En este artículo recorremos, a la luz del que será el último período del gobierno de AMLO, las características centrales que le permitieron conquistar una importante hegemonía y estabilidad política; además, se analiza el panorama electoral y las reformas constitucionales propuestas por el presidente.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha construido una importante hegemonía, a partir de las expectativas e ilusiones que generó en amplios sectores de la población, harta de las administraciones neoliberales. Durante su mandato, diversos programas sociales, aumentos al salario mínimo y otras medidas con las que buscó marcar distancia de sus antecesores, se combinaron con una retórica discursiva de corte progresista y antineoliberal, que le dieron un importante apoyo social y electoral, particularmente, entre los sectores populares y la clase trabajadora.

Aunque las condiciones de precarización laboral y de rezago estructural, que enfrentan millones de trabajadores, no cambiaron sustancialmente, las distintas medidas lopezobradoristas —y el recuerdo vívido de las políticas de los partidos que hoy están en la oposición— abonaron a la confianza de la cual goza todavía el gobierno entre la mayoría de la población y que se juega a ratificar en las urnas en las próximas elecciones.

La política hábilmente tejida por la administración morenista combinó las medidas antes mencionadas —donde el contraste recurrente con las administraciones previas le ayudó a ocultar lo limitado y parcial de las mismas [1]— con una orientación estratégica que preservó los intereses capitalistas y amplió sus beneficios —como se ve en el caso del Corredor Transoceánico, que se proyecta como la fuente de grandes beneficios para las empresas nacionales y extranjeras que allí inviertan [2]— lo cual se articuló con mantener las condiciones laborales impuestas por el neoliberalismo, no sólo en el sector privado, sino también para los millones de trabajadores que laboran en distintas instituciones públicas, desde la educación básica, media y superior, hasta los programas sociales y al servicio del Estado.

Durante este sexenio, se preservaron los lazos de subordinación con la Casa Blanca —basta considerar la entrada en vigor del TMEC y la política migratoria, así como la negativa a condenar el genocidio israelí— y se aceitaron mecanismos fundamentales para la dominación burguesa, fortaleciendo la imagen de las fuerzas armadas —¡como no lograron hacerlo los gobiernos neoliberales!— presentándolas como el "pueblo armado".

Esto sucedía mientras se profundizaba la militarización, dando roles directivos al ejército y la marina, pero también de control en las aduanas, los puertos, y la construcción de infraestructura; lo cual, además, supuso hondos beneficios económicos para las fuerzas armadas lo que, aunado a la impunidad de que gozan, le permitió establecer una sólida relación con éstas, las cuales se constituyeron en un pilar evidente del gobierno de la Cuarta Transformación.

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Mientras que la retórica del gobierno se inscribió, vagamente, en la tradición "nacional popular" —a la que se remiten, en mayor o menor medida, los progresismos latinoamericanos— desplegó una ofensiva política e ideológica, que le permitió cooptar y subordinar a intelectuales y referentes de organizaciones sociales, sindicales y del movimiento de mujeres [3], su curso político y económico garantizó nuevos y mejores negocios al empresariado bajo un mayor protagonismo estatal, como se ve en los megaproyectos.

Si al presidente le gusta considerarse un digno heredero del general Lázaro Cárdenas, donde más parentesco podemos encontrar con éste no es en torno a acciones como la expropiación petrolera de 1938, sino en las distintas políticas económicas impulsadas desde el Estado y que benefician a los capitalistas. Arturo Anguiano comentaba, respecto al sexenio cardenista:

"El Estado promovió la industrialización para convertir a México en un moderno país capitalista. Al realizar tal labor, coadyuvó al desarrollo de la clase social privilegiada, cuyos integrantes, nacionales y extranjeros, vieron incrementadas y protegidas sus actividades industriales, comerciales y financieras. Al mismo tiempo se consolidó el capitalismo de Estado. Al construir la infraestructura económica nacional y perfeccionar los mecanismos de crédito, el Estado sentó la base material para que los capitalistas pudieran desarrollar sus intereses" (La política obrera del cardenismo, 1975, p. 98).

