Nueva derrota de Camacho. Posesionan a Mario Aguilera como Gobernador de Santa Cruz

La posesión de Aguilera al frente de la estratégica gobernación de Santa Cruz, desplazando a Camacho se da luego de un año de duras peleas legales que Camacho y sus acólitos dieron para evitar precisamente este resultado. Si bien Aguilera fue el compañero de fórmula de Luis Fernando Camacho en las elecciones subnacionales del 2021, rápidamente se evidenciaron tensiones y fuertes desacuerdos, particularmente en cómo manejar la relación con el gobierno central y el MAS en particular, provocando un fuerte distanciamiento y hostilidad por parte de la derecha cruceña contra Aguilera.

Durante todo este tiempo, Luis Fernando Camacho logró mantenerse al frente de la gobernación cruceña pese a estar recluido en el penal de alta seguridad de Chonchocoro en el altiplano paceño, situación que ha llegado a su fin el día de hoy.

Con esta decisión del Tribunal Constitucional y luego de la posesión efectiva de Aguilera en el cargo, las aspiraciones electorales de Camacho se encuentran en entredicho. La resolución constitucional que impide a Evo Morales volver a candidatear para las elecciones del 2025, también afectaría a Luis Fernando Camacho, ya que la particular interpretación que ha establecido este cuestionado tribunal, afirma que solo sería posible una sola reelección la que debería realizarse de manera continua, es decir que Camacho, al ser reemplazado en su gestión por Aguilera, incumpliría con ese requisito de continuidad en el cargo. Sin embargo, más allá de toda la palabrería jurídica y constitucional, lo cierto es que el TCP con estas resoluciones agrega chispas de conflicto en la ya precaria situación política, alentando a la movilización y a la acción callejera como ya ha empezado el evismo.

Te puede interesar: Crisis política. Bloqueos campesinos agravan las disputas en el MAS

En este sentido, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, anunció que convocará a una reunión con diversas instituciones para tomar acciones contra los magistrados del TCP incluyendo movilizaciones contra el fallo judicial. Al respecto manifestó que espera que el comité cívico, con el cual también se expresaron fisuras, asista a la reunión ya que calificó lo sucedido como un “golpe judicial” contra Santa Cruz.

Apenas asumido el cargo, Aguilera anunció que realizará una auditoría a la gobernación, con el objetivo de brindar “seguridad de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho y para reconducir las cosas que se tengan que reconducir y castigar los hechos irregulares (…)”. Al mismo tiempo, se conocieron las renuncias del secretario de desarrollo económico, Edgar Landívar, y del asesor de gestión de la gobernación, Efraín Suárez, dando cuenta del caldeado ambiente político que se vivió en la asamblea departamental.

Zvonko Matkovic, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, al tiempo de posesionar, de mala gana a Aguilera, declaraba que lo hacía: “Dando cumplimiento a la conminatoria judicial y en el lamentable estado de sitio que hay en estos momentos en la gobernación (…) el señor Mario Aguilera queda posesionado como gobernador temporal del departamento de Santa Cruz”. Recordemos que días antes, Matkovic calilficó la referida sentencia constitucional como una dictadura.

Mientras todas las camarillas y las fracciones capitalistas entablan una feroz pelea por ver quién es el que controla el órgano judicial, las y los trabajadores y el pueblo observan cómo en esta disputa todas las demandas de justicia, de las y los de abajo, son atropelladas por un órgano judicial cada vez más degradado y divorciado de las grandes mayorías populares.

Este escenario plantea la urgente necesidad de que los sectores obreros, populares, la juventud precarizada, campesinos e indígenas, así como el movimiento de mujeres y de las disidencias, empiecen a poner sobre la mesa la urgencia de tomar desde abajo, y de manera independiente, acciones para imponer una profunda reforma judicial que no puede limitarse a la renuncia de los magistrados o a elecciones judiciales con filtro parlamentario como ya hemos denunciado en reiteradas oportunidades. De lo que se trata es de empezar a discutir cómo eliminar los privilegios de casta del órgano judicial que hacen que los funcionarios vean la justicia como un negocio más que se puede vender al mejor postor.