Tras una declaración unitaria se está convocando para este jueves 22 de agosto una jornada de movilización, donde confluirán distintos campamentos, escuelitas autogestionadas, estudiantes, pobladores y trabajadorxs por la defensa del derecho a la vivienda. Será nuestra fuerza la que podrá conquistar una salida de fondo y enfrentar el discurso criminalizador de la pobreza que tiene la derecha, y donde el gobierno supuestamente de “izquierda” no se ha quedado atrás, implementando violentos desalojos sin ninguna solución de fondo.
Jueves 22 de agosto
Desde el impulso que hemos dado a la escuelita de la etapa número 2 del campamento Dignidad, hemos visto desde diversas ópticas las consecuencias de la crisis de vivienda que hay en el país y que solo se agudiza. Muchos de nuestros y nuestras estudiantes viven en hacinamiento, en tomas y campamentos, carecen muchas veces de servicios básicos y están más expuestos a enfermedades, el frío y la humedad, pero con menos posibilidades de acceder a una salud oportuna y de calidad.
Muchos de los y las pobladoras que se movilizarán este jueves, son parte de quienes no pueden ni quieren quedarse sentadas “esperando” una solución ante estos problemas, porque saben que no llegará. De ahí la necesidad de la organización, de la movilización y de la unidad también. Por eso nos hemos adherido también trabajadoras de la educación, estudiantes universitarios y secundarios, tras una mínima demanda de que se cumpla con el derecho a la vivienda.
La escena es absurda: familias sin casas que se ven obligadas a autoconstruir sus viviendas y accesos a servicios básicos, un gobierno que responde con desalojos como con la Ley Antitomas y cientos de edificios y departamentos vacíos y por construirse, en manos de grandes inmobiliarias, quienes son los que realmente sacan millonarias ganancias con las necesidades y lo que debería ser derecho básico para toda persona: tener donde vivir.
El campamento Dignidad, ubicado en La Florida, está bajo amenaza de desalojo con un ultimátum para el mes de agosto, donde habitan más de 750 familias, que además están organizadas en comités de vivienda que han tenido trabajo sistemático con las autoridades sin recibir ninguna solución. Lo único cierto es que el gobierno de Boric y el Partido Comunista junto al alcalde derechista de la comunda, Carter, ya llegaron a un acuerdo de desalojar.
La exigencia que hacen los y las pobladoras es que se les asigne terrenos provisorios donde instalar sus casas, hasta que se haga compra y construcción en terrenos definitivos donde puedan habitar. La jornada de este jueves 22 es una oportunidad para visibilizar esta exigencia y desde el grupo de trabajadoras de la educación y de estudiantes que participamos de la escuelita 2, nos hacemos parte de esta demanda.
A la vez, sabemos que la problemática de la vivienda no empieza ni termina en el campamento Dignidad, y la situación que allá se vive también se replica en distintos territorios, ejemplo de ello es la amenaza de desalojo del campamento Centenario en San Antonio, donde residen cerca de 3.900 familias. Debemos exigir la derogación de la Ley Antitomas que solo es utilizada contra los más pobres.
Ante la enorme crisis de la vivienda, las soluciones deben ser de fondo. La jornada de movilización de este jueves 22 de agosto también debe ser un llamado a exigir y visibilizar esas medidas de fondo. Hay que acabar con el negocio inmobiliario y que el Estado a través de financiamiento directo implemente un plan de emergencia habitacional, que sea planificado y gestionado por los propios comités de vivienda, pobladores y pobladoras, profesionales y técnicos que respondan a los intereses de quienes hoy no tienen donde vivir, y no a los intereses de grandes empresarios millonarios de las inmobiliarias y constructoras que vía subsidios terminan enriqueciéndose con el propio dinero que les transfiere el Estado.
Un plan de esas características podría ser financiado con el impuesto a las grandes fortunas, además de implementar la expropiación sin pago de los terrenos habitables, en manos de las grandes inmobiliarias, de los bancos o del propio ejército, para evitar que las viviendas sociales queden en la periferia por el alto costo de estos terrenos con mejor conectividad y equipamiento. De asegurar un plan de esas características, además se generarían puestos de trabajo para su implementación, los que deberían ir en ayuda de las propias familias que se ven obligadas a vivir en campamentos por no poder acceder a mejores trabajos.
Los campamentos no son el problema, son la solución al problema habitacional del cual el Estado no se hace cargo. Necesitan de toda la solidaridad transversal y es por eso que este jueves 22 nos adherimos al llamado unitario de movilización.
Nancy López
Profesora. Agrupación Nuestra Clase
