Al perder su inmunidad, la parlamentaria enfrentará el proceso legal y la solicitud de medidas cautelares. En la querella del Consejo de Defensa del Estado, se le acusa de ser cómplice de fraude al fisco en el caso Democracia Viva.
Martes 11 de febrero
La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió este lunes la solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez (exFrente Amplio) por el caso Democracia Viva. El 23 de diciembre, el tribunal aceptó la solicitud presentada por el fiscal Cristian Aguilar, relacionado con un presunto fraude al fisco en el convenio entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva en 2022.
Para la fiscalía, el desafuero es esencial para avanzar en la formalización y la solicitud de medidas cautelares contra Pérez, basándose en pruebas que implican su participación en los delitos.
El 14 de enero, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Pérez, acusándola de cómplice de fraude al fisco. Por este caso, ya están formalizados su expareja, Daniel Andrade, el ex seremi Carlos Contreras y la concejala Paz Fuica.
El escándalo de la Fundación Democracia Viva, vinculada a Revolución Democrática (RD), se convirtió en una crisis política para el Frente Amplio y el Gobierno de Boric. La controversia comenzó cuando la diputada Yovana Ahumada (ex Partido de la Gente) reveló que la fundación, representada por Daniel Andrade (pareja de Catalina Pérez, ex presidenta de RD), firmó convenios con el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta por 426 millones de pesos. El Seremi, Carlos Contreras, había sido jefe de gabinete de Pérez y ex tesorero de RD. Anteriormente, funcionarios públicos habían alertado a la Subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (también de RD), sobre irregularidades en el traspaso de dinero a la fundación.
En medio de esta disputa, miles de trabajadores y pobladores observamos cómo los gobiernos entregan millonarios fondos a fundaciones privadas (vinculadas a partidos políticos, la Iglesia o grupos de lobby) para gestionar la pobreza y mitigar la crisis social, mientras que en solo dos años los campamentos aumentaron un 33% y el acceso a la vivienda parece cada vez más lejano. A estas fundaciones se les otorgan contratos directos, mientras que organizaciones de deudores habitacionales y comités de vivienda deben esperar años en trámites.
Los liberales y la derecha hacen demagogia sobre la ineficiencia del Estado y el gasto público excesivo, pero se oponen a bajar sus sueldos, como lo haría, por ejemplo, una profesora. No buscan un Estado pequeño, sino uno ’fuerte’ para reprimir a quienes desafíen la propiedad privada de los capitalistas, y ’eficiente’ para beneficiar a los grandes empresarios. Para ellos, ’quitarle la grasa al Estado’ significa recortar planes sociales y despedir a trabajadores públicos, muchos de los cuales brindan servicios esenciales como educación y salud por bajos salarios. Su ideología busca atacar los derechos democráticos del pueblo trabajador.
Los trabajadores debemos mantener una postura independiente en la disputa entre las distintas facciones del capital, sean de derecha o ’progresistas’, así como frente al Estado y sus poderes, que utilizan la ’justicia’ en favor de los intereses de los poderosos. La derecha y el Partido Republicano aprovecharán el discurso ’anticorrupción’ para fortalecer su posición. Sin embargo, ha sido el Frente Amplio y el gobierno de Gabriel Boric quienes han desmoralizado a su propia base, abriendo el camino para el retorno de la derecha y extrema derecha.