Y, más adelante, concluía que esto —así como la ampliación del mercado interno y la unificación de las condiciones de trabajo— constituyó el resultado objetivo de la "radical política de reformas sociales" del gobierno de Cárdenas.

Esta comparación puntual con el cardenismo no implica dejar de lado las diferencias dadas por el muy diferente momento internacional y del país: en la actualidad, las posibilidades de un proyecto de corte desarrollista "nacional" están limitadas por la profunda dependencia estructural del imperialismo estadounidense, por los acotados márgenes que impone la situación económica y por las sucesivas crisis financieras, que hemos visto en las últimas décadas a nivel mundial.

Como hemos planteado en otras publicaciones [4], cuando AMLO llegó al gobierno, en 2018, existía un cisma entre gobernantes y gobernados, una crisis orgánica cuyo punto más álgido fueron las movilizaciones de 2014 por Ayotzinapa y que tuvo, también, múltiples expresiones en los sucesivos momentos de movilización popular, que se dieron desde fines del sexenio de Felipe Calderón y durante la administración de Peña Nieto. Este cisma arrojó a la oposición derechista a una crisis de la que aún no sale.

Uno de los "logros" del gobierno de la 4T fue, a partir de la confianza y las ilusiones populares en la figura de AMLO, cerrar esa brecha y esa crisis capitalizando, políticamente, esta situación a su favor y apuntalando un proceso de relegitimación de las instituciones del Estado y del régimen político: el ejército, como ya mencionamos, pero también el Congreso y los mismos mecanismos electorales. Esto no le impidió a AMLO chocar, fuertemente, con algunas de estas instituciones, como el Poder Judicial o el Instituto Nacional Electoral. Lo cual, a la par que mostró que aquellas respondían claramente a la oposición derechista, evidenció los rasgos autoritarios y bonapartistas del gobierno para disciplinar a sus adversarios.

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El gobierno de AMLO logró instalar una dinámica de pasivización de la lucha de clases que contrastó con los momentos de movilización en los sexenios anteriores [5]. Esto fue crucial, junto a la crisis de la oposición y los lazos que AMLO tejió con las grandes patronales, para construir esa hegemonía. Esta pasivización no se explica, solamente, por la fortaleza gubernamental y el éxito de su discurso "progresista", que busca desmovilizar al movimiento de masas, sino que dependió también de la actuación de las conducciones sociales y sindicales, que apostaron a una tregua en los hechos con López Obrador y aportaron, por distintas vías, a recrear la subordinación del movimiento obrero y popular al gobierno y al Estado, lo cual fue instrumentado tanto por aquellas centrales y sindicatos identificados abiertamente con la 4T, como por quienes guardaron cierta distancia ante la misma. La administración obradorista logró, así, un consenso con el que no contaron los últimos gobiernos del PRI ni del PAN.

Afortunadamente, como una muestra de que la hegemonía gubernamental tuvo límites, en las coordenadas de la lucha de clases sexenal estuvieron presentes acciones de resistencia y de movilización protagonizadas por sectores determinados de trabajadores, la juventud y otros movimientos sociales, y del movimiento de mujeres [6]. La falta de coordinación y articulación entre éstos —a pesar de que en muchos casos coincidieron temporalmente— no puede entenderse sin considerar la responsabilidad de las conducciones mencionadas y su actitud inmovilista y complaciente, lo cual combatimos desde la izquierda revolucionaria [7].

De haberse avanzado más en ese camino, estaríamos en mejores condiciones para horadar la hegemonía lopezobradorista por izquierda. Esto es una lección fundamental para el próximo período, donde será necesario impulsar la independencia de clase.

El panorama electoral y una oposición que no repunta

En este contexto general es que acaban de cerrarse las llamadas "precampañas", en las cuales sólo hubo tres precandidatos [8]. Claudia Sheinbaum parece encaminarse —salvo que algún cataclismo político aparezca en el horizonte— a un triunfo en las próximas elecciones presidenciales, con un 52 % de las preferencias frente a un lejano 30 % de Xóchitl Gálvez; aún así, es una candidatura que no enamora ni despierta gran entusiasmo. Si se confirman todos los pronósticos y encuestas, eso responderá más a las fortalezas de la 4T y a la hegemonía conquistada por AMLO, que a méritos propios.

