En Perú, el poder judicial hace de escudero del presidente Martín Vizcarra. Sentencian a presidentes regionales, Vladimir Cerrón de Junín y Walter Aduviri de Puno, y estos pasan a la clandestinidad.
Sábado 17 de agosto de 2019
Foto: redes
Hace poco en el Perú, el poder judicial emitió sendos fallos que ordenan el encarcelamiento de los presidentes regionales Vladimir Cerrón de Junín y Walter Aduviri de Puno. Ambos, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, se habían convertido en incómodos para el actual Gobierno. Cerrón, por ejemplo, se mostró a favor de la lucha del pueblo de Tambo contra el proyecto Tía María que el Gobierno de Vizcarra tuvo que suspender por al menos 120 días tras 25 días de lucha. Cabe mencionar que Cerrón fue sentenciado a más de 4 años de prisión por procedimientos irregulares cometidos durante su primera gestión (2011-2014) en una obra de saneamiento en La Oroya. En el caso de Walter Aduviri, fue condenado a 6 años de prisión por su participación en el aymarazo el 2011, su sentencia crea un precedente legal para criminalizar la protesta social que seguramente será utilizado para intimidar y, si el caso lo amerita, sancionar a otras autoridades políticas que se atrevan a ponerse del lado de las movilizaciones sociales.
El contexto: nuevas luchas contra el ajuste
Recordemos que en el Perú, como consecuencia del impacto de la crisis económica internacional, se empieza a sentir una desaceleración económica que ha llevado a incrementar los índices de desempleo, subempleo y por tanto de la pobreza y la pobreza extrema, lo cual ha contribuido a elevar el descontento social contra las políticas del Gobierno. Esto se expresó claramente en la lucha del pueblo de Tambo contra el proyecto mega minero Tía María - que el Gobierno de Vizcarra tuvo que suspender por al menos 120 días tras 25 días de lucha - y actualmente se evidencia en la lucha del pueblo de Moquegua contra el proyecto, también de mega minería, Quellaveco de la empresa Anglo American.
A estas causas estructurales se suma el alto desprestigio de las instituciones del Estado y de la casta de políticos y funcionarios públicos quienes, como lo evidencian las investigaciones periodísticas, mantuvieron y mantienen una estrecha relación con los grandes capitalistas nacionales y extranjeros, lo cual se ha convertido en la causa principal de la corrupción, la misma que es repudiada por la mayoría de la población peruana. Por esa razón, Martín Vizcarra desde que asumió el gobierno buscó cooptar la lucha contra la corrupción a través de iniciativas como el referéndum constitucional y ahora el adelanto de elecciones, para desvirtuarla y reducirla solamente a la lucha contra el fujimorismo, evitando así que se discuta ampliamente sobre la responsabilidad de los empresarios en la malversación de fondos públicos.
Es importante entonces, para los empresarios y los políticos de turno, evitar que ese descontento social encuentre puntos de apoyo en algunos gobiernos regionales o municipales, ya que ello implicaría, como ocurrió en Cajamarca con la lucha contra el proyecto Conga, potenciar la conflictividad social y debilitar las iniciativas gobiernistas basadas en imponer planes de ajuste que permitan allanar más el camino al gran capital extranjero. Y es ahí donde entra a tallar el poder judicial para salvaguardar los intereses de los propietarios de la riqueza y de sus operadores políticos.
Una justicia hecha a la medida de los poderosos de siempre
Esto se da porque el Estado no es neutral, por ello el Poder Judicial y el Ministerio Público tampoco lo son. Representan los intereses de la clase dominante. Entonces, la justicia que se muestra como independiente, es una farsa, ya que a la casta de jueces y fiscales no la elige el pueblo, quien tampoco tiene ningún tipo de control sobre ellos, sino más bien son elegidos a dedo tomando siempre como base su fidelidad para con los intereses de los grandes capitalistas. Por esa razón, y para mantenerlos siempre del “lado correcto”, a los jueces y a los fiscales se les asigna sueldos elevadísimos que se convierten en una infamia, en países con tantas carencias como es el caso del Perú. A estos sueldos dorados, se suman los famosos arreglos bajo la mesa que casi siempre terminan realizando las autoridades judiciales para “ganarse alguito” a costa, precisamente, de los sectores menos privilegiados económicamente o de los que se atreven a cuestionar los beneficios del capital.
