Ya en pleno fin de ciclo kirchnerista y mientras la economía sigue sin crecer desde el 2011, la construcción sigue registrando índices récord en lo que va del año. Las políticas habitacionales del FpV y el PRO, aún con sus distintos programas, de fondo estuvieron orientadas a fortalecer los intereses del mismo sector minoritario y concentrado, como lo son, los inversores inmobiliarios, desarrolladores y constructoras. ¿Qué se esconde detrás de los discursos demagógicos de las campañas de cara al balotaje?
Sábado 21 de noviembre de 2015
La cuestión de la vivienda sin “Década Ganada”
Puertos del Lago Provincia de Buenos Aires
En Argentina, si bien el problema habitacional viene de larga data, es paradójico que en la década de mayor crecimiento económico lejos de aminorarse, se profundizó. Mientras que las viviendas construidas, producto de la especulación inmobiliaria, permanecen en gran parte vacías ascendiendo a más de 2,5 millones, como contrapartida más de 3 millones de personas se encuentran en déficit habitacional.
Esta profundización de la crisis estructural de la vivienda se da por la combinación de dos factores claves de esta década. Por un lado, el aumento de los precios tanto de la tierra como de los materiales para la construcción producto mismo de las devaluaciones progresivas más la inflación que se dio a lo largo de este periodo. Por otro, la mitad de los puestos de trabajo que se generaron durante el kirchnerismo fueron precarios, resultando que cerca del 50% de población trabajadora tienen sueldos que no superan los 6 mil pesos mensuales.
Esta es una realidad de muchos trabajadores que no gozaron de las “bondades del modelo” gracias a las leyes de flexibilización laboral de los ’90, que se mantienen, como los contratos basura, por lo cual carecen de la posibilidad de acceder a un alquiler. Sino no se explica cómo en esta década han proliferado tanto los asentamientos por ejemplo, en el conurbano bonaerense, ni porqué las villas en la Ciudad de Buenos Aires han llegado a duplicar su población.
Tierra, techo y trabajo de Scioli. El millón de viviendas de Macri
En 12 años se realizaron alrededor de 1 millón de “soluciones habitacionales” por el Plan Federal de Viviendas que incluye reparaciones, ampliaciones y viviendas nuevas, lo que serían 83 mil por año. Esto resulta insuficiente, teniendo en cuenta que el crecimiento demográfico requiere más de 100 mil viviendas por año, sólo para contener el crecimiento del déficit.
Por otro lado, el plan Pro.Cre.Ar en 3 años, otorgó 165 mil créditos de los 400 mil anunciados originalmente. Los requerimientos para acceder a este crédito dejan fuera a quienes tienen sueldos inferiores a los $ 8 mil, siendo quienes más lo necesitan. Este programa de créditos a 30 años a tasas bajas es otorgado a través del Banco Hipotecario, ahora privatizado, donde el accionista mayoritario después del Estado es el mismísimo grupo IRSA una de las mayores constructoras del país, que mantiene contratos millonarios tanto con el gobierno Nacional, el de la Provincia de Buenos Aires, como el de la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte el programa “Alquilar se puede” terminó siendo una farsa de campaña y como toda la política de “decir que hacemos“ a la que nos tiene acostumbrado el macrismo, fue más marketing que soluciones, siendo que de 15 mil solicitudes fueron beneficiadas 10 (¡diez!) familias con este programa, algo irrisorio frente al millón de inquilinos que viven en la ciudad.
La provincia de Scioli como reflejo del país
La provincia de Buenos Aires es la más rica y poblada, pero con gran desigualdad social donde la crisis de la vivienda abarca a 1.500.000 familias. En los últimos años, solo en el área metropolitana, el incremento de la población se ha dado fundamentalmente en asentamientos informales; ya que de cada 10 nuevos habitantes del conurbano bonaerense, 6 se ubicaron en tierras tomadas. Mientras que en la provincia de conjunto se contabilizan alrededor de 1.048 nuevos asentamientos. Pero no es lo único que ha crecido, es donde se hicieron los mayores negocios en cuanto a emprendimientos de lujo y barrios cerrados.
