A continuación, reproducimos una declaración de dos académicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Se trata de los profesores María Eugenia Góngora Exdecana Facultad de Filosofía y Humanidades, profesora titular de la Universidad de Chile; y Sergio Grez Toso, Profesor Titular, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile.
Lunes 27 de mayo
Señor Director:
En su carta de fecha 24 de mayo publicada en este medio, en el marco de la discusión iniciada en nuestra Universidad sobre este tema, los profesores Luis Placencia y Francisco Abalo se han pronunciado en contra de la revocación de los convenios vigentes con universidades israelíes, acción anunciada por el decanato de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
Para fundamentar su condena, acuden en primer lugar al Estatuto de la Universidad de Chile, artículo 4, sobre los principios orientadores que guían a la Universidad. A partir de ese enunciado, recuerdan que la búsqueda del saber que inspira a la Universidad surge de “la certeza de nadie posee la verdad completa sobre ninguno de los asuntos humanos”.
De allí se desprende, a su juicio, que nada es más ajeno al espíritu universitario que “la condena farisaica de la presunta maldad ajena”, concretada en la reciente “cancelación” de convenios con universidades israelíes por parte de la Facultad, cuyas autoridades deberían resguardar ciertos bienes como “el examen racional de los prejuicios propios” y, en consecuencia, no haber procedido a lo que en esta carta se denomina “cancelación”.
Estimamos que lo planteado por los profesores Placencia y Abalo surge posiblemente de una comprensión parcial del significado de los convenios académicos, así como de su dimensión política e institucional.
Todos los convenios tienen un alcance temporal por definición, y se plantean objetivos precisos, así como cláusulas específicas destinadas a la regulación de los eventuales conflictos y de su terminación.
Los convenios no son acuerdos entre personas y, por lo mismo, no puede hablarse en este caso particular de ‘cancelación’ por razones morales ni de ‘condenas farisaicas’. Son los objetivos institucionales los que cuentan para su mantención y, por lo mismo, su término no implica ni un abandono de la búsqueda del conocimiento ni un abandono culposo de las personas que hubieran colaborado en ellos.
En el caso de las universidades israelíes, el programa PACBI (más conocido por sus siglas BDS, en inglés) que fue iniciado en el año 2004 e inspirado en la lucha contra el Apartheid blanco en Sudáfrica, es muy específico en cuanto a la terminación de convenios institucionales, y no de los acuerdos entre académicos e investigadores.
Se trata entonces de reconsiderar en cada caso los convenios con aquellas instituciones israelíes que han colaborado de manera permanente con los objetivos del Estado y que, en esa medida, han dedicado fondos a sostener y profundizar una política de Apartheid y de ocupación ilegal de la Palestina histórica, iniciada en 1948.
Quizás no debería ser necesario recordar la construcción de un muro divisorio a partir del año 2002, entre muchas otras políticas discriminatorias, y tampoco que, como represalia al ataque del grupo Hamas en octubre pasado, Israel ha conducido una política sistemática de destrucción de ciudades y de infraestructura.
Entre tantos otros efectos de esta política, se puede señalar el bombardeo de escuelas, hospitales, y de más de 370 Facultades universitarias que han sido dañadas o destruidas.
A ello es necesario sumar la destrucción de lugares de culto y barrios enteros, además de la hambruna de centenares de miles de palestinos, obligados a dejar sus hogares bombardeados para llegar a supuestas zonas seguras que son después atacadas y destruidas. Esto ha significado que miles de hombres, mujeres y niños hayan resultado heridos y muertos. Entre estos últimos, se conocen los nombres de más de cien universitarios palestinos, y de cientos de estudiantes, cuya muerte tampoco nos debería ser indiferente.
Por lo demás, existen informes independientes que han calificado esta política del gobierno de Israel como un genocidio contra el pueblo palestino, tal como se presentó el caso en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, por parte del gobierno de Sudáfrica. Y de acuerdo a la información que conocemos a través de la prensa independiente, ninguna de las universidades israelíes ha elevado hasta ahora algún reclamo a este propósito.
Por otra parte, y en este mismo contexto, nos parece relevante recordar que muchas universidades en todo el mundo han decidido que es su deber reconsiderar o definitivamente cortar relaciones institucionales con aquellas universidades con las que ya no pueden compartir los mismos objetivos.
En definitiva, pensamos que ésta no es solamente una discusión académica en la que nuestra muy valiosa libertad académica y nuestra libertad de expresión están en juego. De hecho, la posibilidad de discutir abiertamente sobre estos temas es un privilegio que, al menos en las universidades públicas chilenas, hemos recuperado después de muchos años de silenciamiento y de represión sobre todas las universidades, sus profesores y sus estudiantes.
Este es un privilegio del que no gozan los universitarios palestinos, que viven dentro y fuera de Gaza. Sin duda, sus condiciones son similares o peores de los que se vivieron en otros regímenes racistas y dictatoriales del siglo XX; y todos ellos corren peligros aún más graves que los que han denunciado los profesores Francisco Abalo y Luis Placencia en su carta.
María Eugenia Góngora
Exdecana Facultad de Filosofía y Humanidades, profesora titular de la Universidad de Chile
Sergio Grez Toso
Profesor Titular, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile
