La Justicia Federal de Quilmes, a cargo del Juez Luis Armella, le otorgó prisión domiciliaria a Genaro Morrone alegando “problemas de salud”. El empresario había obligado a trabajar a sus empleados en medio del brote de covid-19 que se cobró la vida de un trabajador y que provocó al menos 10 contagios.
Martes 28 de abril de 2020 22:39
Si la justicia responde a intereses de clase, este caso no es más que una indignante prueba de ello. El empresario Genaro Morrone consiguió de forma exprés, luego de estar pocos días detenido, un beneficio que para miles de presos pobres y sin condena, que pueblan las hacinadas cárceles del país, ha costado protestas y represión por parte de la policía. Una desigualdad fundada en el poder, el dinero y en la condición de clase que empresarios como Morrone no se cuidan en ostentar.
La Justicia Federal de Quilmes le otorgo de forma express el beneficio de la domiciliaria luego de violar la clausura municipal, obligar a trabajar a sus empleados bajo amenaza y provocar la propagación de coronavirus, luego de la muerte de uno de ellos. La justicia alega para otorgarle este beneficio “problemas de salud”, una verdadera burla para las decenas de familias con contagiados o internados con síntomas.
El trabajador fallecido se trató de un agente de SENASA que dió positivo el viernes 17. Luego de la confirmación de este primer caso, el establecimiento intentó continuar funcionando mientras los empleados protestaban. Para lograr que los operarios trabajen no escatimó en recursos ilegales: primero atrasó el pago de salarios y amenazó con no liquidarlos si no retomaban las tareas, más tarde amenazó con cerrar el frigorífico y dejarlos en la calle y luego presentó un recurso de amparo trucho para asustarlos y coaccionarlos.
Cabe aclarar que, como si fuera poca la actitud esclavista de Morrone, más de la mitad del plantel son trabajadores no registrados, que se encuentran trabajando de esta manera hace años. Muchos trabajadores tuvieron que elegir entre el hambre de sus familias y la posibilidad de contagio. En este marco muchos operarios, bajo estas circunstancias extremas, continuaron con sus labores.
La Municipalidad de Quilmes, a cargo de Mayra Mendoza, luego de dejar correr la nefasta actitud empresaria, y producto de la denuncia de trabajadores y vecinos, clausuró tardíamente el establecimiento el día 22 pero el empresario, nuevamente, continuó con las operaciones. De esta manera es que se llegó a los 10 operarios confirmados con coronavirus y otros tantos que día a día presentan síntomas pero no se han confirmado aún. El patrón puso en riego y propagó el virus tanto entre sus empleados como en la comunidad, provocando que hoy el barrio La Paz de Quilmes Oeste sea uno de los más expuestos. Todo un ejemplo del desprecio por la vida de los trabajadores.
Luego de violar la disposición municipal fue detenido bajo el cargo de atentar contra la salud pública y coaccionar a sus empleados. A pesar de este verdadero raid delictivo, estuvo detenido en condiciones comunes solo unos días, y en las últimas horas se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
El escándalo de impunidad parece no tener fin. En las últimas horas, vecinos y trabajadores, denuncian que el frigorífico continúa operando con empleados no registrados a los cuales no se les da ningún elemento de seguridad, con los cuales está retirando la hacienda en pie que se encuentra dentro del establecimiento. Para que un empresario pueda manejarse con tanta impunidad, contratar durante años empleados no registrados, poner en riesgo la salud de la población, coaccionar con documentación falsa y sin embargo ser beneficiado con prisión domiciliaria se necesita un enorme entramado de corrupción y anuencia desde el propia Estado.
El Sindicato de la Carne debe actuar de inmediato en defensa de los más de 400 trabajadores de los cuales la mitad se desempaña de forma no registrada, a los que nadie les garantiza el cobro de sus salarios, el cumplimiento de licencias pagas, la continuidad laboral y la defensa de la salud pública.
