Un policía de la bonaerense fue procesado por la explotación sexual de mujeres dada su situación de vulnerabilidad.
Sábado 19 de marzo de 2016
En el día de ayer la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de un integrante de la Policía Bonaerense por "promover, facilitar y explotar económicamente la prostitución de mujeres, aprovechando su situación de vulnerabilidad". La misma se llevaba a cabo en locales cercanos a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por este hecho se le trabó un embargo de 150 mil pesos.
La medida judicial alcanzó al policía bonaerense Sebastián Eduardo Seoane y a su hermano Pablo Santiago, en el marco de una investigación que se originó a causa del homicidio de una de las mujeres que era explotada en uno de los prostíbulos.
De acuerdo a la versión policial, a la mujer asesinada se le había impedido volver a “trabajar” al lugar en cuestión, razón por la cual habría decidido volver al solo efecto de cobrar una deuda. El final ya es conocido, una bala terminó con su vida.
Mediante la investigación -aún en curso- el juez de menores Alejandro Cilleruello pudo detectar la existencia de dos departamentos en la calle Tucumán, y al menos dos habitaciones de un hotel situado en la Avenida Corrientes al 800, cuyos garantes son el policía Seoane y su hermano.
Ambos declararon que sólo habían prestado las garantías y que desconocían las actividades que allí se realizaban y negaron estar al tanto de la muerte de la joven.
Sin embargo, las pruebas recabadas llevaron al juez Cilleruello a considerar que “existía un proceso de captación de mujeres, agravado por ser uno de ellos miembro de una fuerza de seguridad”. Es decir, que no sólo sabían de las actividades que se realizaban sino que además obligaban a las mujeres a permanecer allí.
El fallo sostiene que: "Para la configuración del delito, aún mediando voluntad de la víctima, se requiere promover, facilitar y explotar económicamente el ejercicio de la prostitución. Se ha acreditado que las personas imputadas han proporcionado los medios necesarios (espacio físico, líneas telefónicas, avisos clasificados)”.
La Sala IV de la Cámara, con las firmas de los jueces Carlos Alberto González, Mariano González Palazzo y Alberto Seijas, confirmó el procesamiento, aunque mantuvo la libertad de los dos hermanos.
Este hecho es una muestra más de la connivencia que existe entre la policía y los gobiernos de turno cuando se trata de enriquecerse a partir de la explotación sexual de mujeres. El círculo se cierra con un poder judicial cómplice que no duda en dejar libres a los procesados por la muerte de esta joven mujer.
