Durante este jueves el gobierno de Gabriel Boric realizó su segunda cuenta pública enmarcada en tres ejes principales: derechos sociales, seguridad pública y desarrollo sostenible. Con una "búsqueda de equilibrio" y un claro cambio de prioridades en su programa inicial de gobierno, las demandas como fin a las AFP, seguro universal, fin al CAE y protección al medioambiente estuvieron completamente ausentes.
Viernes 2 de junio de 2023
Este jueves 1 de junio se llevó a cabo la segunda cuenta pública de gobierno de Gabriel Boric con un extenso discurso que duró 3 horas y media de transmisión, destacándose como la cuenta pública más larga después del retorno a la democracia.
Tras los resultados de las elecciones de consejeros constituyentes el pasado 7 de mayo con el avance electoral de la extrema derecha y la derrota de la coalición del oficialismo, el gobierno de Boric ha demostrado una que otra señal de debilidad frente al programa de la derecha. Es por esta razón, que la línea del oficialismo es buscar el centro hacia un "equilibrio", rebajando su programa inicial. Desde el simbolismo, este acuerdo se traduce en la presencia de Michelle Bachelet en la cuenta pública, quien ha representado los partidos de los 30 años en dos períodos de gobierno.
El discurso de Boric estuvo marcado por un reconocimiento de que ante la realidad que atraviesa el país, su gobierno ha debido reorganizar sus prioridades, aunque -recalcó- eso lo hará sin renunciar a sus principios. Mencionó los avances del gobierno en materia social, como, por ejemplo: el proyecto que rebajó la jornada a 40 horas, el avance del royalty minero, la ley de Copago Cero en salud, entre otras medidas. Sin embargo, pareciera que el gobierno ya enterró su programa: no se habló de poner fin a las AFP, ni de seguro universal, ni tampoco de la condonación de la deuda del CAE. En completa ausencia quedó el derecho a decidir por una maternidad libre y deseada, demanda que ha impulsado el movimiento feminista por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. En vez de aquello, sólo hubo defensas hacia el Ministro de Educación, quien ha sido interpelado por la derecha ante la discusión por una Ley de Educación Sexual Integral. Tampoco mencionó el interés de proteger áreas del medioambiente que se encuentran en disputa con industrias y empresas ante la vigencia del TPP11 que el mismo gobierno aprobó.
Boric condicionó la promesa de resolver la deuda con los profesores y el "fin del CAE" desde un consenso en torno a un nuevo pacto fiscal: “Compatriotas, no podemos avanzar hacia el futuro sin reconocer las deudas del pasado. Chile tiene una deuda histórica con las y los profesores generada en dictadura. Debo ser muy sincero y responsable: el Estado de Chile no tiene ahora los recursos suficientes para hacerse cargo de toda esta reparación, y por eso necesitamos de la reforma tributaria. De aprobarse esta, inmediatamente presentaremos un proyecto para cumplir con este compromiso. Invito a esta sala a ser parte de este noble y necesario gesto de reparación”, afirmó Boric.
En cuanto a seguridad pública también hubo condiciones de recursos, pese que el gobierno ha priorizado su financiamiento y política desde el Plan Nacional de Seguridad Pública. Se trata de la condición de más recursos hacia la represión, donde 1500 millones de dólares estarían sujetos a la reforma tributaria. Con esto Boric comprometió un proyecto para aumentar la dotación de las policías uniformadas, aumento en la incautación de armas y drogas; renovación de la flota vehicular de Carabineros, construcción de 87 obras de infraestructura para Carabineros,PDI y Complejos Fronterizos y la creación de un Ministerio de Seguridad Pública.
Por un polo de izquierda de trabajadores, estudiantes y pobladores independiente al gobierno
Horas previas a la cuenta pública distintas movilizaciones aisladas criticaban al gobierno por falta de cumplimiento de sus promesas. Las y los estudiantes secundarios, quienes se han movilizado durante estos últimos dos meses por problemas de infraestructura, calidad de la educación y contra la represión policial; profesores y trabajadores de la educación pública que se manifestaron en el frontis de La Moneda por el pago de la deuda histórica, fin a la doble evaluación docente, bonos de retiro; y pobladores de Lo Hermida, quienes exigen respuestas por la edificación de viviendas dignas.
La organización y movilización es el camino a profundizar para conseguir nuestras demandas y frenar el avance de la extrema derecha. No hay otro camino a seguir, el relato que instala el oficialismo que sin el acuerdo con la derecha es imposible para avanzar. Vemos que es necesario pelear por la prohibición de los despidos y el reparto de las horas de trabajo, sin distinción de nacionalidad y sin rebaja salarial entre empleados y desempleados. Vamos por pensiones y salario mínimo de 650.000. Es irracional que el sistema económico capitalista mantenga a una masa de trabajadores sin empleo y que quienes trabajan reciban un sueldo que no alcanza para vivir.
