La asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y sus primeras medidas tuvieron consecuencias sísmicas a nivel internacional, en nuestra región latinoamericana y en particular sobre México.

El sábado 1 de febrero Trump firmó decretos para establecer aranceles del 25% sobre las exportaciones mexicanas y canadienses -excepto para el petróleo y el gas canadienses, que serían de 10%- y de 10% para las provenientes de China, en tanto amenazaba “muy pronto” con aranceles generales y hacia la Unión Europea en particular.

En el caso de México, estas medidas se justifican por el déficit comercial existente (llegando a decir que “México nos debe mucho dinero”) y que el gobierno mexicano no hace nada para evitar la migración “criminal” y el tráfico de fentanilo que supuestamente provocaría la muerte de 200 mil personas en EEUU (una cifra increíble según Michael Roberts [1]): la retórica trumpiana pretende agitar los fantasmas del miedo entre la población estadounidense así como el descontento en su base electoral ante las consecuencias de la deslocalización productiva, en tanto que los dichos sobre los “carteles” pretenden criminalizar a México y darle nuevos bríos a una agenda securitarista y militarizadora al sur de su frontera, que ya ha mostrado consecuencias devastadoras para el pueblo trabajador y la juventud.

Hay que decir que la oposición derechista en México, en particular el PRI y el PAN, si bien criticaron los aranceles, se hicieron eco de las infamias de Trump, en especial respecto a la cuestión del narcotráfico y las acusaciones provenientes de la Casa Blanca, mostrando su carácter lacayo y proimperialista. Cabe destacar que las órdenes ejecutivas de Trump fueron antecedidas por la puesta en escena, en los medios de comunicación de todo el mundo, de la deportación de migrantes a distintos países de América Latina en vuelos militares, con grilletes y esposas -lo que suscitó una crisis diplomática con Colombia- y las amenazas de detener y trasladar migrantes a la prisión de Guantánamo. Esto como parte de una política agresiva y punitiva hacia el conjunto de la región, y un discurso xenófobo y racista contra la migración latinoamericana.

De inmediato, los decretos firmados por Trump suscitaron distintas respuestas por parte de los gobiernos de los países involucrados, en tanto que el lunes 3 se dieron caídas bursátiles en todo el mundo y un retroceso de muchas monedas ante el dólar, como se vio en la devaluación del peso mexicano. Sin embargo, ese mismo día, después de conversar con la presidente de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Trump anunció que suspendía durante un mes la aplicación de los aranceles para México y Canadá.

Con relación a México, el presidente estadounidense lo presentó como un triunfo, al haber logrado el compromiso de Sheinbaum de enviar 10,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos “para combatir el tráfico de fentanilo”, fortalecer la lucha contra la migración “ilegal” y sentarse a negociar cambios comerciales. Por su parte, Sheinbaum y todo un coro de analistas de distinto signo político lo presentaron como un logro, que habría sido resultado de su oficio diplomático, en tanto no faltaron algunos que, desde la izquierda, consideraron la “firmeza” de la presidenta. Destacó el apoyo logrado entre el empresariado más concentrado; desde Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Empresarial del gobierno mexicano, hasta Claudio X Gonzalez -conocido por su virulenta oposición a AMLO- saludaron la moderación de la presidenta.

Las razones de Trump

La realidad es que las medidas anunciadas por Trump y lo que estamos viendo desde el 20 de enero, se inscriben en su proyecto de “Make America Great Again”, que implica tanto acciones proteccionistas para generar las mejores condiciones posibles para las empresas estadounidenses y responder a una base social que ha sido golpeada por la relocalización productiva; como fortalecer el lugar de EE.UU. en su zona más cercana de influencia e interés, en primer lugar, América del Norte, Centroamérica y el Caribe, en función de la competencia establecida con otras potencias regionales, como China, o la Unión Europea.

Al servicio de esto está una política y una retórica que, poniendo sobre la mesa el poderío político, militar y económico de la principal potencia imperialista, amenaza con incursiones militares, aranceles comerciales, y hasta la misma reescritura de los mapas. También promesas de expansionismo territorial, que se inscriben, si se quiere de manera brutal, en la dinámica de un capitalismo internacional marcado por la declinación histórica de la hegemonía estadounidense, la emergencia de nuevos poderes regionales y la disputa por rutas comerciales: el interés por adquirir Groenlandia -donde el calentamiento global y su impacto en el casquete polar norte abrirá nuevas rutas- y por “recuperar” el Canal de Panamá son parte de ello.

