Sergio Grez Toso (Santiago de Chile, 1953) es docente de la Universidad de Chile y doctor en Historia. En 1976, en plena dictadura de Pinochet, decidió salir de su país después de sufrir prisión política (1975). Se radicó en Francia, donde estudió en la Universidad de París VIII y en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Sus investigaciones se centran en la historia del movimiento obrero y popular de Chile. Es autor de libros como La “cuestión social" en Chile. Ideas y debates precursores (1804-1902), De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890), Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de "la Idea" en Chile, 1893-1915 e Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924), y promotor del Foro por la Asamblea Constituyente. Recientemente ha compilado y publicado junto con Jorge Elías el libro Masacres obreras y populares durante el siglo XX en América Latina, publicado por la editorial Imago Mundi.

En esta entrevista, conversamos sobre las perspectivas que se abren ante la asunción del gobierno de Boric y la situación política en Chile. Abordamos también su visión sobre el rol de la clase trabajadora en la rebelión popular de 2019 y la situación de la Asamblea Constituyente.

¿Qué se puede esperar del gobierno de Boric?

Aunque la coalición que apoya a Boric declara que su objetivo es la superación del neoliberalismo para sentar las bases de un Estado de derechos sociales garantizados en un marco de ampliación de la democracia o, más bien, la construcción de una democracia paritaria y participativa, es preciso desentrañar los contenidos y posibilidades reales de cambios más allá de los grandes titulares, anuncios y promesas. Para ello es necesario contar con un análisis de las fuerzas en pugna, las dirigencias sociales y políticas, su carácter de clase y sus verdaderos fines. Ante la imposibilidad de extendernos sobre estos asuntos y basándome en análisis formulados en otras ocasiones, sostengo que estamos viviendo un momento de recambio de las elites políticas de signo reformista; cambio imprescindible e inevitable, tanto por razones biológicas (generacionales) como estrictamente políticas (reproducción del capitalismo dependiente y gobernabilidad). Este relevo se concreta en el desplazamiento de la hegemonía en las elites reformistas, desde la generación “vieja”, básicamente la antigua Concertación de Partidos por la Democracia, hacia la joven generación, representada principalmente por el Frente Amplio (FA). Desplazamiento que, si bien está ocurriendo en medio de contradicciones y fricciones, culminará durante el gobierno de Boric en una nueva alianza en torno al núcleo emergente (el FA), pero incorporando a fuerzas muy significativas de la vieja Concertación (sobre todo del Partido Socialista). Esto permite afirmar que el programa de reformas presentado por la candidatura de Boric, ya edulcorado entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se recortará aún más en aras de la convivencia con estos nuevos socios de la coalición gobernante y en función del “realismo” político, pues el nuevo gobierno no contará con mayorías parlamentarias, debiendo negociar sus proyectos de reforma con sectores como los representados por la Democracia Cristiana, el Partido de la Gente, incluso, de la derecha tradicional.

En síntesis, solo cabe esperar reformas tenues acompañadas de anuncios formulados con un lenguaje innovador e “inclusivo”, de acuerdo con las tendencias en boga, pero que no significarán grandes cambios estructurales, lo que se reflejará también en la actitud del Estado respecto de las movilizaciones sociales, tal como se insinúa en recientes declaraciones de Izkia Siches (nueva ministra del Interior), quien ha afirmado que -contrariamente a lo anunciado previamente- no descarta la mantención del Estado de excepción en el Wallmapu pues, según sus palabras, “evidentemente nada está escrito en piedra”. Lo que nos permite pensar que en otras materias y respecto de otras promesas ocurrirá algo parecido, especialmente en las políticas sociales, que deberán pasar por el “filtro” del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de reconocido cuño concertacionista y neoliberal, quien era hasta hace pocas semanas presidente del Banco Central.

Vos venís criticando distintos gestos de moderación de Boric (recuerdo en este momento, por ejemplo, su planteo sobre "mejoras" para Carabineros). Estos gestos ¿son "tácticas" para llegar a un público más de "centro" o tienen un carácter más programático?

Es evidente que no se trata de meras “tácticas”; estos “gestos” corresponden a un programa que apunta a la realización de reformas acotadas, destinadas a limar algunos aspectos del modelo neoliberal a fin de ganar unos cuantos años más de gobernabilidad sistémica, desplazando de paso a buena parte de quienes han sido los administradores del modelo durante más de tres décadas e incorporando a algunos de estos viejos actores a una colación ampliada que, en ningún caso, ni siquiera en declaraciones respecto de un horizonte de largo plazo, se sitúa en una perspectiva anticapitalista. Ello supone ganar la mayor cantidad de apoyos posibles en el centro político, incluso de sectores de la derecha en aras del “bien de Chile”, esto es, de las fuerzas sociales hegemónicas.

Desde el punto de vista historiográfico, vos trabajás sobre la historia de la clase obrera y los movimientos populares en Chile. El 12 de noviembre de 2019 hubo una acción muy importante de la clase obrera organizada. ¿Qué rol jugó esta jornada en el proceso de rebelión popular en Chile?

