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Red Internacional
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Pretenden avanzar en la flexibilización laboral docente en Córdoba

El acuerdo para reformar el Estatuto de la Docencia Media, Especial Y Superior se realizó entre el Ministerio de Educación y la U.E.P.C. y fue homologado por el Ministerio de Trabajo. Fue negociado a espaldas de la docencia para avanzar en el ajuste y la precarización laboral.

Lunes 30 de noviembre de 2020 15:21

El 2 de abril de 2020, se celebró un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la U.E.P.C., en el marco de la Comisión de Política Laboral y Salarial Docente, el que fuera homologado por el Ministerio de Trabajo por Resolución Nº 189/2020 para reformar el Estatuto de la Docencia Media, Especial Y Superior. Este acuerdo se hizo sin asambleas escolares, que podrían haber sido virtuales, negociando a espaldas de la docencia para avanzar en el ajuste y la precarización laboral. El proyecto de Ley ya fue presentado en la Legislatura.

¿Qué se le pretende modificar al Estatuto Docente?

La principal modificación establece que sólo podrán acceder a horas titulares quienes posean título docente. Quienes acrediten títulos habilitantes y supletorios cubrirán horas interinas o suplentes. El proyecto de ley sostiene la modificación de los artículos 9°, 12° y 143° del Decreto-Ley N° 214/E/63.

La modificatoria del articulo 143 establece que se considerará titular, por oposición a suplente y a interino al docente que, poseyendo Título Docente, haya obtenido su cátedra o cargo por concurso y/o que resultare confirmado por aplicación del presente Estatuto". Asimismo, en la modificatoria del artículo 9 y 12 sostiene que "el docente que posea menos de veinte horas cátedra, podrá incrementar su carga horaria en el mismo establecimiento de revista, solo en horas cátedra vacantes, siempre que acrediten título docente". "Los títulos habilitantes y supletorios se considerarán reglamentarios para la cobertura de asignaturas o cargos, cuando no exista el título docente o cuando haya sido declarado desierto el concurso".

El dato sobresaliente en las escuelas secundarias de Córdoba es que el 75% de la docencia no posee título de profesor o trayecto pedagógico. ¿Cómo se cubrirán las horas titulares vacantes que se generan año tras año?. Siguiendo la dinámica de la aplicación de esta reforma no es difícil predecir que ante la escasez de capacitaciones gratuitas y en servicio para acceder a la titularización docente, la gran mayoría de los docentes serán interinos o suplentes y es más, en la vorágine de conseguir la tan ansiada titularización veremos el acrecentamiento de trayectos pedagógicos ofertados por instituciones privadas.

En los hechos esto es una reforma laboral. Condiciona el acceso a la docencia, restringe la posibilidad de acrecentamiento de horas para que sólo puedan hacerlo quienes tengan título docente y solo en la escuela en las que trabajan. Además, en la incorporación de el artículo 17 bis establece: "se habilita la incorporación de un procedimiento específico que además de la valoración de los títulos y antecedentes, evalúe la idoneidad requerida a los aspirantes para cubrir, con carácter titular.." ¿Quienes conformaran ese tribunal evaluador de la idoneidad de un docente?

La zanahoria y el Caballo de Troya.

Para hacer pasar este avance en la precarización laboral, el Proyecto de ley propone la titularización de docentes de las Escuelas PRO-A (Programa Avanzado de Educación con énfasis en TIC), PIT (Programa de inclusión para la terminalidad de la educación secundaria) y de los coordinadores de curso, quienes hasta el presente han trabajado en carácter de interinos. En la propuesta del artículo 3 sostiene: “instar la titularización de los docentes” y “facultar al Poder Ejecutivo Provincial a emitir un decreto para titularizar a los docentes…” palabras que no aseguran que esto se lleve a cabo.

Además, ponen una serie de condicionamientos para lograr la tan necesaria titularización de los docentes de las PRO-A, PIT y coordinadores, exigencia que la docencia reclama desde hace años. Exigen tener título docente, en caso de no poseerlo, extienden a cuatro años para obtenerlo. Esto significará en la mayoría de los casos caer en las manos de la oferta privada que seguro por un alto precio van a ofrecer cómodos trayectos pedagógicos.