Los decretos trumpianos y el posterior acuerdo de moratoria de los aranceles, abrieron un abanico de especulaciones entre distintos analistas nacionales y extranjeros. Hay quienes consideran que el presidente estadounidense optó por pausar una medida demasiado drástica a partir de compromisos puntuales. Por ejemplo, el Wall Street Journal afirmó: “El presidente Trump nunca admite un error, pero a menudo cambia de opinión. Esa es la mejor manera de interpretar su decisión del lunes de pausar sus aranceles del 25% contra México y Canadá después de pequeñas concesiones de cada país.” [2]

Otros sostienen que el objetivo central de las amenazas de Trump y del acuerdo alcanzado con México no está en el compromiso de combate al narcotráfico, sino en acelerar la renegociación comercial: “En teoría, la pausa de un mes en la aplicación de tarifas arancelarias responde a las concesiones hechas por México y Canadá en relación con el narcotráfico y la inmigración. Pero lo que Trump quiere enjugar es el déficit comercial con esos países y para eso negociará el próximo mes. Al mandatario estadounidense le preguntaron qué podían hacer Canadá y México para evitar los aranceles. “Tienen que equilibrar su comercio, número uno”, contestó, antes de citar los otros pretextos. Trump ha encargado liderar las negociaciones sobre aranceles al secretario de Estado, Marco Rubio; al de Comercio, Howard Lutnick, y al del Tesoro, Scott Bessent, no a los responsables de salud pública o inmigración.” [3] Efectivamente, con relación a esto, Sheinbaum ya venía aceptando las exigencias estadounidenses en materia migratoria -disolviendo las caravanas migrantes y preparando la recepción de los deportados- y de seguridad, con decomisos de fentanilo, altamente publicitados.

En ese sentido, la ambigüedad de Trump es una herramienta, como plantea este editorial de New York Times: “(Trump) Ha sido mucho menos claro sobre cuáles son exactamente esas exigencias, una estrategia que le permite declarar la victoria cuando lo considera oportuno. Trump ha dicho que quiere que Canadá y México detengan el flujo de migrantes en la frontera y reduzcan los envíos de fentanilo. Pero, al menos públicamente, solo ha ofrecido vagos puntos de referencia para evaluar su cooperación. Cuando se le preguntó el lunes si había algo que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pudiera ofrecer para evitar los aranceles, Trump dijo: ’No lo sé’. Al final, Trump decidió posponer, durante 30 días, la imposición de aranceles a Canadá y México, eludiendo una crisis que podría haber sacudido la economía mundial. Insinuó que había arrancado concesiones a los vecinos de Estados Unidos: Canadá nombró un ’zar del fentanilo’ y puso en marcha una fuerza de ataque conjunta para combatir el crimen organizado y el lavado de dinero. México, dijo Trump, prometió reforzar la frontera entre Estados Unidos y México con 10.000 miembros de su Guardia Nacional. Pero no había certeza de que ninguna de esas medidas fuera una concesión importante.” [4]

Reformulando el acuerdo comercial

Evidentemente, una de las claves -sino la fundamental- de la política estadounidense hacia México bajo la segunda administración Trump es establecer nuevas reglas comerciales y lograr una renegociación del TMEC (originalmente pactada para 2026). Las medidas anunciadas el 1 de febrero buscaban, fundamentalmente, acelerar este escenario. En ese sentido, para entender este momento y la posible dinámica, hay que considerar la verdadera dimensión que alcanzó el intercambio entre ambos países, uno de los más importantes a escala global.

El último año, México se convirtió en el principal socio comercial de EE.UU., desplazando a Canadá y a China, y en 2024 totalizó 505 mil 850 millones de dólares, un incremento de 6.44 % respecto al año anterior, capturando el 15% de las importaciones estadounidenses. Pero por otra parte, también acrecentó su lugar como destino de las exportaciones del vecino del norte: 334 mil millones de dólares, ‘capturando’ así el 16 % de las importaciones estadounidenses, el segundo mayor comprador, sólo por debajo de Canadá.

Esta tendencia alcista del comercio bilateral se nutre del crecimiento del intercambio en los sectores automotriz, electrónico y agrícola, e implica un déficit comercial de 171 mil millones de dólares (por debajo del déficit con China, que es de 295 mil millones de dólares), y que constituye uno de los mayores motivos de cólera del presidente estadounidense.

