Ante la militarización desplegada por Áñez frente a la crisis del Covid-19, ayer en horas de la noche, pobladores de la localidad de Shinahota se dirigieron al Comando Regional del Trópico de Cochabamba para expulsar a los policías que ingresaron el miércoles pasado. Esto sucedió luego de un operativo que fue sentido como una provocación.
Viernes 17 de abril de 2020
Foto: La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. | Los Tiempos
Ayer en horas de la noche, pobladores de la localidad de Shinahota expulsaron a efectivos policiales que habían ingresado el pasado miércoles en la mañana, para supuestamente coadyuvar con las disposiciones de la cuarentena, atender delitos y la reapertura de los servicios del Banco Unión en el trópico de Cochabamba.
Es importante recordar que el miércoles pasado llegaron 85 efectivos policiales hasta el Comando Regional del Trópico cochabambino, mismos que fueron desplazados a los municipios de Shinahota, Villa Tunari y Chimoré. Según el subcomandante departamental de la policía, Leonel Jiménez, el propósito por el cual retornaron los uniformados supuestamente es para poder coadyuvar con las disposiciones de la cuarentena impuesta por el Gobierno de Áñez así como atender otros delitos como violencia intrafamiliar y la reapertura de sus servicios del Banco Unión en esta zona.
Foto: Radio Kawsachun Coca
Este hecho provocó la reacción de diversos dirigentes, por ejemplo, el ejecutivo del transporte libre del trópico de Cochabamba, Francisco Córdova, quien en una entrevista que sostuvo con Radio Soberanía, manifestó lo siguiente:
Nos han dicho que su regreso (de la policía, NdR) se debe para que ayuden a controlar y luchar contra la pandemia, pero desconocíamos de su llegada, no hubo coordinación, no llegó notas y el Trópico está sorprendido.
Asimismo, el dirigente cocalero, Omar Claros, ejecutivo de la federación del trópico refiere que existió falta de coordinación del Gobierno con los dirigentes, ejecutivos y alcaldes del trópico de Cochabamba por lo que otorgaron un plazo de 24 horas para que abandonen la mencionada localidad.
En el mismo sentido, la ejecutiva de mujeres del trópico, Segundina Orellana, señaló a la radio Kawsachun coca que: “toda la región del trópico de Cochabamba va cumpliendo la cuarentena, porque primero es la vida, la salud” y agregó que los efectivos policiales no cumplieron con el respectivo protocolo de cuarentena, señalando que no pasaron a las cámaras de desinfecciones.
El operativo policial desplegado el miércoles pasado, fue visto por Segundina Orellana como una provocación:
(…) diga lo que diga el ministro Murillo está queriendo hacer provocar a la población.
Por su parte los ministros de Gobierno y de Defensa, Arturo Murillo y Fernando López respectivamente, frente a la situación en el trópico señalaron que “Vamos a seguir trabajando en patrullas conjuntas. Los masistas y dirigentes cocaleros, buscan la confrontación. No iremos a la confrontación, no vamos a jugar ese juego, somos de la cultura de la vida, no de la muerte”, esas palabras que ni Murillo ni López se las creen, reflejan la prepotencia de quiénes administran hoy el Estado, toda vez que, convenientemente para sus intereses, olvidan las masacres ejecutadas en Sacaba, Senkata y la Zona Sur de la ciudad de La Paz, el pasado noviembre.
En su declaración Murillo volvió a negar su responsabilidad en éstas masacres como ya previamente habían descalificado el informe de la CIDH que habla de la responsabilidad gubernamental en los asesinatos de noviembre.
Video: Conferencia de Prensa de Murillo y López (tomado de RKC
El autoproclamado Gobierno de transición continúa fortaleciendo el régimen de fuerza priorizando la intimidación a la población por medio de sus fuerzas represivas, y postergando trágicamente las necesidades inmediatas del pueblo trabajador en lo referido a la atención de salud, equipos y sobre todo la aplicación masiva de test a toda la población para mapear las zonas de riesgo e ir aislando el virus.
Desde La Izquierda Diario rechazamos las amenazas y la criminalización que sistemáticamente se realizan desde el ministerio de Gobierno contra la población cochabambina y reiteramos nuestra exigencia de juicio y casitigo a los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos y torturas a las y los detenidos durante el mes de noviembre del año pasado.
