Cámara de Diputados. Presupuesto 2025: Caputo se resiste a defender su plan de ajuste en público

El plan económico del Presupuesto 2025 está en función de alcanzar el déficit cero, exigido por el FMI, es casi lo único real del proyecto de ley que deja en manos del ejecutivo reajustar las partidas de forma discrecional. Este martes empieza el debate en la comisión de la Cámara de Diputados, a la cuál el ministro de Economía, Luis Caputo, se niega a asistir. Ante los abultados vencimientos de deuda, el Gobierno pretende aprobar un “blindaje fiscal” en plena crisis económica. En los hechos sería mantener o profundizar un brutal recorte del gasto público sobre jubilaciones, universidades, prestaciones sociales y obra pública.

Para lograrlo pese a pronosticar un crecimiento del 5 % del Producto Bruto Interno (PBI) no recompone un sólo peso de lo robado a los jubilados o lo recortado en educación y planean seguir disminuyendo los subsidios a la energía (que serán seguidos por nuevos tarifazos). El déficit cero será financiado perjudicando aún más a las grandes mayorías, para pagar una deuda fraudulenta e ilegítima. Entre las múltiples ilegalidades, hay que señalar que Caputo realizó muchas operaciones oscuras durante su paso como funcionario de Mauricio Macri. Por ejemplo, emitir un bono a cien años en favor de bancos amigos; o financiar la fuga de capitales con el préstamo del FMI.

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En ese marco no es casualidad que el ministro de Economía no quiera exponerse a responder las preguntas de los diputados frente a las cámaras. “No voy a ir yo, es una puesta en escena del Kirchnerismo, un show, no voy a gastar mi tiempo para hacerle el show. Va la gente que corresponde, el que quiera hablar conmigo lo recibo sin problemas”, declaró Caputo en una entrevista con Luis Majul para La Nación+.

El Gobierno prevé reuniones semanales durante al menos ocho semanas, en busca de un dictamen para finales de noviembre; en un trabajo en espejo con el Senado para tener garantizada la sanción. Las luchas de los jubilados, en defensa de la educación y salud públicas son un desafío a este objetivo del oficialismo.

Los lineamientos del recorte presupuestario

La ley vetada por Milei sobre el presupuesto universitario aumentaba las partidas por inflación para gastos de funcionamiento y salarios durante 2024. En el Presupuesto 2025 las Universidades Nacionales tienen asignado sólo $ 3,8 billones, casi la mitad de lo solicitado por el conservador consejo nacional de rectores.

Usando la “emergencia pública” declarada en la Ley de Bases, Milei suspendió un artículo clave de la Ley de Educación Nacional que estipula un mínimo de financiamiento. En el mismo sentido eliminó el piso de financiamiento para Ciencia, Tecnología e Innovación, y también a la Educación Técnica y Profesional.

Este grave ataque al sistema educativo se monta sobre años de desfinanciamiento. Según un estudio del observatorio Argentinos por la Educación, desde 2006 cuando fue sancionada la Ley de Financiamiento Educativo hasta 2020 (último año con estadísticas), solo en tres años se cumplió con la meta que llevaba a invertir 6% del PBI: 2009, 2013 y 2015.

De conjunto el presupuesto previsto para Educación y Cultura se reduce casi 2 %. También se reducen los presupuestos para el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Y lo mismo ocurre con la mayoría de las universidades. Para el Ministerio de Salud proponen un recorte de entre el 17 % y el 23 %, medido en términos reales (es decir, descontada la inflación). El programa de “Acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica” se recorta en 14 % en relación a 2024.

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Las jubilaciones al estar actualizadas por inflación pueden mantenerse en los bajos valores actuales, según el presupuesto, pero tampoco se descarta que caigan porque no está garantizado el bono de $70.000 que perciben los haberes mínimos. No es algo menor: en la actualidad, el bono representa el 23 % del haber mínimo. También pretenden suspender la movilidad de las asignaciones familiares por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, ayuda escolar anual, por nacimiento, la AUH, entre otras. Es decir, deja su aumento o no a discreción del Poder Ejecutivo.

No todos pierden: para los espías se duplica la partida de la SIDE. También en las previsiones de recaudación queda a la vista el gran beneficio para los más ricos del país otorgado con la reducción del impuestos a los bienes personales que cae en $245.000 millones de pesos y esto sin tener en cuenta la inflación, por lo que el ahorro de los millonarios será mucho mayor.

Al mismo tiempo queda claro que la promesa de Milei de bajar los impuestos no es para todos, los sectores de menores ingresos deberán enfrentar fuertes subas. Los mayores incrementos se darían en el monotributo que se triplicaría de un año al otro y en el impuesto a las “ganancias” pagado en su mayoría por trabajadores que crecerá un 40 % (siempre en términos nominales).

Con la política de déficit cero anunciada por Milei todo el presupuesto estará en función de los pagos de deuda; el Presidente lo llamó también “blindaje”, las mismas palabras usadas por De La Rua y Macri que terminaron con la economía fuera de control. Si las previsiones no se cumplen y los ingresos se reducen el ajuste del gasto será mayor para pagar intereses y capital adeudados.

Desde Milei, pasando por los endeudadores seriales del PRO, hasta la oposición peronista, todos los partidos del régimen coinciden en continuar sometidos al pacto de saqueo del FMI. La masiva marcha en defensa de la educación pública del 2 de octubre y las luchas en defensa de la salud como las impulsadas desde los hospitales Laura Bonaparte (que el Gobierno quiere cerrar) y el Garrahan, muestran que hay fuerzas para enfrentar los ataques a los derechos las grandes mayorías.