En lo inmediato, hay consenso entre distintos analistas y funcionarios del gobierno mexicano, como Marcelo Ebrard, respecto a que Trump logró adelantar la renegociación del TMEC. Algunas de las áreas a discusión, serán seguramente la automotriz, la energética y la agrícola, en las cuales hay controversias y roces entre ambas administraciones.

Por ejemplo, respecto al maíz transgénico. Antes de dejar el gobierno, AMLO prohibió las importaciones provenientes de Estados Unidos, situación sobre la cual el Panel de Controversias del TMEC falló a favor de Estados Unidos a fines de 2024. México es el principal destino de las exportaciones del maíz estadounidense. Esta situación dio un vuelco cuando, el 5 de febrero, el gobierno de Sheinbaum aceptó oficialmente esta resolución, a pocos días de haber enviado al Congreso de la Unión una iniciativa legal para prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado. Este retroceso del gobierno, motivado evidentemente por la delicada situación comercial entre ambos países, es una muestra de la presión ejercida por la Casa Blanca mediante las amenazas arancelarias.

Otro terreno de disputa es la industria automotriz, uno de los principales sectores de intercambio bilateral. Trump pretende modificar las normas de origen, aumentando el porcentaje de lo producido en Norteamérica y en EEUU en particular, que actualmente deben ser de 75% o más. Recordemos que en 2017, el presidente estadounidense proponía que tuviera un 85% de contenido de los tres países, y un 50% del total originario de Estados Unidos; después de 2 años de negociaciones se subió de un 62.5% al actual 75%.

La política trumpiana busca una renegociación del TMEC y una modificación del marco actual del “libre comercio” entre ambos países, que puede implicar la imposición de aranceles de distinto grado. Esto para favorecer a las empresas estadounidenses y disminuir el déficit comercial, así como posiblemente ampliar la recaudación fiscal y alentar inversiones que busquen evitar nuevos aranceles. Si el TMEC muestra la integración y la interdependencia de las economías de sus participantes, las políticas que lleva adelante la Casa Blanca profundizan el carácter imperialista del acuerdo comercial, ampliando la subordinación, la sujeción y la dependencia económica de México.
Todo esto abre múltiples contradicciones para Estados Unidos, México y un escenario muy complicado, porque la producción y el comercio regional está profundamente imbricada como muestran los datos que antes presentamos, y porque las consecuencias del proteccionismo repercutirán sobre el conjunto de la economía.

El economista marxista Michael Roberts, en un artículo donde busca entender lo que llama “los berrinches de Trump”, afirma que éste busca aumentar “el costo de las importaciones de bienes extranjeros para las empresas y los hogares estadounidenses y reduciendo así la demanda y el enorme déficit comercial que Estados Unidos tiene actualmente con el resto del mundo. Quiere reducirlo y obligar a las empresas extranjeras a invertir y operar dentro de Estados Unidos en lugar de exportar a ese país. Trump cree que esto aumentará los ingresos y el empleo de los estadounidenses y que, con los ingresos adicionales por aranceles, el gobierno tendrá fondos suficientes para reducir al mínimo los impuestos a la renta y a las ganancias corporativas (de hecho, Trump dice que quiere abolir el impuesto a la renta por completo). Si este es el plan, los aranceles eventualmente se aplicarán en su totalidad y es probable que China reciba un aumento aún mayor.” [5]

Las consecuencias de estas políticas proteccionistas, motorizadas por la declinación del lugar de EEUU como hegemón y por las tendencias profundas de la economía y la geopolítica internacional, pueden tener efectos recesivos y de retracción de la producción y el comercio. Por ejemplo, según Roberts “Un arancel del 25% sobre Canadá y México elevaría los costos para los fabricantes de automóviles estadounidenses. Se prevé que este arancel añada hasta 3.000 dólares al precio de algunos de los 16 millones de automóviles que se venden en Estados Unidos cada año. Los costos de los alimentos también aumentarían, ya que México suministra más del 60% de los productos agrícolas frescos a Estados Unidos”. Y esto implicaría tanto nuevas medidas proteccionistas (como las que anunció China o los demás integrantes del TMEC) como un incremento de la inflación en EEUU. Aranceles menores también tendrían un efecto importante y pueden escalar en una dinámica que está en el horizonte cercano.