Los actos de campaña de Sheinbaum se sienten muy lejos de las emociones que despertaban los mítines de AMLO y, es que, el entusiasmo que generaba el tabasqueño no devenía de sus virtudes como estadista y orador, sino de haberse puesto al frente de la movilización democrática desde el 2006 hasta el 2018, cuya pretensión era concentrar en su persona las justas aspiraciones de amplios sectores.

Por eso, Sheinbaum busca hacerse fuerte en la campaña hablando de los "logros" de la actual administración, proponiéndose como su continuidad (el propio slogan de campaña es "continuidad con cambio"); como plantea uno de los agentes de comunicación del gobierno, "López Obrador es el principal activo de Sheinbaum y de Morena". En ese marco, la candidata morenista ha logrado el alineamiento de las principales conducciones sindicales —como los principales sindicatos de la UNT y de la CROC— en tanto que otras han buscado abrir las vías de diálogo y comunicación con la ex jefa de gobierno.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, que inició con empuje e intentó mostrarse como una candidatura más "popular" de las figuras casi aristocráticas que estila presentar la alianza opositora, se desinfló rápidamente, acumulando un traspié tras otro, incluyendo el desaire que le propinó el independiente ultraderechista Eduardo Verastegui o como la candidatura fallida de Samuel García, que amenazaba rebasarla en las encuestas.

En días previos, el mayor golpe contra Xóchitl Gálvez vino de sus propias trincheras y, aún más, del "Estado Mayor" del Frente Amplio por México: el fuego amigo se originó en la pelea entre el presidente del PAN, Marko Cortés, y Manolo Rodríguez, gobernador priista de Coahuila, por un supuesto incumplimiento de los ambiciosos acuerdos de reparto de cargos. El propio presidente López Obrador no perdió el tiempo para echar sal a la herida y golpear a la alianza: "es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Cuando se reparte mal el botín, hay motín".

Las dificultades de la candidatura del Frente Amplio y la amplia distancia que la separa de Morena, expresan no sólo desatinos, sino una crisis de largo aliento de la cual no termina de salir la oposición; sus momentos aciagos aún continúan. Aunque la candidatura elegida por Movimiento Ciudadano —el diputado Jorge Álvarez Máynez— es poco conocida fuera de la formación política, podría disputar una porción del electorado opositor al Frente Amplio. El oficialismo y sus partidos aliados, por otra parte, han continuado captando figuras provenientes de estos partidos; lo cual debilita a la alianza de derecha, como fue el caso reciente del hace poco priista Eduardo Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa, o del ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, reclutado por el Partido Verde.

Seguramente, los próximos meses serán ricos en polarización política, donde los candidatos de la oposición buscarán repuntar —allí está la reciente convocatoria a la "marcha en defensa de la democracia" para febrero, donde hablará Lorenzo Córdova— y Morena buscará ampliar la brecha, así como a tener el mejor resultado posible, que le permita a Sheinbaum gobernar con holgura.

AMLO y una nueva oleada de reformas propuestas

Justamente, ese parece ser el sentido de las reformas constitucionales, que el jefe del ejecutivo enviará al Congreso de la Unión el simbólico día 5 de febrero: Fortalecer las posibilidades de la candidata morenista. Entre estas reformas destacan la que concierne al sistema de pensiones, la referente al Poder Judicial y el sistema electoral, así como establecer que el salario mínimo aumente de acuerdo a la inflación.

Desde que AMLO realizó sus anuncios en una reciente conferencia mañanera, se destacó en múltiples medios que es improbable su aprobación en la actual legislatura, considerando que la oposición adelantó su voto negativo. En el caso de la Cámara de Diputados, se requieren 334 votos a favor, en tanto que en el Senado 84; el Morena, con sus aliados, sólo llega a 273 y 73, respectivamente. Una aprobación podría venir de lograr algún acuerdo con diputados y senadores opositores, lo cual parece lejano todavía.

