Reproducimos el pronunciamiento de la coordinación 8M al que dieron lectura en el mitin/pañuelazo por el día de acción global por la legalización del aborto.
Jueves 29 de septiembre de 2022
Después de la despenalización del aborto en México, el movimiento de mujeres no se detiene, seguimos en la lucha para alcanzar su legalización.
El avance de la Marea Verde por México es imparable; hoy en día hemos logrado la despenalización en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Colima, Sinaloa, Coahuila, Guerrero, Baja California y Baja California Sur, lo que ha significado un triunfo para el movimiento feminista. Hace más de un año la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció contra la criminalización del aborto en el país, dando herramientas contra la criminalización de mujeres en todo el país y brindando argumentos para que los estados cambien las regulaciones que penalizan el derecho decidir. Sin embargo, aún es largo el camino para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan ejercer su derecho a decidir y acceder a servicios de aborto.
Este 28 de septiembre, Día de Acción Global por el Aborto Libre, Legal, Seguro y Gratuito, continuamos exigiendo la autonomía de nuestros cuerpos y el respeto a las decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Porque las brechas de desigualdad continúan, más de la mitad del país aún criminalizan el aborto en sus códigos penales; en los estados donde ha sido despenalizado, los servicios de salud públicos no cuentan con regulaciones claras y mantienen una atención con estigma y discriminación para las personas que acuden a estos servicios. La despenalización no implica que el Estado regule y otorgue dicho servicio para que la práctica sea segura, es decir, no está garantizado por el Estado. Para que el aborto sea un derecho, es necesario que no esté penalizado, pero ese solo un primer paso, por ello seguimos en la exigencia de aborto legal en todo el país. Sin la legalización, el aborto seguirá siendo un problema de salud pública e injusticia social.
Sin embargo, aunque se ha aprobado la Interrupción Legal del Embarazo en algunos estados, no se cuentan con los recursos necesarios para que este servicio se proporcione de manera digna. Ha sido la iniciativa privada quien ha sido favorecida, lucrando con este derecho y evidenciando la desigualdad que existe entre las personas que cuentan con recursos, y aquellas para las que la salud sigue siendo un privilegio, son las mujeres con menos recursos económicos y aquellas sin acceso a información las que se encuentran en vulnerabilidad.
El Estado debe asumir la responsabilidad de enfrentar esta situación como una cuestión de salud pública, que requiere presupuesto para realizarse sin ningún impedimento, con procedimientos que permitan garantizar nuestro derecho a decidir, así como servicios de salud sexual y reproductiva. De no ser así, la decisión de las mujeres de recurrir a un aborto seguirá atravesada por la desigualdad social, y seguirán siendo las mujeres y personas gestantes precarizadas las que recurran a procedimientos inseguros poniendo en riesgo su salud y sus vidas. No nos conformamos con que el aborto pase de ser clandestino a precario.
Durante el primer año de la pandemia la Secretaria de Salud lanzó un comunicado donde señalaba que autoridades federales y locales debían garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en emergencia sanitaria, estos incluían el acceso a métodos anticonceptivos modernos y al esquema de doble protección, el acceso a la atención integral del aborto seguro en los casos previstos por la ley, el acceso a la atención de la salud materna y neonatal y el acceso oportuno a la atención de las emergencias obstétricas. Este año hemos encontrado un discurso diferente, pues no existe evidencia del mejoramiento de los protocolos y normas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
Mientras este gobierno propone destinar un presupuesto récord al ejército para extender la militarización del país y le entrega recursos millonarios para que lleve a cabo sus megaproyectos; al sector salud apenas le destina el 2.9% del PIB, siendo evidente que este derecho fundamental no ha sido garantizado para toda la población, pero las más afectadas somos las mujeres y las personas de la disidencia sexo genérica, ya que se han recortado recursos públicos a programas que atienden la salud sexual y reproductiva, la materna, la planificación familiar y anticonceptiva, para enfermedades específicas como cáncer de mama, cervicouterino, así como a programas que atiende a víctimas de violencia sexual y de género. Esta situación coloca a la mayoría de las mujeres en mayor vulnerabilidad, ya que se les pone en riesgo de embarazos no deseados, de sufrir abusos sexuales o de padecer abortos inseguros.
