Pueblo Mapuche. Promesas del Gobierno nacional a la familia de Rafael Nahuel y represión en Lof Lafken Winkul Mapu

Sabina Frederic y Marcela Losardo, se reunieron con los padres del joven mapuche Rafael Nahuel, asesinado por un miembro de la Prefectura Naval Argentina durante el operativo de desalojo de la comunidad cercana a Mascardi en 2017. De la reunión, que comenzó en el INTA Bariloche, participaron también representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro (Codeci) y de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Las funcionarias nacionales quisieron visitar la casa de Graciela Salvo y Alejandro Nahuel, en el barrio Nahuel Hue. Las ministras manifestaron su solidaridad y aseguraron que “respetando la independencia del Poder Judicial, prestarán todo el apoyo que se necesite”. Una afirmación que suena vacía cuando la causa que justificó el asesinato de su hijo y que se inició por una denuncia de Parques Nacionales, no se levantó en todo el año del actual gobierno; una causa que ya tiene tres años, está plagada de irregularidades y que tiene como único imputado a uno de los jóvenes mapuches que bajó a Rafa de la montaña cuando ya agonizaba.

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De la casa de la familia Nahuel, las ministras se dirigieron casi directamente a un encuentro de la “Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos con los Pueblos Originarios”. Se trató de una reunión que paradójicamente (o no tanto) se llevó adelante en dependencias del Escuadrón 34 de Gendarmería. Entre los presentes estaban algunos vecinos de Villa Mascardi, además de la comisionada de fomento, Inés Marabolis, las ministras nacionales y el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, la gobernadora de Río Negro con parte de su gabinete, el ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler; la secretaria de Estado de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, los legisladores Juan Pablo Muena y Claudia Contreras y el defensor general, Ariel Alice.

Después de la reunión, la Gobernadora de Río Negro, destacó que hay un compromiso efectivo del Gobierno Nacional de garantizar la seguridad de todos los vecinos de la zona y, en este sentido, explicó que “nosotros expresamos lo que se viene haciendo en materia de inversión y de conectividad, por un lado, la instalación de fibra óptica, las luminarias en la zona y los accesos a las distintas propiedades, con las cámaras que ya se están colocando y que se van a monitorear en forma conjunta desde Gendarmería y desde el 911 de la Policía de Rio Negro”.

“Lo más importante, es la garantía de que se va a asegurar la libre transitabilidad por la Ruta 40 en forma permanente. Creo que este es un avance fundamental que combina la tecnología, con la presencia permanente de Gendarmería y con la posibilidad de evitar los cortes, este ha sido el compromiso de la Ministra Frederic y de la Ministra Losardo, ambas muy solventes y realmente representando muy bien su rol”, enfatizó.

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El mismo miércoles, pero a la mañana, la gobernadora Arabela Carreras y funcionarios provinciales habían mantenido un encuentro previo, en un domicilio céntrico de la ciudad, con los vecinos de Villa Mascardi a fin de establecer “puntos en común” de cara al encuentro con las autoridades nacionales. Entre los vecinos presentes, estuvo Diego Frutos, el abogado Diego Breide y el titular de la Sociedad Rural Bariloche, Santiago Nazar.

Frutos, que estuvo reunido días atrás con la exministra macrista Patricia Bullrich, es uno de los mayores instigadores de la campaña mediática que se viene llevando adelante contra las recuperaciones territoriales y en particular contra la Lof Lafken Wincul Mapu.

En declaraciones a medios locales, desmereció la intervención del Gobierno nacional en el conflicto. "Necesitamos otros interlocutores", dijo y habló sobre la negativa de asistir a la reunión con la ministra Sabina Frederic y la gobernadora Arabela Carreras "dado que se ha producido un quiebre entre todos los vecinos y la Mesa Coordinadora. Para poder sentarnos en una mesa, tiene que cesar la comisión del delito, y ver cómo plantean el desalojo, con qué mecanismos, ir a lo concreto”. El abogado Diego Breide añadió: “Deberían haber renunciado hace rato. Hemos hecho una convocatoria para juntar firmas con la intención de que lo hagan. La ineptitud, o la complicidad, como se la quiera asumir, es lo que agrava el conflicto”.

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El día jueves, en El Bolsón, las y los funcionarios se reunieron con el intendente local, Bruno Pogliano representantes de la comunidad mapuche Nahuelpan, que reclama desde 2011 tierras en posesión del INTA. Son tierras que el Estado nacional encomendó su cuidado al INTA, explicaron. Es una fracción de unas 115 hectáreas, donde hay un bosque de cipreses.

Las ministras escucharon el reclamo de la comunidad mapuche que planteó la demora en el relevamiento territorial que establece la ley 26160 de comunidades indígenas. Cuestionaron que la carpeta técnica nunca avanzó desde que el exjuez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, dictara años atrás una medida de no innovar, a raíz del conflicto entre la comunidad mapuche y el INTA hasta tanto se terminara el relevamiento territorial.

La única medida que propusieron las recién llegadas, fue (nuevamente) la conformación de una mesa de diálogo con varias instituciones, para tratar de resolver el conflicto originado por la toma de tierras que el INTA tiene en la reserva forestal Loma del Medio de esa localidad.

Las representantes del Estado Nacional emprendieron su regreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el mismo jueves dejando muy en claro cuáles son las prioridades del gobierno nacional y sus métodos para resolver los conflictos sociales.