La propuesta presidencial asemeja una clara acción política y propagandística, para tomar la iniciativa en un terreno (el de las políticas sociales) que le ha sido favorable ante la oposición, explotar el perfil "progresista" y social del gobierno, para ampliar el margen de ventaja de Claudia Sheinbaum y las posiciones que conquiste Morena en 2024.

Propuestas como las referentes al salario mínimo y las pensiones o la votación de los jueces y magistrados, concitarán gran simpatía y los candidatos de Morena no dudarán en plantear que, si no pasaron, fue por la negativa de los diputados y senadores encuadrados en el Frente que candidatea a Xóchitl Gálvez. Ya el mismo AMLO afirmó, que confía en que se aprueben a partir de septiembre, cuando ingrese la nueva legislatura donde, evidentemente, espera contar con una mayor cantidad de curules.

Aunque las mismas generarán justificadas expectativas dada la carestía de la vida y la mayor concentración de capitales por los empresarios, es importante esclarecer respecto a los límites de estas propuestas. Sobre las pensiones, el propio presidente ya aclaró, que no proyecta poner en cuestión el sistema de Afores, un emblema de la política neoliberal que se impuso en toda América Latina a partir de la década de los 90 del siglo pasado y que representó un saqueo a los ahorros de millones de trabajadoras y trabajadores. La intención es que sea el Estado el que se encargue de cubrir lo necesario para que se mantenga el salario previo a la jubilación, descargando de esa responsabilidad a los empresarios. El Estado es, entonces, el que otorga algunas mejoras económicas, evitando así que se toquen los intereses que están beneficiándose de las reformas jubilatorias; lo cual garantiza el funcionamiento capitalista.

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En el terreno salarial, el incremento al nivel de la inflación se restringiría a los salarios mínimos, dejando fuera a la mayoría de los asalariados del país, para quienes continuará la merma de su poder adquisitivo. De esta manera, se repite el esquema de la política salarial del gobierno: los muy publicitados aumentos realizados durante su administración —que efectivamente fueron en índices superiores a los gobiernos anteriores— se restringieron a un sector de trabajadores y no se replicaron en el resto de la fuerza laboral.

Otro aspecto por considerar es, que durante las últimas décadas, el salario real retrocedió sistemáticamente y ni siquiera los aumentos al salario mínimo —como reconoció el propio gobierno— lograron acercarse a revertir esa pérdida. Una recuperación salarial efectiva requerirá, en primer lugar, de un aumento general, que ponga los salarios al nivel de las necesidades reales de las y los trabajadores y sus familias.

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Las limitaciones que marcamos son consecuencia del mismo proyecto político y económico de la Cuarta Transformación, que no puso en cuestión los intereses de los capitalistas nacionales y extranjeros. Lograr un aumento salarial de emergencia al nivel de la canasta básica, que se incremente de acuerdo a la inflación y que se extienda al conjunto de los trabajadores, o acabar con la contrarreforma neoliberal y poner en pie un sistema de jubilaciones y pensiones garantizado por el Estado bajo control de los trabajadores, requiere atacar las ganancias capitalistas, nacionales y extranjeras, que se incrementan a partir de la precarización laboral y los topes salariales, así como de las grandes empresas que lucran con los ahorros de toda una vida de trabajo de millones de trabajadores.

La experiencia de la clase obrera y los sectores populares durante el último sexenio —donde las políticas sociales "progresistas" no modificaron sustancialmente las condiciones de precariedad ni afectaron los intereses empresariales— plantean la necesidad histórica de superar la subordinación política e ideológica del movimiento obrero a los gobiernos de turno y avanzar en la independencia de clase, tanto respecto al Morena como frente a las distintas fuerzas de la oposición burguesa.

Esta perspectiva marcará el rumbo de una política socialista hacia las próximas elecciones presidenciales, que buscará plantar una bandera alternativa a las fuerzas políticas en contienda; fundamentalmente, hacia la tarea estratégica de construir una alternativa política de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud, que impulse esta pelea al interior de los sindicatos y los movimientos sociales. Una organización que levante una perspectiva anticapitalista y antiimperialista, socialista y revolucionaria con un programa que represente los intereses históricos de los explotados y oprimidos y que busque acabar con este sistema de explotación y miseria.