estado que Alberto Fujimori diera hace 26 años (1992). Esta medida autoritaria le sirvió al gobierno de ese entonces para acabar con la organización del pueblo y de la clase trabajadora y para imponer el modelo neoliberal que, como sabemos, buscó favorecer en todo momento la acumulación de ganancias de los grandes empresarios y de una casta de políticos corruptos al servicio del capital. Un año más tarde, Fujimori impondría de manera fraudulenta la Constitución de 1993 en la cual se legalizaría las contrarreformas económicas y políticas que hasta la fecha siguen vigentes. Este 5 de abril, sin embargo, encuentra al país atravesado por una crisis política, la misma que hace poco llevó a la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y que empieza a poner en tela de juicio a las principales instituciones que sostienen el régimen político de 1993.
La asunción de Martín Vizcarra a la presidencia de la república, fue consecuencia de una salida pactada entre todos los partidos políticos que tienen presencia en el parlamento, incluso de aquellos que se autodenominan de izquierda, para de esa manera desviar la presión social que se llegó a expresar en 5 masivas movilizaciones nacionales que no sólo cuestionaban al entonces presidente Kuczynski por haber indultado a Fujimori y por estar vinculado a la corrupción promovida por Odebrecht, sino también empezaron a cuestionar al congreso y a las diversas instituciones del Estado, así como a las políticas económicas que solo buscan favorecer a una minoría de empresarios nacionales y extranjeros. La consigna de la casta política era imponer la gobernabilidad burguesa bajo el pretexto de preservar la institucionalidad y la democracia representativa, evitando de esa manera que el sentimiento porque “se vayan todos”, que empezaba a anidar en un sector importante de la población, termine poniendo en cuestión los pilares del régimen heredado del fujimorismo y expresado en la constitución de 1993.
Es por esa razón que las diversas fuerzas políticas desde el fujimorismo de Keyko, hasta el nuevo Perú de Veronika Mendoza, han terminado aplaudiendo la asunción de Martin Vizcarra y haciendo votos porque a su gobierno le vaya bien y pueda hacer que – como dice el dirigente del nuevo Perú Pedro Francke - “podamos empezar a recomponer nuestra confianza en la democracia”.
Sin embargo, los más beneficiados y por tanto los más contentos con la asunción de Martín Vizcarra, son los seguidores de Keyko Fujimori, ya que fueron ellos los principales promotores de la vacancia de Kuczynski desde el parlamento y son ellos los que a través de su peso congresal empiezan a condicionar el derrotero del nuevo presidente, como quedó claramente expresado en la composición del nuevo gabinete ministerial y las políticas anunciadas recientemente por el nuevo presidente Vizcarra. Keyko Fujimori y sus parlamentarios lo que trataran de lograr ahora, es nada menos que la impunidad para no ser sancionados por los delitos que se les imputan por el caso Odebrecht y por lavado de activos, así como lavarse la cara ante el pueblo a fin de que puedan ser una opción viable de recambio electoral en las próximas elecciones presidenciales y congresales.
Este desvió institucional del descontento social tuvo su expresión concreta el pasado jueves 5 de abril, ya que ninguna organización social o política, de lo que se denomina en Perú el campo popular, llamó a realizar una movilización nacional contra el significado de la dictadura fujimorista ni contra el indulto a Alberto Fujimori, a pesar que este sigue libre. Este hecho pone en evidencia una vez más la vocación reformista e institucionalista de estos sectores y su voluntad de no dar batalla en la calle y con la movilización popular, lo cual termina favoreciendo en la práctica a los grupos más reaccionarios del país, quienes vienen haciendo todo lo que está a su alcance para devolver credibilidad a las instituciones que hacen parte del régimen de 1993 y de esa manera legitimar un próximo recambio presidencial.
A pesar de ello y como consecuencia de la crisis económica y social que es consustancial a la crisis política que se vive en el Perú, este 4 y 5 de abril se dieron expresiones de lucha de dos sectores importantes de la clase trabajadora peruana. El 4 de abril miles de trabajadores del gremio de construcción civil se movilizaron en las diversas regiones del país con motivo de la presentación de su pliego de reclamos 2018 que, entre otras cosas, demanda más y mejores condiciones de trabajo en un momento en el cual los empresarios no solo reducen los salarios y amplían los regímenes de explotación, sino también generan desempleo masivo. Por otro lado, el 5 de abril los profesores que el año pasado realizaron una huelga de más de 50 días, desarrollaron ahora un paro nacional de 24 horas como medida preventiva exigiendo al nuevo gobierno el cumplimiento de los acuerdos a los que arribaron al finalizar la huelga del 2017 y que en líneas generales se expresan en el incremento del presupuesto público al sector educación y el cese de las medidas punitivas orientadas a despedir a los profesores nombrados.
Esto nos demuestra concretamente que más allá de sus limitaciones, es la clase trabajadora la que empieza a levantar cabeza y se pone en primera línea en la lucha contra el denominado gobierno de transición de Martín Vizcarra. Es necesario, por tanto, que los trabajadores de todo el país empiecen a crear mecanismos de coordinación y articulación que les permitan discutir de manera conjunta las salidas a la presente crisis y de esa manera delinear un plan de lucha nacional que ponga en cuestionamiento los pilares en los que se sostiene la constitución del 1993 y el neoliberalismo.
Resistencia Sur de Perú es una organización con quiénes, desde la Fracción Trotkista Cuarta Internacional (FT-CI), venimos explorando posibles convergencias programáticas y estratégicas.