La independencia entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo es una mentira feliz, porque los jueces nunca investigan a los políticos que están en los gobiernos de turno, o son instrumentalizados para “acelerar investigaciones” y dictar prisión a líderes opositores que cuestionan las medidas oficialistas que favorecen a los grandes empresarios, como fue el caso de Gregorio Santos que estuvo en prisión preventiva mientras duró el proceso electoral donde él postulaba a la presidencia (2016). Esto también quedo claramente demostrado el año pasado, cuando el poder judicial en segunda instancia falló a favor del despido arbitrario del compañero Jorge Campos, quien se desempeñaba como trabajador de la Southern y su único “delito” fue organizar el sindicato unificado en esta empresa minera y promover las potentes huelgas mineras del 2017 que conmovieron al gobierno de PPK.
La sentencia contra Aduviri y Cerrón, muestran entonces con mucha claridad al servicio de quien realmente está el Ministerio Público y el Poder Judicial. Están para perseguir y criminalizar a quienes sean incómodos para el Gobierno en la presente coyuntura donde, a los grandes empresarios y al ejecutivo lo único que les interesa es aplicar medidas orientadas a que las consecuencias de la crisis económica la terminen pagando el pueblo y los trabajadores, por eso Vizcarra firmó hace poco el Plan de Productividad y Competitividad, y para ello la “paz social” se convierte en una necesidad de primer orden.
Por eso y como ya lo mencionamos líneas arriba, más allá de nuestras diferencias políticas y estratégicas con Vladimir Cerrón o Walter Aduviri, no podemos dejar de denunciar que las sentencias contra ambos nos parecen altamente politizadas ya que sus procesos en curso se aceleraron cuando ellos no se terminaron de alinear completamente a Vizcarra o cuando era necesario crear un precedente jurídico para criminalizar la protesta social, como es el caso concreto de Walter Aduviri.
La crisis del régimen también abarca al poder judicial
La crisis del régimen, por tanto, también abarca al poder judicial ya que es desde allí de donde los ricos administran justicia para su beneficio en desmedro de las grandes mayorías explotadas y oprimidas. Es el poder judicial el que blinda y legaliza los actos de saqueo y corrupción que la mayoría de peruanos hoy cuestiona. Por eso, es muy contradictorio decir “que se vayan todos” con nuevas elecciones y salir a festejar este tipo de sentencias del poder judicial, como lo han hecho los principales referentes de la agrupación Nuevo Perú que dirige Verónika Mendoza, cuando se supo de la sentencia a Vladimir Cerrón.
Lo que al parecer estaría buscando el Nuevo Perú, con declaraciones como las de la congresista Indira Huillca o Alberto Quintanilla - quienes enfáticamente le bajaron el dedo a Cerrón y le exigieron que se allane a este poder judicial - es mostrarse digerible ante el empresariado agrupado en la CONFIEP, ante los grandes medios de comunicacion y ante los sectores de clase media limeños que aún no han decidido su voto. Sin embargo, con este tipo de iniciativas lo que terminan haciendo en realidad es fortalecer la confianza en instituciones medulares del régimen político, por tanto, su propuesta de generar “cambios constituyentes desde la gente”, una vez más, queda reducida a pelear por llegar al gobierno el 2020 a costa de lo que sea.
Para nosotros el poder judicial no merece la más mínima confianza. Urgen cambios profundos y para empezar a caminar en ese sentido los jueces y fiscales tendrían que ser elegidos por votación universal y democrática, así mismo, sus salarios no deberían exceder lo que hoy gana una docente nombrada y si estos incumplen las funciones para las cuales fueron elegidos, podrán ser revocados por el pueblo que los eligió. Estas y otras medidas democráticas y transicionales no se podrán materializar mientras mantengamos vigente el régimen jurídico y político de 1993 que nos impuso Alberto Fujimori, por eso es importante recuperar, desde los sectores obreros y populares que hoy enfrentan al Gobierno y a los empresarios, la lucha por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana la cual deberá ser impuesta, precisamente por la auto organización y la lucha de los trabajadores y el pueblo y deberá nacer de las ruinas del régimen del 93.
