Las protestas en el campo ya suman varios países en la Unión Europea. Se está manifestando un enorme descontento, mientras la ultraderecha trata de capitalizarlo. Pero ¿cuál es la situación del sector más precario del campo?
Carlos Muro @muro_87
Sábado 10 de febrero
La imagen muestra el tercer incendio en un campamento de trabajadores del campo migrantes en Lepe (Huelva). Estos no son los sectores a los que se pregunta en los informativos sobre la situación del campo, presionados por condiciones de superexplotación, amenaza del aparato legal de extranjería e infraviviendas.
Por otra parte, lo cierto es que las protestas en el Estado español, por fuera de las organizaciones tradicionales, son muchos de ellos pequeños productores agropecuarios o cooperativistas que se ven acorralados ante los grandes grupos multinacionales de la distribución, que les imponen precios y condiciones leoninas de venta de los productos en origen, mientras las ventas al final de la cadena son cada día más caras en los supermercados.
En un artículo anterior hacíamos hincapié en que “los peor parados respecto de la transformación estructural que atraviesa el campo español son precisamente los asalariados, los jornaleros, sobre todo los inmigrantes, la pieza fundamental que saca adelante las diferentes cosechas”.
En un reciente artículo en el diario El País se comenta por otra parte que el sueldo medio es de 1.477 euros brutos, 651 menos que la media, con las mayores tasas de temporalidad, las jornadas más largas y el peor dato de siniestralidad. Sin embargo, los sueldos medios son un dato que no ilustra que hay que obtenerlo haciendo la media entre propietarios y jornaleros, con condiciones muy diferentes. Respecto a estos datos y la cobertura en los medios del conflicto en el campo, Óscar Reina, secretario general del SAT, hablaba de confusión intencionada señalando que "todos hablan de agricultores, pero nadie de jornaler@s, que realmente son los que siempre sufren y padecen y pagan todas las consecuencias de todos los males del campo, con sus míseros sueldos y penosas labores, sin más pertenencia que sus sudores y sus manos encallecidas".
Precariedad y racismo
Según las cifras de la Encuesta de Población Activa los salarios del campo están solo por encima de la hostelería con 1.390 euros de media y del empleo doméstico con 981 euros de media. Situándose muy por debajo de la media que representa unos 2.128 euros y muy de lejos respecto a sectores como: información y comunicaciones con 2.941 euros, actividades financieras 3.394 y suministro de energía 3.498.
Incluso a pesar de las subidas del salario mínimo, que en el sector del campo ha llegado solo al 36%, éste sigue estando muy por debajo del resto de sectores. Más aún cuando un porcentaje de las y los trabajadores se realiza en negro y a destajo, siendo el grueso inmigrantes.
Incluso el mismo estudio comenta que el 37,6% de los asalariados en la agricultura tiene un contrato temporal, frente a la media del 16,5%, del 17,1% en servicios, del 16,2% en construcción o del 9,4% en industria. Además, las jornadas de trabajo son las más largas del tejido económico español: un número medio de horas semanales de 42,3, muy por encima de la media de 37,7 horas. Y si hablamos de la siniestralidad los datos siguen siguen siendo un drama: tan solo de enero a noviembre de 2023 murieron 70 personas en el campo español.
En una entrevista para el diario La Marea, Kalidou Balde relataba la combinación de peligrosidad laboral, extrema explotación y régimen de temporalidad que caracteriza a la patronal alimentaria, con graves consecuencias para las vidas obreras. «A veces tienes la sensación de que estás trabajando para la mafia. Hay un régimen de miedo y silencio que recorre el matadero. Conozco a cuatro personas que han perdido la mano. También hemos visto muchas veces cómo los gerentes llevaban ellos mismos a los trabajadores al hospital después de un accidente y se negaban a avisar a la ambulancia”, añade. Asimismo, denuncian la poca utilidad de las inspecciones laborales, ya que cuando estas suceden, se reduce la velocidad de la cadena de producción para que el entorno de trabajo parezca más seguro.
Según la EPA el sector agrario reúne a 770.700 ocupados, un 3,6% del total cuando en 2013 representaba el 4,5%. Respecto a la composición laboral de este sector, también destaca la alta proporción de trabajadores extranjeros: en el último trimestre del año pasado, los españoles eran el 74,2% de la mano de obra agraria, frente al 22,9% de extranjeros y el 2,9% de doble nacionalidad.