Sobre la región, esto implicará una retracción de los distintos PIB. Según el Instituto Peterson de Economía Internacional, “durante la segunda administración Trump, el PIB estadounidense sería alrededor de 200.000 millones de dólares menor de lo que hubiera sido sin los aranceles. Canadá perdería 100.000 millones de dólares debido a una economía mucho más pequeña y, en su punto máximo, el arancel reduciría el tamaño de la economía mexicana en un 2% en relación con su pronóstico base” [6]. En ese contexto es que las políticas trumpianas podrían arrojar a Canadá y México a la recesión abierta, como se planteó el 1 de febrero ante las amenazas arancelarias. Ya de por sí, la economía mexicana viene arrastrando un muy bajo crecimiento, de un 1.3% en 2024.

Esta situación ha puesto en cuestión apuestas estratégicas del gobierno morenista, como es el impulso de un nuevo ciclo de inversiones extranjeras alrededor del Corredor Transístmico, y una retracción económica pondrá en cuestión las políticas sociales que fueron base fundamental de la hegemonía conquistada por el gobierno de AMLO y que Claudia Sheinbaum aspiraba a mantener y aprovechar para su mandato. La permanencia de la estabilidad propiciada bajo el gobierno anterior está en entredicho, y eso puede alentar el desarrollo de nuevos escenarios de la lucha de clases en el plano nacional.

Los dichos de la presidenta y de sectores del empresariado depositando expectativas en el anunciado Plan México y su supuesta búsqueda de privilegiar la producción nacional, pretenden contrarrestar los efectos que las medidas de Trump tendrán en el país.

Sin embargo, esto sólo puede tener un alcance limitado, ya que la dependencia estructural de la economía, profundizada a partir de la integración con la principal potencia imperialista y los sucesivos acuerdos comerciales, ha implicado la orientación de los sectores más dinámicos de la economía hacia la exportación, y ha generado lazos firmes con las trasnacionales estadounidenses y una verdadera cadena de valor que cruza los 3000 kilómetros de frontera. Una política proteccionista por parte de Washington sacudirá hasta los cimientos la economía del capitalismo dependiente mexicano.

Subordinación y dependencia de México a Estados Unidos

“[...] Jamás permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Cooperación, sí; subordinación, no. Colaboración, sí; sometimiento, no. Nada de injerencismo, ni intervencionismo, tampoco de racismos, ni de clasismos. Sí a la defensa de nuestra Constitución. Sí a la defensa de nuestras libertades. Sí a la defensa de la democracia. ¡Sí a la defensa de la patria!” [7] declaró la presidenta Claudia Sheinbaum en un reciente acto oficial.

Pero los discursos, por más que enciendan una tímida llama de nacionalismo, no pueden invisibilizar los hechos duros y crudos de la realidad. Lo que se dio a conocer de la negociación entre Trump y Sheinbaum es que los aranceles se frenaron por un mes a cambio del fortalecimiento de la militarización en la frontera norte, un acuerdo reaccionario para impedir el avance de las y los trabajadores migrantes hacia Estados Unidos y para afianzar el rol de México como estado tapón ante la migración proveniente de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Una vez más la retórica derechohumanista de la llamada Cuarta Transformación [8] se doblegó ante las órdenes de la Casa Blanca. Parece la repetición del episodio de la negociación de Trump con López Obrador durante la primera administración del magnate al frente del imperialismo estadounidense.

Las segundas partes, como en el cine, nunca son mejores. En las relaciones entre los Estados, uno opresor y uno oprimido, ante la guerra arancelaria de Trump, tampoco. En el marco de una situación internacional cada vez más volátil, del lento crecimiento de la economía, navegar en el mar de la incertidumbre trumpiana, el segundo gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) abre una perspectiva turbulenta. Un desacoplamiento de la cadena de valor de América del Norte no se puede llevar a cabo de un día para otro, las pérdidas para las trasnacionales serían inimaginables y se abriría la puerta de un escenario recesivo para la región que de seguro impactaría de forma negativa en todo el mundo.

Más allá de los discursos de Sheinbaum, fue y es el imperialismo estadounidense el que dicta qué, cuándo, cuánto y cómo se produce en México. Es el imperialismo el que ordena la continuidad de la militarización, como un perverso mecanismo para generar un clima de violencia y terror junto con el crimen organizado, con el objetivo de mantener la paz social que exigen los grandes negocios capitalistas, la explotación y precarización de la clase trabajadora en México y avanzar en la expoliación de los bienes comunes naturales. Durante las décadas previas ya vimos los efectos de esto: cientos de miles de muertos y desaparecidos bajo el manto de una supuesta “guerra contra el narco”.

