Es debido a cuestiones técnicas y sanitarias que debía garantizar el ejecutivo.
Martes 6 de julio de 2021 21:28
EFE/ Elvis González
Las sesiones del lunes y martes, segunda y tercera respectivamente, debieron ser suspendidas por problemas de organización, que corre por cuenta del poder ejecutivo al mando del derechista Sebastián Piñera. Los problemas incluyen falta de conexión a internet y mala ventilación de las salas y oficinas en medio de la emergencia por la variante delta del covid 19.
El domingo se instaló la Convención Constituyente y su primera sesión también debió ser suspendida momentáneamente por la brutal represión de Carabineros a los manifestantes que pedían por la libertad de los presos políticos y de Wallmapu.
Cuando se reanudó la sesión se eligieron las autoridades y la presidencia quedó en manos de Elisa Loncon. El abogado del Frente Amplio Jaime Bassa ocupó la vicepresidencia, ambos se encargaron de aclarar que la convención no tenía poder para liberar a esos presos pero que harían un llamado al congreso aunque Piñera había anunciado previamente que vetaría cualquier amnistía.
El lunes a primera hora se acordó que 80 convencionales estuvieran presentes en el hemiciclo del ex Congreso y en otras tres salas se designarían a 25 personas en cada una, contactándose telemáticamente a la sesión en Sala.
Sin embargo, había pasado un hora y media desde la hora convocada para esta sesión y ésta aún no había comenzado. Poco después, confirmaron que el encuentro había sido suspendido por la mesa directiva y aplazado para este martes a las 10.
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El martes se vivió una situación similar y tampoco se pudo sesionar. Ante la incapacidad de un gobierno para garantizar medidas mínimas como conexión a internet y ventilación en el edificio donde funciona el Congreso y sus oficinas aledañas, solo queda pensar que hay una voluntad política de que no se sesione.
Ante esto, Lester Calderón, trabajador de la industria minera, editor de La Izquierda Diario Chile y ex candidato a gobernador por la región de Antofagasta denunción que "El gobierno quiere boicotear la convención y subordinarla. Así lo prueba el escándalo de hoy, la represión de este domingo en la sesión inaugural y las declaraciones del gobierno contra los presxs políticxs, buscando que la Convención no lo ponga en tabla."
Agregó que "la Convención es una farsa. Queda más que claro que es indispensable que la Convención se declare soberana y decrete como primera medida la amnistía a las y los presos de la rebelión. Si sólo se limita a una declaración de buenas intenciones es una burla a los familiares de los presos. La convención debe asumir plenos poderes para poder discutir y votar todo, incluyendo tanto los aspectos técnicos como políticos en manos de la convención. Además, es urgente que las centrales sindicales como la CUT y los grandes sindicatos mineros, portuarios y de la industria llamen a movilizarse por el cumplimiento efectivo de todas las demandas".
Es que la convención inició con la discusión sobre la posible liberación de los presos políticos, que realmente es una discusión sobre los alcances y atribuciones de la convención misma.
En el llamado Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado o apoyado por todos los partidos del antiguo régimen político chileno en 2019, se acordó una convención amañada y llena de trampas diseñadas para cambiar lo menos posible del odiado régimen heredado del pinochetismo.
Los continuos intentos de boicot de la convención no pueden ser superados confiando en los partidos que gobernaron desde el fin de la dictadura. El camino ya lo mostró la rebelión de 2019, la movilización en las calles y la organización independiente de los trabajadores, el pueblo pobre y los pueblos originarios.