PRESOS POLÍTICO. Preso político: Facundo Jones Huala enfrenta un nuevo juicio de extradición

Fueron 245 días los que debió esperar Facundo Jones Huala encerrado en la Unidad Penitenciaria Federal 14 de Esquel para que finalmente se lo juzgue en un proceso de extradición solicitado por el Estado chileno al Poder Judicial argentino. Aquel 27 de junio de 2017 el joven lonko de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del departamento chubutense de Cushamen había sido detenido en un control de tránsito e inmediatamente trasladado, por orden del juez federal (subrogante) de Bariloche Gustavo Villanueva, al penal de Esquel.

Horas antes de su detención, en una cumbre bilateral protagonizada por Mauricio macri y Michele Bachelet, la mandataria chilena había pedido especialmente a su par argentino que detuvieran a Jones Huala y lo enviaran al otro lado de la Cordillera para consumar su condena a prisión por un hecho sobre el que hasta el día de hoy existen más dudas que certezas.

Es más que probable que de no haber existido la desaparición y muerte de Santiago Maldonado un mes después de su detención, en el mismo sitio donde habita su comunidad y en el contexto de una represión a una movilización que pedía por su liberación, Jones Huala sería mucho menos conocido de lo que es hoy. Son muchos los referentes de pueblos originarios perseguidos y criminalizados en el país que mantienen para las grandes cadenas informativas (y por ende para gran parte de la población) un total anonimato. Allí está Agustín Santillán en el norte argentino, quien también sufrió largos meses de cárcel por hechos que no cometió y sin embargo apenas se ha merecido menciones al pasar de parte de las grandes empresas periodísticas.

Pero Facundo Jones Huala hoy es una referencia obligada al hablar de pueblo mapuche, de presos políticos y de persecusión y criminalización de parte del Estado capitalista. Su caso ha despertado interés mundial e incluso la intervención de organismos internacionales que entienden en cuestiones de derechos humanos.

Una infinidad de personalidades y organizaciones especializadas en temas jurídicos considera que el juicio al que será sometido este miércoles Jones Huala es “ilegal y arbitrario”. Es que un proceso por la misma causa ya fue realizado en Esquel contra él en 2016. Es más, en esa oportunidad el juez que declaró nulo el proceso y liberó al lonko fue nada menos que Guido Otranto, el mismo que hizo desastres en la investigación del caso Maldonado hasta que lo separaron de la causa.

Tan evidente es la maniobra persecutoria que la detención de Jones Huala, en junio del año pasado fue canalizada a través de un juez de Neuquén que subroga en el juzgado federal de Bariloche. Gustavo Villanueva es el magistrado que desde entonces hizo mil y una maniobras para avanzar con los deseos del Gobierno nacional en el ataque contra las comunidades mapuches de la Patagonia que recuperan parte de los territorios usurpados por magnates como Benetton y Lewis.

El mismo Villanueva fue quien ordenó en noviembre último los operativos represivos contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en la zona del lago Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. En uno de esos episodios la Prefectura Naval Argentina asesinó por la espalda al joven de 18 años Rafael Nahuel.

Este miércoles será el mismo Villanueva quien jugará sus cartas sabiendo que tiene en las manos la posibilidad de consumar un hecho histórico: sería la primera vez en la historia argentina que se extradita a un referente originario por razones políticas. Patética forma la del magistrado de buscar que su firma quede estampada hacia la posteridad.

“No se está juzgando solamente a mi persona”

En una extensa entrevista publicada este domingo por Revista Cítrica, Jones Huala dijo que aguarda este juicio “de forma tranquila, más allá de lo que pueda llegar a suceder, y de todo lo acontecido en estos meses”. El lonko dice confiar en las comunidades mapuche “y en los compañeros que también apoyan, como los organismos de derechos humanos, los movimientos sociales y la gente consciente del proceso político y social que estamos viviendo como pueblo mapuche”.

“No se está juzgando solamente a mi persona, sino algo que trasciende el propio caso de extradición. Hay una evidente intencionalidad política de mantenerme en prisión, y también de judicializar todo nuestro entorno”, acusó Jones Huala.

Sobre los hechos de 2013 en Chile por los que se lo acusa de terrorista, el referente mapuche plantea que nunca estuvo claro “si en realidad fue una acción de resistencia de las comunidades de la zona o si fue un montaje. Yo no participé, pero eso no importa, porque de cualquier manera no deja de salir de ese contexto político en el que está enmarcada la lucha mapuche de hoy. Sea un montaje o no, acá se me está enjuiciando por una cuestión política. Este es un juicio político”.

Jones Huala recuerda que junto a quienes fueron acusados de los hechos de Pisu Pisue sufrieron un seguimiento de la inteligencia chilena por lo menos desde un año antes. “Y en ese seguimiento, en algunos de los archivos que yo he tenido a disposición, había colaboración de la policía argentina”, agrega. En ese entonces él no estaba imputado en ninguna causa pero ambos estados lo estaban siguiendo, que los carabineros “ya habían pedido informes de inteligencia a Argentina, y desde Argentina se los enviaron”.

Eran tiempos en los que las comunidades mapuche de Pilmaiquen luchaban contra la instalación y desarrollo de centrales hidroeléctricas fomentadas por el Gobierno chileno sobre territorios ancestrales sin siquiera buscar un acuerdo con esas mismas comunidades originarias.

Jones Huala definió ante Cítrica que “esto no tiene vuelta atrás, y que el gobierno siembra el terror en la población porque no pueden dejar de tenerle miedo a la verdad. Ellos le tienen miedo a la verdad, y que salgan muchas cosas a la luz. Los que están gobernando, hoy en día, son personas que han construido su riqueza a costa de nuestro sudor y de nuestra sangre”. Y recordó que parte del staff gobernante actual tiene nefastos orígenes familiares y empresarios, algunos incluso datan de la Conquista del Desierto.

“Los Bullrich vienen de la familia que fueron los Van Ditmar del siglo anterior, que fueron quienes financiaron la Conquista del Desierto, y los ingleses que le vendieron las tierras a Benetton, y los ingleses que generaron un montón de robos de tierras acá en la zona, como la Compañía de Tierras del Sud Argentino, los ferrocarriles y demás. Marcos Peña proviene de la familia directa de los dueños de La Anónima, directamente involucrado con ellos. El presidente de la Sociedad Rural, ahora es ministro”, detalla Jones Huala.

Y concluye en que “esa oligarquía son los enemigos históricos del pueblo mapuche, y de los pueblos indígenas de todo el país. Nosotros estamos enfrentando a las petroleras y Aranguren es presidente de Shell. La derecha económica se hizo del poder político en este país, en este momento, y creo que ellos están asustados”.

El Movimiento Autónomo Mapuche del Puel Mapu (MAP), del cual forma parte la comunidad Pu Lof de Cushamen, convocó a un acampe frente al Juzgado Federal de Bariloche que comenzará este martes. Y llaman a concentrar a organismos de derechos humanos, organizaciones políticas y sociales y a la población en general a concentrar desde las 8:30 del miércoles para exigir la absolución y libertad inmediata del lonko.

Referentes de organismos de derechos humanos ya confirmaron su presencia en el Juzgado de Bariloche. Entre ellas Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Alejandrina Barry (hija de desaparecidos y referente del CeProDH), Margarita Cruz (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos) -ambas en representación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia- y Graciela Rosenblum (Ligar Argentina por los Derechos del Hombre).