Hoy en día las urbanizaciones privadas en el AMBA ocupa territorialmente unos 400 km², esto corresponde al 20 % del suelo urbanizado donde habitan menos del 2 % de la población, mientras el 10 % habita en asentamientos informales que ocupa solo el 2 % de la superficie del AMBA. Los mecanismos institucionales por los cuales el sciolismo y los intendentes dieron lugar a este tipo de emprendimientos urbanos es hacer la vista gorda de estos proyectos hasta que las obras se encuentran tan avanzadas que es imposible volver atrás, cuenten o no con su debida aprobación (que varía según el municipio). Cuando no es el Estado mismo el que promueve e incentiva la aprobación de mega-emprendimientos de lujo.
Así es el caso de Puertos del Lago, el nuevo emprendimiento de Eduardo Constantini llamado “Nordelta II”, que abarca 1.450 hectáreas en Escobar. Urbanizadas sobre la cuenca del Río Luján y encima de un acuífero estratégico que provee de agua potable a toda la región. Pero para Constantini, “Aquí también la Nación crece”, mientras en los barrios linderos a Nordelta como “Las Tunas” solo crece el agua de las inundaciones, mientras las obras de infraestructura brillan por su ausencia. El impacto ambiental que genera este tipo de urbanizaciones es irreversible, sobre todo si se implantan sobre humedales, donde descargan las crecidas naturales de los ríos. Que es una de las causas fundamentales de las crecientes inundaciones en la provincia, como lo explica la geógrafa Patricia Pintos[1], “Hay una sucesión de mega-emprendimientos inmobiliarios que generó un efecto conjunto, un proceso de sumatoria que genera una incidencia clara en los cambios de los patrones de escurrimiento del Río Luján y por lo tanto, sería uno de los elementos más fuertes en la explicación de las inundaciones de los últimos años”.
El “Estado presente”, capitalista, al que hace alusión Daniel Scioli, se ocupó de modificar la reciente “Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat”. Apoyando el derecho a la propiedad privada de los grandes capitalistas, se corrigió el texto para que puedan optar entre la entrega del 10% de las tierras a viviendas sociales o pagar un canon equivalente a su precio, vaciando de contenido la intención original de crear un banco de tierras en zonas urbanas. El Estado está bien “presente” cuando se trata de desalojos y represión, como el reciente caso de González Catán en La Matanza, donde 350 familias reclamaban el reinicio de obras abandonadas por el gobierno desde hace 5 años. O en la ocupación de los terrenos en Merlo que se dió en el marco de las internas del PJ local tras el triunfo del María Eugenia Vidal en la provincia utilizando la necesidad de más de 3 mil familias que se encuentran sin techo.
Una vez más la respuesta fue la militarización.
La ciudad de los negociados
Viviendas en el Indoamericano
En la carrera presidencial, se escuchó como promesa de campaña del candidato de Cambiemos 1 millón de créditos para viviendas pero en lo que va de su mandato en la ciudad sólo han construido unas 600 viviendas por orden judicial.. La recaudación de la ciudad ha crecido en casi un 400 %, sin embargo el presupuesto destinado a vivienda se ha reducido pasando del 5,3 al 2,5 %, mientras que el destinado a las villas pasó del 2,5 al 0,8 % en el 2014. Sumado a que, lo que es habitual en el gobierno del PRO, aplicaron una sub-ejecución presupuestaria. Mientras viene incumpliendo sistemáticamente las leyes de urbanización de las villas donde se estiman viven más de 250 mil personas y 500 mil más en emergencia habitacional, cuando hay 340 mil viviendas vacías producto de la especulación.
Pero el modelo de ciudad del PRO no podría ser posible sin la complicidad del bloque del FpV. Ya en el 2008 ambos habían aprobado la Ley de Planeamiento Urbano en reemplazo del código anterior diseñado en el ’99, durante la intendencia de De La Rúa, por Enrique García Espil[2], profundizando las exigencias del lobby empresario de ampliar el volumen para la construcción en altura y el aumento del FOT en un 25 %, a medida de los especuladores.