Uno de los rostros más conocidos de esta clase trabajadora es el de las jornaleras de la fresa en Huelva por haber llevado adelante una importante lucha contra los abusos y la explotación en tan lucrativo negocio.
Una de las trabajadoras relataba: "Nos quitan la documentación y el dinero al llegar. Nos tienen en condiciones infrahunanas. Al no conocer el idioma estamos en situación de indefensión. También explicó como tenían que trabajar más de diez horas diarias, prácticamente sin descansos, y aunque estuvieran enferma, estaban obligadas a vivir en casas sin agua corriente y todo siempre bajo la amenaza de ser despedidas y expulsadas si no cumplían las condiciones.”
La situación de estas temporeras marroquíes que se rebelaron contra los abusos patronales pone a la luz prácticas que, como la contratación en origen, generan el marco legal perfecto para que empresarios y caciques se enriquezcan a base de la devaluación de las condiciones laborales llevada a niveles brutales.
Sobre este modelo, Antonio J. Ramírez señala como estos regímenes de explotación forman parte de una cadena de producción y distribución que trata de minimizar “costes” no sólo en los salarios y condiciones de los trabajadores, sino también en intentar exprimir a productores y consumidores. Respecto a los precios de los alimentos y sus subidos, argumenta que “nuestros salarios son bajos, en parte, porque cuesta poco que sigamos viviendo a costa de alimentarnos con suministros baratos de calidad mediocre. La industria agroalimentaria impone un modelo de alimentación que genera múltiples consecuencias sociales, económicas y ambientales, porque no comemos lo que queremos, sino lo que podemos pagar.”
En mayo de 2020 también fueron a la huelga en Italia miles de trabajadores del campo migrantes bajo la convocatoria de USB Lavoro Agricolo. Uno de sus portavoces decía que “somos útiles cuando se trata de recoger tomates y calabacines para su distribución a gran escala para las mesas (no sólo italianas), pero molestamos mucho cuando pedimos derechos para las personas sin importar el origen, como un salario decente, la posibilidad de inscribirse en el registro civil para tener acceso a un médico, a una vivienda decente y a una vida humana.
Ahora se trata de diferenciar (también en el campo) claramente los intereses de quienes viven de vender su fuerza de trabajo y quienes viven de la fuerza de trabajo de otros. De que los trabajadores y las trabajadoras no intervengan de forma dividida, entre nativos e inmigrantes, o sector por sector.
Para resistir y combatir contra la nueva precariedad, sobreexplotación, despidos masivos y falta de seguridad sanitaria, la clase obrera necesita utilizar toda su fuerza y unidad en la lucha, más allá de las divisiones que imponen las burocracias sindicales, y más allá de las fronteras, desarrollando formas de coordinación y acción unitaria a escala nacional e internacional. Algunas de estas demandas serían:
• Trabajo con derechos para todas y todos. Trabajar seis horas por día, cinco días a la semana, con un salario que cubra el coste de mantener un hogar. Contra la “uberización” del campo y los regímenes de extrema precariedad.
• Expropiación de la gran propiedad terrateniente y reparto de tierras. Expropiación bajo control obrero de todo el complejo industrial agroalimentario y exportador. Además, el monopolio del comercio exterior y la nacionalización de la banca para poder financiar la reconversión y diversificación del modelo agroalimentario sobre bases sustentables y democráticas.
• Condiciones seguras de trabajo en el campo y procesadoras, libres de tóxicos y agentes contaminantes, como parte de un plan general de reorganización racional y unificada de la producción y la distribución en manos de la clase trabajadora y sus organizaciones. Ninguna de estas medidas puede implicar despidos, precarización de las condiciones de trabajo ni afectar las condiciones de vida de las poblaciones y sus territorios.
• Apertura de las fronteras, fin de los CIEs y las leyes de Extranjería, garantizando papeles para todxs.
• Apertura inmediata de los registros contables de esas grandes empresas para desbaratar los “secretos comerciales” tras los que esconden sus maniobras saqueadoras de los bolsillos populares.
• Expropiar a las grandes empresas que especulen con el hambre del pueblo. Que sean administradas por sus trabajadores y comités de consumidores organizados en los barrios. Terminar con el monopolio de las seis grandes distribuidoras de comida en el Estado español que especulan imponiendo precios cada vez más elevados en los supermercados al tiempo que hacen vender al menor precio posible a las pequeñas explotaciones, que terminan concentrándose en un modelo de gran propiedad terrateniente e industrial.