Ese día se realizó un paro nacional (huelga general) bastante exitoso que, en el contexto del “estallido social” (prefiero la denominación de rebelión popular), estremeció a la clase dominante y a la casta política, gatillando en pocas horas el famoso “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución”, presentado a la ciudadanía en la madrugada del 15 de noviembre, como una maniobra destinada a desactivar la revuelta popular. Lamentablemente, la clase trabajadora y sus organizaciones no tuvieron la capacidad política de responder al artilugio de la casta parlamentaria y, como sabemos, el proceso constituyente que se empezó a concretar poco después se ha venido desarrollando sin la reunión de una Asamblea Constituyente libre y soberana, sino mediante el funcionamiento de una suerte de sucedáneo -la Convención Constitucional- acotado por las disposiciones del mentado Acuerdo.

Siguiendo con lo anterior ¿cómo ves la situación actual de la clase trabajadora?

La clase trabajadora en Chile no ha logrado aún sobreponerse a las drásticas limitaciones y condiciones impuestas por el modelo neoliberal y el sistema de democracia representativa restringida, tutelada y de baja intensidad que tenemos desde 1990. Si bien se ha producido un proceso de lenta -a veces lentísima- reconstrucción del tejido social destruido por la dictadura y el modelo neoliberal, esto no se ha traducido en una ampliación significativa de las organizaciones sindicales ni en una autonomía sostenida respecto del Estado y de los partidos políticos. Más aún, podemos constatar que la clase obrera (y en un sentido más amplio, la clase trabajadora) carece de representación política, lo que se refleja claramente en la composición de los partidos de izquierda y muy particularmente en sus dirigencias, en el Parlamento (en el que está terminando y en el que asumirá sus funciones en estos días) y en la Convención Constitucional. En ninguna de estas instancias (especialmente en el Congreso Nacional y en la Convención Constitucional) hay representantes “orgánicos” de la clase obrera. La política institucional en el Chile actual es cosa de burgueses y de capas medias profesionales, estando prácticamente excluidos los trabajadores manuales y los sectores populares en general.

¿Cuál es tu análisis sobre la situación de la Convención Constitucional?

La Convención está determinada por la imposición del quórum de 2/3 y por la prohibición de alterar los tratados internacionales firmados por Chile resultantes del Acuerdo del 15 de noviembre y de la consiguiente reforma constitucional de diciembre de 2019 que condicionó el proceso constituyente. El bloque hegemónico en su seno (principalmente Frente Amplio y Colectivo Socialista, al que frecuentemente se suman los “Independientes no neutrales” y el Colectivo del Apruebo) junto con la derecha tradicional, reafirmó este antidemocrático quórum sin plebiscito intermedio (pues las condiciones aprobadas para este lo hacen irrealizable). De esta manera, las fuerzas de conservación social han generado un escenario ideal para llegar a “grandes acuerdos” que aseguren estabilidad sistémica y cambios esencialmente secundarios. Como ha señalado acertadamente un convencional de reconocida trayectoria concertacionista (Patricio Fernández), “los dos tercios están haciendo su trabajo”, pues este dispositivo “ha resultado ser una fórmula sorprendentemente estabilizadora”. Esto se está viendo reflejado en las normas que ha venido aprobando la Convención Constitucional. Generalmente, han superado el quórum de los 2/3 aquellas propuestas que solo tienen que ver con formulaciones generales como “Estado Regional, Plurinacional e Intercultural” en base a principios tales como solidaridad, colaboración, asociatividad, participación popular, equidad y justicia territorial, que no tendrán mayores efectos prácticos, pues, entre otros elementos, las asambleas regionales aprobadas no gozarán potestades legislativas y el “Estado Regional” (supuesto punto intermedio entre un Estado unitario y un Estado Federal) mantendrá la unidad e integralidad, quedando expresamente prohibida la secesión, lo que significa que la autonomía no podrá atentar contra el carácter indivisible del Estado de Chile. Dicho de otro modo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios no será respetado en la nueva Constitución. De manera similar, podemos prever que la futura Carta Constitucional contendrá la proclamación de una gran cantidad de derechos sociales (no solo de las personas, también de la naturaleza y de los animales), pero que su concreción será muy defectuosa si no imposible de realizar. Básicamente porque su financiamiento no estará asegurado y porque hasta ahora no se vislumbran mecanismos que los hagan exigibles por la propia ciudadanía. Si la nueva Constitución no asegura que el Estado pueda nacionalizar recursos naturales y medios de producción y crear empresas estatales, no se contará con el financiamiento necesario, por lo tanto los derechos serán puramente nominales. La “ilusión constitucional” puede tornarse rápidamente en una desilusión tremenda. Todo lo anterior sin considerar que la regla de los 2/3 también está “haciendo su trabajo” en cuestiones tan trascendentes del sistema político como la configuración del futuro Congreso Nacional, ya que ante la imposibilidad de alcanzar tan elevado quórum y ante la posibilidad de desembocar en un “apocalipsis legislativo” (una Constitución sin Parlamento), algunos sectores -como el Frente Amplio- que eran partidarios de un Congreso unicameral (aspiración probablemente mayoritaria en el país) han manifestado su disposición a apoyar una alambicada fórmula de “bicameralismo asimétrico” que incluiría un “Consejo Territorial” en reemplazo del actual Senado, aunque, según se dice, con funciones más restringidas. La ciudadanía contempla pasivamente estas discusiones y transacciones, pues la ausencia de plebiscitos intermedios o dirimentes refuerza el clima de desmovilización.

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