Cerrando el 2012 se presentó un importante paquete de leyes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que fueron aprobadas por ambos bloques en tiempo récord y casi sin discusión.
El llamado #PactoProK, contemplaba la entrega de grandes áreas urbanas, brindando concesiones ilegales a las empresas a invertir y otorgando todo tipo de extensiones impositivas para “atraer inversiones”, un verdadero remate de la ciudad de los pocos terrenos públicos que quedan disponibles. Entre estos proyectos se encuentra impulsar el proyecto Solares de Santa María, un cambio de normativa para construir sobre terrenos ferroviarios (que le permite a IRSA la construcción del Distrito Los Arcos, un shopping a cielo abierto), además de todo el paquete que implica la creación de polos productivos que merece una nota aparte. Como continuidad de esta política, este año ya aprobaron entre ambas fuerzas una escandalosa cesión de terrenos públicos a la Iglesia, (como si les hicieran falta) siendo el principal terrateniente urbano.
Por más que Macri insista en desmentirlo, Caputo (amigo personal de Mauricio Macri y uno de sus principales asesores), es una de las principales contratistas de la ciudad. Con contratos millonarios a través de empresas fantasmas como SES S.A, en las que el compañerito de curso en el colegio Cardenal Newman, figura como accionista mayoritario. También el futuro Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta ya fue denunciado por tráfico de influencias con IRSA por otorgar permisos para el escandaloso emprendimiento Solares Santa María, un barrio privado de 700mil m² en plena ciudad a metros de la Rodrigo Bueno, a la que le niegan la urbanización.
Frente a los candidatos de los negocios inmobiliarios, votamos en blanco
Villa Rodrigo Bueno
A lo largo de toda la campaña se ha oído esta falsa dicotomía entre quienes supuestamente defienden lo público contra lo privado. Si bien es verdad que Macri está más ligado al capital financiero como lo demuestra la reacción de las bolsas con su triunfo político en octubre. Scioli no se queda atrás, siendo su provincia donde más han crecido los emprendimientos inmobiliarios de gran escala en detrimento de lo público. Por eso cuando Scioli dice que es “garantía de desarrollo” también le habla a quienes más se han beneficiado en esta década; los que especulan con el suelo, las constructoras y los grandes desarrolladores inmobiliarios que especulan con la vivienda. No a los trabajadores y los sectores populares a quienes se han encargado de reprimir como en el Indoamericano, donde actuaron la Policía Federal y la Metropolitana o en el barrio Papa Francisco. Más allá de lo que digan, a los dos los emparenta el menemismo y como vienen demostrando van a jugar para sectores del capital, volviendo a contraer deuda, preparando nuevas devaluaciones y eso implica que luego los costos los pague siempre el pueblo trabajador.
El Estado administrado tanto por uno como por el otro, está al servicio de garantizar todo tipo de negocios inmobiliarios, si no es que se asocia directamente con los especuladores. Una verdadera entrega a los buitres de la tierra mientras se estigmatiza y reprime a los que luchan por vivienda digna. Si algo es claro, es que ni uno ni otro van a dar respuesta a este problema estructural, donde pareciera que la vivienda no es más un derecho básico y elemental sino un refugio para las ganancias de los empresarios. Es por eso que este 22N desde el Frente de Izquierda llamamos a darle la espalda a los dos candidatos y organizarnos para luchar por viviendas dignas para las familias trabajadoras y prepararnos para derrotar los planes de ajuste que tanto Scioli como Macri planean descargar sobre los trabajadores.
Notas
[1] Geógrafa e investigadora del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad Nacional de La Plata y coautora del libro “La privatopía sacrílega. Efectos del urbanismo privado en la cuenca baja del río Luján”, (2012).
[2] Entonces Secretario de Planeamiento Urbano. Hoy es jefe de cátedra de Planificación Urbana de la FADU.
