El viernes de la semana pasada se promulgó la maldita ley antitomas que impulsó este gobierno y no pasaron tres días para que fuera aplicada en el país. ¿Los afectados? una comunidad mapuche de Collipulli que había hecho toma del fundo Palermo como parte de un reclamo territorial. Desde el gobierno salieron a aplaudir el desalojo y Tohá pretende instalarlo como un ejemplo para futuras tomas.
Jueves 30 de noviembre de 2023
Ni tres días pasaron de la entrada en vigencia de la polémica “ley antiusurpaciones”, o como popularmente se le ha denominado antitomas, para que se llevará adelante el primer desalojo amparado en dicha normativa.
Los afectados son la comunidad mapuche Aylla Varela, una comunidad que durante los primeros años del 2000 sufrió la persecución por parte del Estado chileno que incluso condenó y encarceló a su werken José Francisco Llanca Aylla. Esta comunidad llevó adelante una ocupación no violenta del fundo Palermo en la comuna de Collipulli, como parte de un reclamo por la restitución de tierras.
Desde las cámaras empresariales de la región del Bio bio salieron a saludar el operativo y a reivindicar el actuar de las policías que el mismo lunes y a través de los grupos COP (Control de Orden Público) desalojaron y detuvieron a las cinco personas que se mantenían en el lugar, las cuales luego fueron procesadas a través del Tribunal de Garantía de Collipulli.
Bajó los nuevos rótulos la fiscalía pidió medidas cautelares de prohibición de acercarse al predio y a los dueños del mismo. Además el tribunal fijó un periodo de dos meses para la investigación.
Luego de la formalización Sebastian Naveillán, sobrino de la diputada del APRA Gloria Naveillán y reconocido pinochetista de la zona, señaló que “una usurpación siempre es violenta, especialmente en este caso que se destruyó cercos, se destruyeron siembras”. Cabe señalar que Sebastián está siendo investigado por el traspaso de más de $400 millones de pesos desde la Gobernación a la fundación Espacio Coigüe, donde ejerce (o ejercía) de tesorero.
Desde el Ministerio del Interior, Carolina Tohá usó sus redes sociales para reivindicar el actuar policial y señaló que “al establecer que las usurpaciones siempre serán delitos [..] Carabineros podrá desalojar y detener, incluyendo casos de usurpaciones no violentas.”, los dichos de Tohá no hacen más que reforzar lo que tanto se criticaron las organizaciones sociales cuando comenzó el debate de sobre la ley: lo que se busca es la criminalización del pueblo mapuche y de los sectores pobres que hacen de las tomas su forma para paliar el hacinamiento y la falta de viviendas.
Criminalización contra el pueblo Mapuche
En relación al tema mapuche, el delegado presidencial de La Araucanía José Montalva (PPD) declaró que la “entrada en vigencia de esta ley, no solo nos permite el desalojo, sino la detención de las personas que llevan a cabo este delito de usurpación” algo crítico si consideramos que en dicha región hay un centenar de predios ocupados por comunidades mapuche como parte de las reclamaciones territoriales.
De hecho, el vocero de las comunidades de Bajo Malleco, Rodrigo Curipan, señaló que el camino por el que optó el gobierno “está equivocado y finalmente no va a terminar bien”
Según constató La Tercera, Curipán señaló que “Sabemos que la Ley de Usurpaciones lo que viene hacer es generar la sensación de que las recuperaciones territoriales de las comunidades mapuche son delitos. Es decir, que están fuera del marco legal”, señaló el dirigente, afirmando que “se equivocó nuevamente el Estado en la forma de buscar solución a un problema político que se arrastra ya por más de 150 años”.
“Nosotros como comunidades mapuche, creemos que este tipo de medidas, este tipo de procesos judiciales no van a hacer más que agudizar el proceso de recuperación de tierras, lo que evidentemente nos va a llevar a buscar métodos distintos para reivindicar el territorio mapuche y no va a parar”, advirtió.
“El Estado ocupó el territorio sin el consentimiento de los mapuche y frente a eso, no hay nada que pueda cuestionarnos. Lo que le queda a cada comunidad y a cada mapuche es intensificar su proceso de recuperación de tierras, independiente de las leyes especiales que se hagan”, cerró Curipán.
Desde un principio se supo que esta ley sería utilizada contra el pueblo mapuche y el desalojo de este lunes es expresión de esto. Aqui el gobierno y los parlamentarios oficialistas y de oposición no han hecho más que allanar el camino para entregar una nueva herramienta para que el Estado chileno sigua pisoteando los derechos ancestrales del pueblo mapuche, violando las reclamaciones territoriales por la restitución de las tierras ancestrales, además de reforzar y legitimar el actuar de las policías y el ejercito en la zona ya que nuevamente se renovó el Estado de excepción que permite el despliegue del ejercito en el sur del país.