A pesar de que sectores de la izquierda se pliegan al humanismo mexicano del Morena frente al temor de la ofensiva imperialista, muy lejos está el gobierno de Sheinbaum del nacionalismo burgués de Lázaro Cárdenas, que llevó a cabo la expropiación petrolera de 1938, a la cual León Trotsky había calificado como “una medida de defensa nacional altamente progresista”, ni socialista, ni comunista [9]. Ya en el pasado definieron a AMLO como un “bonapartismo progresivo”, intentando parafrasear la idea de bonapartismo sui generis con la que el revolucionario ruso León Trotsky, en su exilio mexicano, definió a Cárdenas. El progresismo tardío del Morena, acotado a una pequeña redistribución de ingresos vía planes sociales y la recuperación parcial del salario mínimo -que no ganó el terreno perdido desde el inicio de la era neoliberal con Salinas de Gortari-, y a una retórica soberanista, termina donde empiezan los intereses de las trasnacionales y los magnates como Carlos Slim y Germán Larrea, y donde se levantan los muros fronterizos, la dependencia y la expoliación imperialista.

Una perspectiva antiimperialista y socialista ante la crisis actual

En este panorama convulsivo es fundamental desplegar una perspectiva antiimperialista y socialista, independiente de las distintas variantes burguesas, tanto de la derecha proimperialista, como del progresismo mexicano y latinoamericano.

El gobierno de Sheinbaum, como planteamos en los párrafos previos, ha mostrado que, a pesar de la retórica, no pretende romper con el imperialismo estadounidense ni trastocar la dependencia económica del país a los Estados Unidos. Lo mismo podríamos decir de los demás progresismos latinoamericanos. Esta realidad, cruda pero clara, contrasta con planteos emanados desde sectores de la izquierda, que saludan, sin la más mínima crítica, a la “firmeza y la dignidad” de la presidenta y del mandatario colombiano Gustavo Petro, y proponen un “frente de naciones progresistas”, presumiblemente, bajo la dirección de los progresismos de la región [10], los cuales constituyen fuerzas políticas de carácter burgués que no han cuestionado seriamente los mecanismos de la dominación imperialista (como la deuda externa) y mucho menos la estructura capitalista dependiente, y que son impotentes para enfrentar seriamente la ofensiva imperialista. Estos planteos, lejos de la izquierda, terminan en la subordinación política a los gobiernos progresistas, justificada en nombre de enfrentar a la ultraderecha, a la par que minimizan y naturalizan las implicancias del envío de 10 mil militares a la frontera y el avance militarizador.

Una perspectiva realmente socialista implica proponer, a ambos lados de la frontera, la lucha contra la militarización de las fronteras, contra las deportaciones, por plenos derechos democráticos y sociales para las y los migrantes y contra toda criminalización. Eso supone que las organizaciones obreras y sociales de ambos países abordemos un camino de movilización, profundizando lo que se ha empezado a dar en California y otros estados de EEUU y exijamos el derecho a la residencia automática en el país que lo deseen, así como el conjunto de los derechos políticos, civiles y sociales.

Como planteamos en esta declaración, publicada por organizaciones socialistas de Venezuela, Costa Rica, EEUU y México, “Ante la amenaza de aranceles contra México y Canadá, las y los trabajadores son quienes enfrentan el mayor peligro. Las tensiones comerciales son una oportunidad para los empresarios y corporaciones para recortar derechos laborales, salarios y avanzar en la precarización de la clase trabajadora, al mismo tiempo que la imposición de aranceles lleva al aumento de precios, lo cual repercute en los bienes y servicios que adquiere el pueblo trabajador.” Frente a esto se requiere un posicionamiento independiente que evite caer en cualquier discurso de unidad nacional con quienes defienden los intereses de las grandes empresas capitalistas.

Por eso es clave levantar una perspectiva que sostenga la alianza de los trabajadores con el resto de los sectores oprimidos, y desarrollar la unidad de la clase obrera y el pueblo mexicano con el poderoso proletariado multiétnico de Estados Unidos y Canadá. Esta es la orientación que defendemos desde el MTS en México y Left Voice en Estados Unidos, en el camino de conquistar gobiernos de trabajadores que sean bastiones de lucha contra el imperialismo a escala global.

Frente a una “integración” que sólo beneficia a las clases dominantes, una perspectiva estratégica distinta plantea la necesidad de que la clase obrera y los oprimidos tomen el poder y desplieguen toda su creatividad y su acción cooperativa para lograr la planificación de la economía regional en beneficio de las mayorías, y para la integración política, social, económica y cultural de la población de la región en una Federación de Estados Unidos Socialistas de América del Norte.