Este día seguimos reconociendo que el aborto es una decisión válida, y una experiencia común en la vida reproductiva de las mujeres, y es una obligación del Estado brindar las condiciones para que estas decisiones puedan llevarse de forma segura y accesible, y con ello garantizar los derechos a la libertad, la autonomía, la información y la salud. El aborto debe ser incluido como un servicio más de la salud reproductiva al que pueden acceder todas las mujeres y personas gestantes. Seguimos levantando la voz para exigir la legalización del aborto en todo el país, que se garanticen la atención especializada, respetuosa, segura, gratuita e inmediata en hospitales y clínicas públicas para toda mujer y persona con capacidad de gestar que así lo requiera, además que se proporcionen anticonceptivos gratuitos a todas las personas que los requieran y se implementen programas de vacunación para enfermedades infecciosas que afectan principalmente a las mujeres, como lo es el papiloma humano. Para ello, es que exigimos que se destine un mayor presupuesto al sector salud.
Nuestro derecho a decidir debe ser pleno, y por ello requerimos una educación sexual integral, a partir del nivel básico, sin estereotipos sexistas, con profesionales que fomenten la igualdad de género, la autonomía sobre nuestros cuerpos y la libertad para decidir sobre nuestra sexualidad. Es necesario que también se aumente el presupuesto a la educación pública, que haya recursos para que las escuelas tengan condiciones dignas, con materiales necesarios y personal docente capacitado que puedan brindar este tipo de educación.
Es necesario y prioritario contar con una educación laica e integra, dónde los y las niñas y jóvenes sean visibilizados, exigimos una educación con valores reales de libertad e igualdad, el Pin Parental es un riesgo para la infancia y juventud, que evitaría entablar relaciones empáticas de aceptación y convivencia. No podemos negarles una educación sexual por prejuicios de adultos atentando así sus derechos fundamentales
El derecho a decidir también debe ser garantizado para aquellas deciden criar, por ello exigimos que el Estado garantice las condiciones económicas para maternidades libres y sanas. Que se respeten los derechos humanos laborales para todas las mujeres trabajadoras, con salarios dignos y seguridad social, que haya un sistema público equitativo del trabajo reproductivo y de cuidados para liberar a las mujeres de las dobles o triples jornadas, se hace urgente el acceso a guarderías gratuitas, comedores y lavanderías públicas, garantizar condiciones de tiempo y espacio que nos permitan ejercer una lactancia y maternidad plenamente satisfactorias, con cuartos de lactancia y licencias por maternidad y paternidad extendidas garantizadas por el Estado y las patronales.
Extendemos la solidaridad con el movimiento a favor del aborto en Centroamérica y todos los países de América Latina donde la criminalización sigue manteniendo contextos de discriminación y estigma para las mujeres. Nos solidarizamos también con las compañeras de Estados Unidos que luchan contra el avance de políticas promovidas por grupos anti derechos que pretenden eliminar por completo el derecho al aborto, saludamos las movilizaciones que comienzan a extenderse en ese país en defensa de nuestros derechos.
Los gobiernos, los sectores de derecha y la Iglesia se empeñarán en que no accedamos a nuestro derecho a decidir de manera plena. En México el gobierno actual ha hecho alianza con partidos de ultraderecha, que se han opuesto a la Legalización de aborto. Pero como lo ha demostrado la potente marea verde que arrancó este derecho en Argentina y Colombia, sigue siendo a partir de la movilización en las calles donde las mujeres lograremos que el aborto se garantice de manera libre, segura y gratuita, para lograr una separación efectiva de la Iglesia y el Estado.
Reiteramos que nuestro movimiento es independiente. No es un botín electoral. Somos las más críticas a cualquier gobierno y a cualquier partido que no garantice nuestros derechos. Denunciaremos el uso mediático que pretenda desprestigiarnos, al denunciarnos como parte de una guerra sucia o que busque polarizar a la opinión pública, señalándonos como desestabilizadoras y criminalizándonos por nuestras manifestaciones y acciones.
Este 28 de septiembre, Día Internacional por la Legalización del Aborto, la marea verde asciende, somos colectivas, organizaciones de mujeres y feministas, sindicales, políticas y populares, mujeres independientes, personas de la comunidad de la disidencia sexogénerica que nos organizamos y movilizamos de manera independiente y unitaria, para luchar contra este sistema capitalista patriarcal que nos confina a un trabajo reproductivo forzoso cada vez más extenuante. No dejaremos en la reivindicación de que se respete y garantice nuestro derecho pleno a decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad y nuestras vidas.
¡Por mayores recursos para salud, educación, trabajo y atención a la violencia! ¡Nuestras vidas valen más que sus ganancias!
¡Libertad a todas las presas por abortar!
¡Separación efectiva de la Iglesia y el Estado!
¡Aborto legal, seguro, libre y gratuito en todo el país, para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar!
¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal en todo el país para no morir!