Por otro lado, en nombre de “contar con un perfil especial para las coberturas ...teniendo en cuenta la especificidad de los conocimientos que se imparten y las tareas que se desarrollan...”. quieren implantar una exigencia más: “la idoneidad”. O sea, agregar procedimientos específicos, por ejemplo una entrevista y presentación de proyecto que serán presentados ante un jurado que no va a ser votado por los docentes, sino que lo definirán los mismos que vienen atacando los derechos de los trabajadores de la educación.

Esto no es nuevo, un ejemplo es lo que sucede en la Dirección General de Educación Superior en la Resolución Ministerial 1138-2015, donde la Comisión Evaluadora está conformada por miembros de la Dirección de Nivel, el Inspector, los directivos y un representante de UEPC y, en nombre del famoso perfil idóneo y proyecto, han ocurrido numerosas irregularidades, por ejemplo, que el postulante quinto en antecedentes pase a primero luego de la evaluación del jurado. Pareciera que la formación, experiencia laboral y capacitaciones ya no tienen valor.

Esto podría agravarse aún más si eliminan a los Vocales de Junta elegidos por el voto de la docencia, propuesta que la conducción de UEPC llevó a un plenario de delegados y que fue rechazado rotundamente. En la Córdoba de la Reforma Universitaria basada en el cogobierno democrático, el gobierno de Córdoba va en sentido contrario. No sólo invocan a la “profesionalización docente” y a la “idoneidad” para avanzar en la precarización laboral, sino que además pregonan que lo hacen por “los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

Cuesta creer que esta sea la verdadera intención cuando en nueve meses de cuarentena y escuela remota no han resuelto ninguno de los problemas centrales y estructurales de la educación y los derechos de los y las estudiantes. Muchos quedaron excluidos por no tener conectividad ni dispositivos tecnológicos, pasando hambre con la miseria y la discontinuidad de los módulos alimenticios. Le podemos sumar que en todos estos meses los edificios escolares no fueron refaccionados ni acondicionados para poder retornar a las aulas con las mínimas condiciones de bioseguridad.

Esta reforma avanza en la flexibilización laboral que exige el FMI: mayor ajuste y precarización laboral, situación que la docencia ya viene padeciendo con sobrecarga laboral y salarios devaluados, docentes sin trabajo por la no apertura de convocatorias lo que generó que miles de estudiantes no tuvieran docentes. A esto se le suma los ataques a trabajadoras de la educación como las camareras del PaiCor con recortes de sus salarios y las auxiliares de limpieza a quienes despiden por luchar por aumento salarial y mejores condiciones de trabajo.

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Rechazar este proyecto es el camino

La docencia junto a la comunidad educativa debe rechazar este proyecto de ley que busca no solo precarizar aún más a trabajadores de la educación sino también a la educación pública.

Es una reforma elaborada a espaldas de las y los docentes en favor de políticas contrarias a una formación genuina. Más bien habilitará el negocio de las academias privadas para que las y los docentes hagamos un trayecto y tengamos el derecho a titularizar cargos. Un ataque más que el gobierno junto a la conducción gremial propinan hacia las y los trabajadores de la educación.

Por eso es urgente que la conducción del sindicato rompa la tregua con el gobierno-patronal y convoque a asambleas escolares para preparar un plan de lucha en camino a un paro provincial. Como sindicato, UEPC debe organizar la lucha contra la preacarización laboral, empezando por la titularización inmediata y sin condicionamientos de todos los precarios de la educación.

Las y los docentes necesitamos capacitaciones gratuitas y en servicio, es decir dentro del horario de trabajo, inmediata cobertura de cargos respetando la LOM. Sostener la educación pública demanda recursos, que deben ir para educación, no para el FMI.

Proyecto de Ley para la reforma del Estatuto Docente presentado por el gobernador Schiaretti el 19 de noviembre de 2020: